Hay un dicho por ahí que advierte : dime de qué presumes, y te diré de qué careces. Durante el evento relativo a su quinto informe de gobierno, el pasado lunes 1 de octubre, en el Teatro del Estado, en Mexicali, el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán presumió el tema de la seguridad pública, como uno de los más relevantes de su administración.
Incluso, manejó porcentajes del presunto avance en la materia. Aseguró que descendió la incidencia delictiva en un 5% en el último año, y del 17% si se le compara con el 2007. Obviamente, muchos bajacalifornianos ahí presentes, lo escucharon con incredulidad, en especial los de Mexicali, pues la percepción es de que la incidencia delictiva ha ido en aumento. Lo contrario a la presunción de Osuna Millán.
Por aquello de que hubiese quienes no le creyeran citó datos. Dijo que se detuvieron 11 mil personas, se aseguraron mil 509 vehículos, se decomisaron 28 millones de dósis de droga, 366 armas y 16 mil cartuchos, además de que se desarticularon 132 bandas criminales.
El jefe del ejecutivo estatal engoló la voz para decir en tono, supuestamente enérgico, que “no se puede combatir al enemigo teniéndolo adentro”, como reiterando la supuesta acción depuradora de los cuerpos policiacos y aseguró que se perserveró en ello, a fin de contar con cuerpos policiacos depurados y confiables, teniendo un avance del 95% en exámenes de control y confianza.
Cualquiera pudiese decir que Osuna Millán estaba presumiendo, como un éxito de su administración, que prácticamente había erradicado las actividades delictivas en la entidad y que los cuerpos policiacos son absolutamente confiables. Ufff, qué alivio.
Irónicamente, un día después, el martes 2 de octubre, trascendió que un agente ministerial, que se desempeñaba como escolta del Subsecretario de Gobierno del Estado en Tijuana, Gustavo Ley Ruiz, fue detenido unos días antes por elementos militares, en un rancho de la Delegación Municipal de La Presa, en donde se encontraron armas largas y cortas, cartuchos, cargadores y un lanzagranadas, de uso exclusivo del Ejército.
Por si fuese poco, al día siguiente, miércoles 3 de octubre, fue asesinado un agente del ministerio público del fuero común, de cuatro balazos, durante la madrugada, cuando se encontraba en el interior de un casino, en Mexicali. Se trataba de un individuo que fue encerrado en prisión, acusado de estar relacionado con el crímen organizado, resultando presuntamente inocente, por lo que al recuperar su libertad reingresó a la Procuraduría de Justicia del Estado.
Quizás a esto se refería Osuna Millán, cuando en su quinto informe manifestó que : ““no se puede combatir al enemigo teniéndolo adentro”, aunque a la vez había asegurado que se había logrado un avance del 95% en la aplicación de los exámenes de control y confianza. Bueno, 2 son pocos, podría decirse en su descargo.
Lo que vino a romper el cuadro de las presunciones de Osuna Millán, en su quinto informe de gobierno, fue la información trascendida una semana después y publicada en un periódico capitalino.
El periódico Milenio publicó, en su edición del lunes 8 de octubre, o sea el día de ayer, que según un estudio denominado “Inexplicable subejercicio en seguridad pública”, los estados de la República Mexicana no usan el 99.9% de los recursos que reciben del gobierno federal para el combate al crimen organizado y a la delincuencia en general. En dicho documento se destaca que Baja California, no ejerció ni un peso. Bueno, dice que ni un cinco.
La información señala que de 2 mil 212 millones de pesos, asignados por la federación en el primer trimestre del presente año, el Distrito Federal, Colima y Tamaulipas, ejercieron 1 millón 800 mil pesos, en tanto que 13 entidades no erogaron un peso y 16 no informaron.
Dichos recursos corresponden al Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública. En dicho reporte, publicado en el órgano informativo de los centros de estudios de la Cámara de Diputados, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Queretaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz, no ejercieron un solo peso de las aportaciones federales para seguridad.
Por su parte, los gobiernos de Aguascalientes, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, no informaron sobre la disposición y destino de esos fondos.
Resulta sumamente extraño esto, en cuanto a que Baja California no ejerció ni un peso de dichos recursos, pues contradice las presunciones de Osuna Millán en su quinto informe de gobierno. Parece absurdo que sus colaboradores en el área, Daniel de la Rosa, Secretario de Seguridad Pública, y Rommel Moreno Manjarrez, Procurador de Justicia, le hayan ocultado al Gobernador esta grave omisión y desaprovechamiento de recursos.
Según la Ley de Coordinación Fiscal, las entidades federativas deben destinar los recursos del FASP, exclusivamente a cinco conceptos: reclutamiento, formación y selección de personal vinculado con tareas de seguridad pública, y equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores.
Además, establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones; construcción, mejoramiento y ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, y seguimiento y evaluación de estos temas.
Difícil creer en lo dicho por Osuna Millán, en su quinto informe de gobierno. ¿En que otros temas, lo informado se basa en meras presunciones? El dicho popular lo advierte : dime de qué presumes, y te diré de qué careces.
gil_lavenants@hotmail.com
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