TIJUANA (AFN).-En lo que va del año, a más de una docena de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal se les ha negado el servicio en el Hospital General de Tijuana, de ellos, dos han muerto y otros dos están por morir, advirtió el presidente de la asociación de trasplantados y enfermos renales Tiromet, Alejandro Vizcarra.
En conferencia de prensa junto a Jesús Alemán Díaz, presidente del Colegio de abogados Emilio Barraza, visitadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado, pacientes e incluso empleados del mismo hospital general, el presidente de Tiromet amenazó con denunciar penalmente al secretario de salud, José Guadalupe Bustamante Moreno, así como al director del nosocomio, Manuel Roble Barbosa, por el delito de “homicidio por omisión”.
De acuerdo con la ponencia del jurista Alemán Díaz, el homicidio por omisión en el caso de las autoridades de gobierno, podría encuadrarse derivado de la responsabilidad que tiene el sector salud al asegurarles la vida a los enfermos en el estado, cosa que denuncian, no se da con los enfermos renales.
“Estamos preparando el expediente para denunciar al secretario de salud, al director del hospital general y a quien resulte responsable, por el delito de homicidio por omisión al negarle probadamente los servicios a enfermos que prácticamente están muriendo”, señaló.
De acuerdo con Alejandro Vizcarra, desde hace semanas existen declaraciones documentadas en la prensa, donde el Secretario de Salud en Baja California se comprometió ante los diputados que integran el poder legislativo en el estado, en atender a los enfermos renales que necesiten una hemodiálisis que podrían morir en caso de no ser atendidos.
“El doctor Bustamante Moreno niega la atención a los enfermos renales, a unos con mucho sacrificio les alcanzó a dar dos hemodiálisis, pero muchos de los pacientes necesitan tres hemodiálisis por semana y después de dos tratamientos ya se los niegan”, comentó.
Vizcarra Estrada afirmó que el mismo gobernador del estado, instruyó públicamente a Bustamante Moreno para atender la problemática pero “este desobedeció”.
“Ni siquiera la petición y la exigencia de la presidente de la comisión de salud, la diputada Virginia Noriega Ríos ha sido suficiente como para que el doctor Bustamante les de atención a estos enfermos renales, ya se han muerto algunos y otros están por morir y este funcionario no se inmuta ante la muerte y sufrimiento de las personas, ¿Qué corazón puede tener?”, deploró.
El presidente de Tiromet, en compañía de algunos enfermos, y empleados del sector salud que se han inconformado por diversas irregularidades detectadas en el hospital general, aseguraron que cada año, podrían morir decenas de tijuanenses a quienes se les niegan las hemodiálisis, tratamiento que mantiene con vida a los enfermos renales y en clínicas particulares se tendrían que gastar alrededor de cinco mil pesos semanales para sobrevivir.
“La denuncia penal procede”: PDH
Por otra parte, el director general de quejas de la Procuraduría de los Derechos Humanos Rafael Reyes Luviano, aseguró que la denuncia penal procede, pues de acuerdo a lo establecido en la constitución política de México, el estado debe garantizar la salud de los mexicanos más cuando se trata de la vida de las personas, y al no hacerlo caen en el delito de homicidio por omisión.
Paralelo a ello, indicó, la PDH ha iniciado un expediente con al menos 11 casos de enfermos renales a quienes incluso, el director del hospital general José Manuel Robles Barbosa les negó el servicio explícitamente.
“La PDH está con ellos (los enfermos renales), como decía, tenemos radicado un expediente, se encuentra en trámite, y mediante este expediente nosotros estamos solicitando información y justificación a la autoridad de salud del porqué ellos han negado la atención médica a quienes requieren hemodiálisis”, informó.
“Nosotros consideramos que el derecho a la salud es un derecho de tercera generación, producto de satisfacción progresiva, que depende de la capacidad económica del estado, es necesario hacerlo efectivo, y consideramos que el estado de Baja California al ser un estado pujante es un estado con el suficiente desarrollo como para poder proveer a su población el equipo técnico necesario para la práctica de este tratamiento”, añadió.
Reyes Luviano insistió en que, desde el punto de vista de este organismo defensor de los derechos humanos, en efecto, “es un derecho proporcionar este servicio”, porque el derecho a la salud es un derecho humano.
“Las personas que son pacientes de hemodiálisis, requieren el tratamiento hasta tres veces por semana con peligro de perder la vida, entonces es urgentísimo se dote a las instalaciones médicas de este equipo”, sentenció.
Finalmente el representante de la PDH comentó que pese a la petición de información, hasta el momento, el sector salud no ha contestado por qué se niega el servicio ni cuando se podría contar con el equipo para dar el servicio.
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