COLUMNA: Lindero Norte

Por Antonio Heras
Durante la madrugada del primer día de septiembre de 2009, agentes de la policía municipal de Tijuana realizaron una redada singular al detener a un grupo de indigentes que deambulaban por Zona Norte para obligarlos a abandonar esta ciudad fronteriza.

Los engañaron al asegurarles que los trasladarían a un albergue temporal donde tomarían alimentos y se guarecerían de la inclemencia de la vida. De esta manera se signó una página de la historia de la política de desarrollo social del ayuntamiento de Tijuana. Los avatares de una política pública para el combate a la pobreza. La acción provocó una serie de reacciones entre los ámbitos políticos y sociales de la entidad, aun más porque todo parece indicar que recibieron órdenes de los mandos superiores. Autoridades municipales trataron de rechazar las acusaciones y sellar el episodio con un sofisma. Nunca imaginaron la existencia de una cámara de video que grabó la violación de las garantías individuales de este grupo de hombres y mujeres, menos aún de un reporte de la policía de Tecate que documentó la agresión. A bordo de una patrulla blanca, tipo panel, con logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, los policías les dijeron que los llevarían a un albergue pero enfilaron hacia el oriente de Tijuana, luego a la carretera donde los hicieron descender violentamente en un tramo de la vía federal a Tecate, a la altura del rancho La Puerta. Los dejaron en los linderos de ambos municipios. Era un grupo aproximado de 15 indigentes, algunos de ellos minusválidos. Simplemente los abandonaron a su suerte. La acción policíaca fue captada por cámaras de seguridad, de acuerdo a un reporte oficial. El parte informativo de la dirección de Seguridad Pública Municipal de Tecate advirtió que “…siendo aproximadamente las 07:45 horas, nos indicó la central de radio (que) nos trasladáramos al puente del Rancho La Puerta ya que sobre el lugar se encontraban varias personas indigentes y discapacitados, los cuales al parecer habían sido traídos a esta ciudad y abandonados en el lugar mencionado por una unidad de la Policía de la ciudad de Tijuana” Los obligaron a bajar de la patrulla en un paraje solitario ubicado en el kilómetro 5 de la carretera a Tecate, a la altura del rancho La Puerta. Policías tecatenses auxiliaron a los indigentes discapacitados, luego que en los teléfonos de emergencia se recibieron varios reportes telefónicos se advirtió que algunos caminaba por la carretera o que quedaron varados en ese lugar. Los agentes señalaron, por separado, que es frecuente la práctica policial de trasladar hacia esa zona a quienes deambulan por las calles de Tijuana como una medida para obligarlos a salir de la ciudad y pretender borrar una realidad que acusa la frontera más visitada del mundo. “No es la primera vez que ocurren estos hechos”, sostuvo uno de los uniformados que acudieron al auxilio de los desplazados que terminan por regresar a Tijuana. Es el mar que regresa. Algunos de los indigentes rescatados solicitaron que los trasladaran hacia la colonia Maclovio Rojas, al oriente de Tijuana, para buscar la protección de organismos no gubernamentales. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública rechazó los señalamientos ciudadanos al informar que las patrullas tipo panel que se encuentran adscritas a esa corporación estaban en talleres municipales por diversas descomposturas, lo que les impidió estar en circulación o en algún operativo oficial. En ese entonces, el diputado Carlos BARBOZA condenó la acción policíaca que afecta a sectores más vulnerables de la sociedad, en este caso personas que se encuentran en total desamparo. También criticó la ausencia de políticas públicas y programas del gobierno de Tijuana tendientes a combatir la pobreza, así como de acciones de asistencia social, ya que optan por desplazar de sus calles a estas personas en lugar de canalizarlas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a los centros de salud pública para su revisión o a centros de atención alternos. Barboza Castillo se pronunció porque las autoridades de Tijuana aclararan estos “hechos lacerantes” para la sociedad fronteriza e inicien una investigación de fondo para deslindar responsabilidades. Nada ocurrió. Silencio. La Procuraduría de los Derechos Humanos y de Protección Social de Baja California abrió el expediente de queja por la violación de las garantías individuales de bajacalifornianos, independientemente si se encuentran en situación de calle, a quienes trasladaron y abandonaron en el municipio de Tecate. La conducta de los servidores públicos traerá consigo consecuencias jurídicas y, de proceder, una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, bajo el mando del teniente Julián LEYZAOLA PÉREZ. El organismo autónomo que preside el abogado Heriberto GARCÍA GARCÍA se encuentra en una encrucijada aún más cuando hay otros asuntos están en el horno, por lo que se espera que la convocatoria realizada para este jueves en la ciudad de Tijuana tenga un final acorde a la necesidad de hacer valer los derechos humanos en Baja California donde los medios de comunicación fueron determinantes para evidenciar estos hechos lacerantes. Finalmente usted tiene la ÚLTIMA PALABRA, al igual que el caso del expresidente del Congreso de Baja California. Lo esperamos en Síntesis Televisión, hoy a las 22 horas o en www.linderonorte.com.mx