Por Gilberto Lavenant
Un método prácticamente infalible para controlar a los niños inquietos o llorones, que se niegan a dormir, es que las madres les infundan miedo. Es común advertirles que deben dormirse o de lo contrario vendrá el fantasma o la bruja. Generalmente no falla.
En política, éste método también es muy recomendable. Los políticos no son propiamente inquietos y llorones, como los niños, pero son flojos o corruptos. Gastan los dineros públicos, como si fuesen propios. Así es que para controlarlos, hay que infundirles miedo.
Si bien es cierto los principales problemas de México son el crímen organizado, la narcoviolencia, la degradación social por el consumo de drogas y la pobreza que padecen más de 50 millones de mexicanos, el mal mayor lo es la corrupción, que cada día crece y crece.
Según el Indice de Percepción de la Corrupción, elaborado anualmente por Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 100 de 183 países, con una calificación de 3.0, en una escala donde 0 es la mayor y 10 la menor percepción de corrupción. Esto significa que México es uno de los países más corruptos y ésta calificación es la peor en 10 años.
De acuerdo a estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción cuesta alrededor de 1.5 billones de pesos al año, o sea la décima parte de lo que produce el país. Se estima que en promedio las empresas destinan el 10% de sus ingresos a sobornos y “comisiones” para poder operar.
Estos datos, entre muchos otros, forman parte de los argumentos contenidos en la exposición de motivos de la propuesta impulsada por el Presidente electo Enrique Peña Nieto, por conducto de los grupos parlamentarios del PRI en el Congreso de la Unión, para crear la Comisión Nacional Anticorrupción.
Se dice, que la corrupción es uno de los principales problemas de México, y uno de los mayores retos para cualquier sistema político democrático. Que es un asunto que impone importantes costos y significa un lastre para el desarrollo nacional.
Refieren que en el ámbito de la economía, hay evidencia suficiente para sostener que debido a la corrupción, se incrementan los precios de los bienes y servicios, y que éstos resultan de menor calidad.
Que existe una estrecha relación entre el grado de corrupción y los niveles de inversión y crecimiento. Que la corrupción reduce la efectividad de las políticas públicas y estimula a las empresas para que actúen en el sector informal de la economía, a la vez que desincentiva la inversión extranjera.
Así mismo, se observa que las prácticas corruptas producen distorsiones en la asignación de recursos y por lo tanto desaceleran o frenan el crecimiento económico.
Por todo eso, se advierte que un punto que no se puede dejar de lado, es la asignación clara de responsabilidades en todos los niveles gubernamentales, para que los funcionarios deshonestos sean sancionados y los ineficaces sean relevados de su cargo.
La Comisión Nacional Anticorrupción, con la que la administración federal que encabezará Enrique Peña Nieto, pretende combatir éste enorme mal, será la instancia encargada de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de perseguir los delitos relacionados con actos de corrupción.
Esta Comisión, contará con facultades para sancionar administrativamente y realizar la investigación de delitos cometidos por servidores públicos de los tres niveles de gobierno y a particulares.
Será autónoma y contará con personalidad jurídica y patrimonio propios. Tendrá completa independencia para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, organización interna, gestión y sobre las investigaciones que lleve a cabo.
Se afirma que se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, discreción en sus actuaciones para preservar el buen nombre de las personas involucradas y mantener el anonimato de los denunciantes y además buscará de forma prioritaria la reparación del daño.
Esta Comisión se integrará por cinco comisionados, los cuales durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y para su nombramiento el Presidente de la República someterá una propuesta al Senado. Se destaca que estará facultada para la persecución de los delitos en materia de corrupción, la cual hasta ahora ha sido exclusiva del Ministerio Público, dependiente de la Procuraduría de Justicia, que a su vez depende del Ejecutivo Federal.
La propuesta para crear ésta Comisión, así como un programa de reestructuración de la administración pública federal, mediante el cual se pretende que la Secretaría de Gobernación vuelva a ser la mano durá del sistema político mexicano, debe ser una seria advertencia para los políticos corruptos, de que deben sacar las manos de las arcas públicas o terminarán sus días tras las rejas.
Ojalá que esto sea real y no una mera amenaza o un simple slogan sexenal. Como otros en el pasado. Aquellos de que “la solución somos todos”, “la reforma moral”, el “arriba y adelante”, y tantos otros.
Ya han surgido las primeras manifestaciones de temor entre los políticos de las diversas siglas partidistas. Parece que ya empiezan a entender la advertencia, como los niños inquietos y chillones que se niegan a ir a la cama : ¡ahí viene la bruja!
gil_lavenants@hotmail.com
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