Por Gilberto Lavenant
Aunque es un tema que no se ha digerido por completo, que casi nadie ha entendido del todo y por lo tanto valorado, la dimensión de la Fepade Estatal, creada por la legislatura estatal esta semana, se podrá determinar y constatar, una vez que se proceda a su integración e instalación.
Para empezar, cabe observar que esta nueva institución estatal, que empezará a funcionar a partir del día 1 de Enero del 2013, enfrentará su “prueba de fuego” y real justificación, con su actuación en torno a los comicios de mediados del 2013, cuando se proceda a elegir a quien habrá de ser el nuevo Gobernador del Estado, los diputados locales y los cinco alcaldes de la entidad.
Falta ver el tamaño de su estructura operativa, incluyendo oficinas y personal, el costo de la misma, y sobre todo la calidad moral, así como capacidad profesional, de quien deberá ser designado titular de la misma, a más tardar el 20 de diciembre próximo, por la legislatura estatal.
Este personaje, que tendrá el nivel de Subprocurador de Justicia, deberá estar investido, no sólo de facultades plenas, sino además, de autoridad o solvencia moral, y para ello se requiere, sobre todo, que no tenga relaciones o ligas visibles con ningún partido político.
También es importante tomar en cuenta el dicho de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, en el sentido de que votaron en contra de la creación de una fiscalía para investigar delitos electorales, pues ésta ya existe en la Procuraduría de Justicia del Estado, la cuál entró en funciones desde el 8 de junio del 2007.
Tratando de minimizar la importancia de dicha supuesta fiscalía, señalaron que desde su creación en el 2007, sólo ha recibido 126 denuncias de carácter electoral, de las cuales 47 fueron recibidas en Tijuana, 42 en Mexicali, 15 en Ensenada, 13 en Playas de Rosarito y 9 en Tecate. Para nada cuestionan, que nadie acude a ella, porque no confian en ella.
Es preciso aclarar, y precisar, que esa supuesta fiscalía, carece de relevancia jurídica, pues deriva de un simple acuerdo del entonces Procurador de Justicia, Antonio W. Martínez Luna, que la establece, habilitando para tales efectos a un simple agente del ministerio público, dependiente de dicho funcionario y por lo tanto del entonces Gobernador Eugenio Elorduy. Dicho en pocas palabras, no tenía autonomía.
El acuerdo en mención fue publicado en el Periódico oficial del Estado, Número 24, Tomo CXIV, de fecha 8 de junio del 2007. El columnista tiene en su poder copia de dicha publicación. Obviamente no ha funcionado, si en cinco años, apenas si ha recibido 126 denuncias por la supuesta comisión de delitos electorales y nunca se ha informado sobre la cantidad de indagatorias de este tipo que han sido turnadas a juez competente en turno.
Sabido es que la Procuraduría de Justicia funciona con tintes eminentemente políticos. Para recibir y actuar en torno a un asunto, no sólo de índole electoral, sino simplemente en el que resulte involucrado algún político, en especial si es de filiación blanquiazul, no se mueve ni un solo dedo. Ahí empieza el grave fenómeno de la impunidad.
Ha habido denuncias, muy controvertidas y escandalosas, como la identificada como “facturagate”, en la que se puso de manifiesto que regidores del gobierno municipal de Tijuana, de todos los partidos políticos, utilizaron facturas falsas para acreditar o justificar el supuesto destino de los recursos que recibían para programas sociales. Pregúntele a Enrique Méndez, dirigente municipal del PAN en Tijuana. Sabe bastante sobre éste asunto.
Ha habido otras denuncias, serias, graves, como aquellas que señalaban al controvertido Julián Leyzaola, como torturador. El expediente, seguramente ya desapareció.
Un asunto más reciente, es la denuncia penal presentada por la actual administración municipal, que encabeza el priísta Carlos Bustamante, en contra de su antecesor, el panista Jorge Ramos Hernández, por haber retenido el monto de los descuentos hechos a los burócratas municipales, para cubrir cuotas del ISSSTECALI, omisión ésta que se tipifica como un delito. El tiempo pasa y el expediente “duerme el sueño de los justos”.
Sin duda alguna, los “archivos” de la Procuraduría General de Justicia del Estado, están repletos de expedientes similares, en los que no ha habido actuación alguna y respecto de los cuales ya se desvanecieron las posibilidades de ejercer acción penal en contra de los involucrados. En ese nivel, y condiciones, se encuentra la flamante fiscalía especializada para atender delitos electorales, creada en la administración de Elorduy.
La nueva Fepade Estatal, será efectivamente una Subprocuraduría de Justicia, pero tendrá autonomía técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Dicho en otras palabras, no dependerá del Procurador de Justicia, ni tampoco del Gobernador del Estado. Incluso el titular será designado por la legislatura, no por el Gobernador.
Los diputados panistas, aunque sabían de la existencia de la propuesta para crear ésta fiscalía, supusieron que sería desechada, con el simple argumento de que ya existía una similar. En todo caso, han de haber pensado que crear una nueva, no tendría mayor relevancia. No tuvieron la capacidad para preveer el alcance.
Lo que no tomaron en cuenta, es que la nueva fiscalía, será realmente un órgano independiente, lejos del dominio o control del Gobernador. La estrategia planteada para ello, aunque un tanto compleja, resultó efectiva, pues se logró la aprobación mediante mayoría calificada, requerida por tratarse de una reforma constitucional.
Los operadores de ésta estrategia, presumen el resultado y observan que fue algo así como “quitarle un dulce a un niño”. Los panistas y demás posibles opositores, se fueron con la finta de una amplia reforma electoral, cuyas discusiones habían sido gaotadas en su mayoría, y que ahora simplemente se utilizó para destantear o confundir al enemigo.
gil_lavenants@hotmail.com
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