COLUMNA: Palco de Prensa

* Las disculpas
Por Gilberto Lavenánt

Como dicen que “el que calla otorga”, el diputado federal panista, Miguel Antonio Osuna Millán, hermano del Gobernador de Baja California, no quizo guardar silencio ante la seria y grave referencia que respecto de su persona hizo la revista capitalina “Proceso”.

Esto ocurrió en la edición número 1754, correspondiente al 13 de Junio del 2010, que tuvo una venta inusitada en Baja California, toda vez que publicó un trabajo, que en su conjunto lo identifica como “Narcotráfico/Reporte Especial” y en la portada lo destaca como tema principal, bajo el título : “El NARCO en el Congreso”.

Lo que más escandalizó, fue el primer trabajo, encabezado bajo el títilo de “Los sospechosos de San Lázaro”, en el que de entrada observa que “…La sombra del crimen organizado planea sobre el Palacio Legislativo de San Lázaro… Los nombres de 21 representantes populares -13 del PRI, 6 del PAN y 2 del PRD- han aparecido en diversos documentos oficiales de México y Estados Unidos, unas veces como sospechosos de complicidad con la delincuencia, otras como testigos o víctimas de amenazas o ataques. Cada vez más palmaria, la realidad de la narcopolítica en el país se impone con crudeza…”

El trabajo periodístico fue firmado por Jesusa Cervantes y Esteban David Rodríguez, e inicia indicando que “…En diferentes momentos, 21 diputados de la LXI Legislatura federal han sido señalados como benefactores o protectores de la delincuencia organizada o se les ha acusado de recibir financiamiento del narcotráfico. Es más, sus nombres incluso han figurado en documentos de la DEA o de la Procuraduría General de la República (PGR) vinculados con el crimen organizado”.

“…En algunos casos –agrega- los legisladores fueron involucrados, a partir de testimonios judiciales, con estructuras delictivas; fueron testigos de descargo de personas sujetas a averiguaciones; tienen familiares implicados en actividades del narcotráfico o han sido amedrentados por sicarios”.

“…Proceso –explica- investigó los señalamientos acerca de las posibles relaciones de diputados con organizaciones criminales. Aunque fuentes judiciales ubicaron como sospechosos a cuando menos 40 legisladores federales, este semanario sólo da cuenta de los casos que logró documentar”.

Luego narra o describe los casos presuntamente documentados. En total hace referencia a 21 legisladores federales, entre los que menciona a Miguel Antonio Osuna Millán, hermano del Gobernador de Baja California.

Del legislador bajacaliforniano dice que “…fue detenido en Tijuana en marzo de 2009, junto con otras 60 personas, en la fiesta de una sobrina de Angel Jácome Gamboa, El Kaibil, lugarteniente de Teodoro García Simental, El Teo, quien dejó la organización de los hermanos Arellano Félix para sumarse al cártel de Sinaloa, y al que se le atribuye la matanza de 40 personas ocurrida en 2008”.

Luego agrega que “…Los detenidos fueron trasladados al centro de arraigo de la SIEDO, salvo algunos policías por quienes intercedió el Gobernador Osuna. De esos, uno había sido escolta suyo y otro del propio Miguel Antonio Osuna, sobre quien no se esclareció si había declarado como los demás. Volvió a su campaña por la diputación federal. Preside la Comisión de Salud”.

La referencia fue muy grave. Sumamente grave, además de difamante y calumniosa, a tal grado que generó enormes sospechas al ubicar al hermano del gobernadr bajacaliforniano entre “Los sospechosos de San Lázaro”.

Pues bien, Miguel Antonio reclamó a Proceso, mediante escrito publicado en la edición número 1755, del 20 de junio del 2010, el cual aparece en la página 71, exigiendo restañar su prestigio, haciendo florecer la verdad, bajo el argumento de que la referencia era totalmente falsa. No fue el único que reclamó, fueron varios.

Los reporteros autores del trabajo periodístico, en esa misma edición en la que aparece el reclamo del legislador bajacaliforniano, aclaran que ninguna de las afirmaciones contenidas en dicha publicación pueden ser atribuidas a la revista o a ellos, que solo se limitaron a investigar y a consignar información contenida en averiguaciones previas, informaciones de agencias policiacas mexicanas y estadonidenses o publicaciones en medios de comunicación.

Y si bien es cierto que al referirse a los reclamos de algunos de los legisladores, reiteraron la alusión a los mismos, en el caso del hermano del Gobernador de Baja California reconocieron que no fue detenido en la narcofiesta de Marzo del 2009, ni estuvo en la misma, sino su escolta.

Seguramente la aclaración no repara la dañada imágen de Miguel Antonio y este estará en todo su derecho de acudir a las vías legales a formalizar su reclamo, pero aunque esto lo elimina de la lista de “Los sospechosos de San Lázaro”, persisten las sospechas generados por la forma sospechosa como se manejó el asunto de la narcofiesta y la intervención del Gobernador Osuna Millán para lograr la liberación de los policías que habían estado a cargo de su seguridad personal. Sobre esto último quizás nunca se sepa la verdad y todo quedará en meras sospechas.

gil_Lavenant@hotmail.com