COLUMNA: Palco de Prensa

* ¡Que ridículo…!
Por Gilberto Lavenánt
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, encabezado por Enrique Carlos Blancas de la Cruz, con el carácter de Presidente del Consejo General –le quitamos el “don”, porque lo perdió en los comicios del 4 de Julio-, elaboró un texto amplísimo, para tratar de justificar sus fallas, pero en lugar de quedar bien, queda pésimamente. Resulta ridícula su postura.

El texto consta de 19 párrafos y está dividido en cinco puntos básicos. Todo es para tratar de justificar su absurdo y aberrante comportamiento, ante el caso del despojó cometido a la dirigente estatal del magisterio federal, Arcelia Galarza, de la diputación local que le correspondía, por la vía de la representación proporcional, que le adjudicaron al panista Raymundo Vega.

Reconocen que a Vega le adjudicaron dicha diputación, debido a que indebidamente le contabilizaron 55 votos a su favor, que no le correspondían, pero pretenden eludir responsabilidades, afirmando que nadie impugnó tales hchos, en tiempo y forma, y que por lo tanto, los documentos que contenían dicho “error aritmético” –los partidos le llaman fraude electoral- quedaron firmes, precisamente por no impugnarlo en el plazo legal previsto para ello.

Y formalistas que aparentan ser, se aferran a principios jurídicos como el de definitividad, que interpretan como el hecho de que transcurridos los plazos legales para impugnar, los hechos o resoluciones ya no pueden ser combatidos, aunque las mismas sean erróneas, cuando que el principio en mención exige que se agote un procedimiento, para poder acudir a instancias superiores, como pueden ser la apelación o el amparo.

Incluso se duelen de que “…en su oportunidad, ninguno de los partidos politicos o coaliciones contendientes se inconformaron con los resultados que pretendían que este órgano electoral enmendara”. Su corto criterio, o la falta de éste, y su evidente ignorancia del derecho, les lleva a asumir poses formalistas, pero ridículas. Reconocer estar conscientes de los “errores” cometidos, pero aduciendo que nadie los impugnó, que ellos estaban impedidos legalmente para corregirlos.

Esto lo stablecen en el punto CUARTO, en el que precisan : “Como ya quedó establecido, no es ajeno al Consejo General Electoral el error que contiene el acta de cómputo distrital del XII Distrito Electoral ni la pretension de los Partidos Políticos y Coaliciones de corregirlo o subsanarlo haciendo prevalecer el sentido efectivo de la votación; pero este acto significaría no solo violentar el marco jurídico que norma el actuar de esta Autoridad Administrativa Electoral, sino contravenir los principios rectores de la función electoral a lo que desde luego no estamos dispuestos”. Esto es, además de erráticos, muy dignos.

Con cierta arrogancia o petulancia, los señores Consejeros observan que “…Esto es así ya que el legislador al crear el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California, no edificó una institución de justicia electoral con facultades para modificar sus propios actos en beneficio de lo que subjetivamente considere justo, sino que creó un instrumento de carácter administrativo con facultades específicas para aplicar irrestrictamente la Ley en el ámbito de su competencia, pero sin hacer juicios de valor sobre la aplicación de la misma; por tanto, pretender imponer a este Consejo facultades para que en aras de lo que se considere justo infrinja la Ley, es tanto como negar la esencia misma de esta institución”. Ahora resulta que reconocer el llamado “error aritmético”, es una subjetividad, y corregirlo, una ilegalidad.

A esto le agregan otro párrafo, que muestra claramente el tamaño de las actuales autoridades electorales : “…En cumplimiento del principio de legalidad electoral, este Organo Electoral solo puede hacer lo que la Ley le autoriza, de manera que ninguno de los argumentos vertidos por los que se opusieron a la resolución de este Consejo General Electoral, resultaron suficientes para atribuirle facultades o competencias que no le corresponde como Autoridad Administrativa Electoral. La Ley no se pacta, se cumple”.

En pocas palabras, reconocen irregularidades -les llaman errores, los partidos los llamaron maquinación y fraude electoral- que supuestamente la Ley les faculta para ello, pero no les autoriza a corregirlos. Y todavía en el párrafo final lamentan profundamente las presiones que han recibido de los Partidos Políticos y Coaliciones contendientes, así como de los medios de comunicación.

Y concluyen, con la siguiente expresión : “…Al pueblo de Baja California le refrendamos nuestro compromiso de cumplir cabalmente con la normatividad que nos rige. Este instituto es un instrumento de la sociedad bajacaliforniana y es a ésta a la única que debe servir siempre dentro del marco de la Ley”. ¡ Qué ridículo…!

gil_Lavenant@hotmail.com