MEXICO.- El uso discrecional de recursos de los programas sociales para emplearlos en la coacción o compra de votos es una acción que se ha ido sofisticando y se pasó de las urnas embarazadas a las tarjetas Soriana.
Así lo asegura Virgilio Bravo, investigador especializado en políticas públicas del Tecnológico de Monterrey (campus estado de México), quien señaló que lo anterior se debe a la falta de reglas de operación y fiscalización en los estados, por lo que urgió cambios legales para que se sancionen estas acciones.
En entrevista con el diario La Jornada, el especialista dejó ver que se ha echado mano del “paternalismo”, según por el cual los gobiernos federal, estatales y municipales destinan recursos a la ayuda asistencial.
“Esto no se ha revertido para transformarlo en algo productivo. Y es cuando se instrumentan estos programas. Lo reciente, con las tarjetas Soriana, es la perversión de la política pública”, apuntó.
Sostuvo que existía el temor de que la Secretaría de Desarrollo Social usara los programas para cooptar el voto: “Esto no sucedió. Los gobiernos estatales en manos del PRI lograron este objetivo; por eso vemos que lo de Soriana es un escándalo e incluso ya perdió puntos en la bolsa de valores”.
En este contexto, urgió a establecer la reforma electoral, para que lo anterior no afecten en una elección presidencial que a los ojos internacionales y nacionales, “hay un tufo de que las cosas no fueron del todo limpias.
“Todos lo sabemos, pero no se hace mucho, no hay marco jurídico que sancione esto. No hemos hecho las modificaciones legales para que esto no ocurra”, apuntó.
Con información de La Jornada
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