Comentaba ayer, aquí en Palco de Prensa, que hay un dicho por ahí que advierte : dime de qué presumes, y te diré de qué careces. Decía que, durante el evento relativo a su quinto informe de gobierno, el pasado lunes 1 de octubre, en el Teatro del Estado, en Mexicali, el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán presumió el tema de la seguridad pública, como uno de los más relevantes de su administración.
Señalaba que incluso manejó porcentajes del presunto avance en la materia, asegurando que había descendido la incidencia delictiva. Que obviamente, muchos bajacalifornianos ahí presentes, lo escucharon con incredulidad, en especial los de Mexicali, pues la percepción es de que la incidencia delictiva ha ido en aumento. Lo contrario a la presunción de Osuna Millán.
El columnista dejó pendiente de observar, uno de los factores en los que Osuna Millán basa sus presunciones relativas a la seguridad pública en la entidad. Dice, que el éxito –al menos el que él pregona y presume- se debe a la coordinación entre las diversas corporaciones policiacas.
Pero resulta que la presunta coordinación de las corporaciones policiacas, en el combate al crimen organizado y a la delincuencia en general, tampoco pasa de ser meras presunciones. Esto se puso de manifiesto esta semana, al volver a ventilarse públicamente el pleito entre el Subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Eduardo Montero y el Director de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, Francisco Castro Trenti.
Un pleito, que pudiese resultar intrascendente entre dos individuos, particulares, ciudadanos comúnes y corrientes. Pero que se torna grave, sumamente delicado, porque uno es el segundo en importancia y mando en la máxima institución de seguridad pública del gobierno estatal y el otro el jefe máximo de la policía municipal en el más joven de los municipios de la entidad.
Un pleito, que ni siquiera permite pensar en que ambos funcionarios policiacos puedan llegar a coordinarse para actuar en contra de la delincuencia, en un programa formal y conjunto, o simplemente en un hecho aislado, extraordinario y urgente.
Este asunto no es nuevo. Prácticamente surgió desde que Castro Trenti fue designado como titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Playas de Rosarito, sustituyendo a un militar retirado, con lo que se rompió el esquema de ubicar a mandos militares en las corporaciones policiacas municipales, como base para lograr la anhelada coordinación.
Más bien el origen data de fines del pasado mes de junio, cuando el Alcalde de Playas de Rosarito, Javier Robles Aguirre, designó a Francisco como asesor del área. Se daba como un hecho que era la antesala para designarlo al frente de la corporación policiaca municipal, que había venido operando bajo el mando de exmilitares. Y así ocurrió.
El jueves 12 de julio, se hizo la propuesta formal. Su designación fue aprobada con 9 votos a favor y 2 abstenciones. De inmediato tomó posesión en sustitución del Mayor Magdaleno Vázquez Luis. Se decía que esto pudiese afectar la coordinación de las labores de seguridad pública en la entidad, al mando del General Alfonso Duarte Mújica. Al parecer, eso fue un mero pretexto, pues el jefe militar no ha dicho que esto le haya afectado. Las fricciones fueron con las autoridades estatales del área de seguridad pública.
Conocedor de estos asuntos, por su paso por la Procuraduría de Justicia del Estado, principalmente en el área de servicios periciales, Castro Trenti empezó a buscar en los escritorios de la institución policiaca a su cargo, además de que decidió erradicar las viejas prácticas arraigadas en la propia corporación. Tráfico de influencias, “cuotas de cooperación”, entre otras cosas.
No tuvo que ir muy lejos, ni buscar demasiado. Nerviosos, sus antecesores en el cargo, y amigos, protectores y protegidos de estos, de inmediato “pusieron el grito en el cielo” y armaron una revolución, reclamando el cese del funcionario. Fue llamado a comparecer ante el Cabildo, para que aclarara los reclamos y señalamientos.
Castro Trenti, aprovechó la ocasión para denunciar actos de corrupción cometidos por ex funcionarios de Seguridad Pública Municipal. Presentó evidencias, documental y testimonial, de las presuntas irregularidades, ante Sindicatura.
Conforme a los documentos exhibidos, se evidenciaba que, presuntamente, Eduardo Montero Álvarez, exjefe de la corporación y ahora Subsecretario de Seguridad Pública Estatal, cobraba cuotas a los agentes de la Policía Auxiliar, durante la pasada administración municipal. En total, se evidenció que tres ex funcionarios incurrieron en actos de corrupción.
El problema, es que Montero Alvarez, ahora cobra como Subsecretario de Seguridad Pública Estatal, la dependencia que tiene a su cargo la aplicación de los exámenes de evaluación y confianza, requeridos para laborar al servicio de una corporación de seguridad pública. Como quien dice, tiene “la sartén por el mango”.
De ahí pues que curiosa o extrañamente, la institución evaluadora, determinó y publicitó que Castro Trenti reprobó los exámenes de confianza y que por lo tanto debe abandonar el cargo que ostenta. A través de las redes sociales, como saboreando la venganza, Montero Alvarez le advirtió a Francisco que si había sido su sombra, ahora sería su pesadilla. El aludido tomó esto como una amenaza e hizo la denuncia penal correspondiente.
Lo cierto es que esto es un pleito de índole político. Por un lado priístas. Por el otro panistas. Así, es más que evidente que la supuesta coordinación policiaca, es mera presunción. Una más de osuna Millán.
gil_lavenants@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario