MEXICALI.- Después de solicitar una investigación imparcial en los motines registrados en el penal de la Mesa en Tijuana, una mejor atención a migrantes, así como mayor prevención del delito y el respeto de las garantías en materia de seguridad pública, el Procurador de los Derechos Humanos, Francisco Javier Sánchez Corona, rindió su III Informe de Actividades ante el Pleno del Congreso de Baja California..
Informó que en un comparativo con el periodo 2007, se registraron 2,018 orientaciones, 2,802 gestiones y 1,532 quejas, con un incremento del 15% al atender 934 asuntos más en este periodo que se informó, dando un total de 7,286 denuncias o atenciones.
Fueron emitidas 16 Recomendaciones, de las cuales 11 de ellas fueron aceptadas.
Consideró revelador que la Procuraduría para la Defensa de las Personas Menores de Dieciocho años y la Familia, fue destinataria de 5 de las 16 recomendaciones, siguiéndole la Secretaría de Educación del Estado con 3 recomendaciones, Presidencias Municipales de Playas de Rosarito, y Mexicali, asimismo Secretaria de Seguridad Pública Estatal recibieron 2 recomendaciones cada dependencia y Presidencia Municipal de Ensenada, Dirección de Defensoría de Oficio en el Estado, Secretaría de Salud de la entidad y Sindico Municipal de Mexicali, B. C. con una recomendación en estos casos.
En la Visitaduría de Grupos Vulnerables se atendieron 3,258 asuntos, que representa el mayor de los números de las tres áreas por materia y que constituye el 44,72 % de los casos que atendió el organismo.
En la Visitaduría de Asuntos Penitenciarios se radicaron 2,172 asuntos, que representó el 29.87 % de expedientes integrados.
Dentro de la Visitaduría de Seguridad Pública, se integraron un total de 1,852 expedientes que se radicaron, lo cual representa el 25.42 % del total de asuntos que se integraron y resuelven en la institución.
En orientaciones se atendió un total de 1,523 asuntos, que representó el 20.90%, en gestiones, fueron 4,141 asuntos que significaron el 56.84 % de la atención institucional, y en quejas se integró y resolvió 1,622 expedientes, que representó el 22.26 %.
En su informe, Sánchez Corona puntualizó lo "seriamente obstaculizada" que ha estado la dotación de información para la integración del expediente conformada con relación a los motines presentados en el Cereso de la Mesa en Tijuana los pasados días 14 y 17 de Septiembre pasados.
Hizo un serio extrañamiento a aquellas autoridades que persisten en desconocer la función del Ombudsman de la entidad, como la instancia encargada de velar por la legalidad y los derechos de los ciudadanos, y de ser mediadora entre la sociedad y el Estado.
El procurador de los Derechos Humanos resaltó la seria crisis del sistema penitenciario Baja California, que degeneró en dichos motines y cuyas condiciones de abuso en la aplicación de penas generó violaciones en derechos humanos.
En materia de seguridad pública, pidió prevenir la comisión de los delitos; mantener el orden público y la paz social; proteger el patrimonio; resguardar y respetar las garantías, entre ellas la libertad, la integridad física y la vida de las personas; actuar como auxiliar de la comunidad, así como de otras autoridades en contingencias, siniestros y desastres y servir de gestores, canalizadores y mediadores en problemas comunitarios y vecinales, así como hacer frente a necesidades y demandas de índole social.
Agregó que en este rubro, la mayoría de los hechos calificados por probable violación a derechos humanos, fue el relativo al derecho a la legalidad y seguridad jurídica con 631 casos, el segundo más transgredido es el derecho de los internos con 412 quejas, el tercer derecho humano que acumula más quejas es el de la libertad con 242, mientras que el derecho humano en la modalidad económico, social y cultural ocupa el cuarto sitio en cuanto a violaciones con 194 quejas, y el quinto derecho humano más violado corresponde a la integridad, seguridad y vida de las personas con 193 quejas.
Con relación a la reciente reforma que adiciona el Artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Baja California, aprobada por el Congreso local el pasado 23 de octubre, y que establece el respetar el derecho a la vida desde el momento de la concepción, lo consideró como una clara violación a los derechos humanos de las mujeres, de la pareja y por tanto de las familias en la entidad.
Sobre los migrantes, puntualizó la importancia que los menores de edad cuenten con el apoyo y asesoría del Consulado mexicano correspondiente, previa notificación regular del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos a las autoridades mexicanas. Además de que cuando sean detenidos sean repatriados a México en forma inmediata, en horarios accesibles y de día.
En el caso de niños migrantes es imprescindible se garantice que el Consulado mexicano correspondiente sea notificado, para que personal de esa representación diplomática los acompañe hasta la puerta de deportación.
Pidió garantizar los horarios de deportaciones y evitar la separación de los hijos y sus padres y madres, que se realice máximo hasta las 18:00 horas, que el Consulado Mexicano garantice la entrevista en centros de detención y explicarles de sus derechos humanos en español, así como garantizar que las autoridades de Estados Unidos salvaguarden la integridad física de los migrantes y que sus pertenencias y documentos les sean plenamente respetados.
Sánchez Corona, solicitó que el Instituto Nacional de Migración instale cámaras en las áreas donde se realizan las deportaciones, para que las grabaciones sean evidencia del estado físico en el que llegan los migrantes.
Con relación a VIH-SIDA, habló con relación al suministro de medicinas, el 41.9 % al menos en una ocasión ha salido sin que se le surta la receta con medicamento en las instituciones de salud. Ante la necesidad de conseguirla, el 59.7 % de los pacientes con VIH manifiesta que acude a otros lugares.
Por ello, se formuló una propuesta conciliatoria al Secretario de Salud respecto de la problemática y no obstante que hubo el compromiso en reunión interinstitucional, de responder a la propuesta conciliatoria, ésta no se ha dado.
Ante ello, dijo que ase continua con la integración del expediente de la queja respectiva, observando asimismo que persiste la problemática manifestada.
Sobre las personas sordas, el Procurador de los Derechos Humanos, solicitó al gobierno que otorgue apoyo económico a los intérpretes y la creación de un centro de atención a sordos en las diversas dependencias.
Planteó se apliquen descuentos a personas con discapacidades en instituciones públicas y privadas descuentos del 50% en el transporte, oportunidades de empleo, integrar como un idioma la lengua de señas mexicana en el Sistema Educativo Estatal, incluir a un intérprete de lengua de señas en cada institución, escuelas especiales para sordos, otorgar facilidades para expedición de licencia de manejo, apoyo en materia de educación, salud y trabajo, subtitular la programación emitida por la televisión y capacitar a la comunidad sobre la cultura sorda.
Además de hablar de diferentes grupos vulnerables, con relación al autismo, pidió sensibilizar a la sociedad y funcionarios públicos acerca de esta discapacidad, crear guarderías para estos niños, elaborar un censo real sobre ellos, crear un centro de investigación sobre el autismo, así como atención médica, pública y privada, eficiente y multidisciplinaria.
Planteó aspectos prioritarios para el fortalecimiento de la institución, entre las que resaltó la autonomía plena a través de la instauración del Órgano de Control Interno, la integración de una la Ley de Gasto Público y de Responsabilidades, y un presupuesto fijo, con aumentos porcentual y proporcionalmente al global del Estado.
También habló de la necesidad de ampliación del periodo de ejercicio de la PDH a 4 años, dotar al Organismo de mayores facultades en los temas de: fe pública, medidas cautelares, recurso de inconformidad y certeza jurídica a los defensores de derechos humanos.
Pidió se determine a favor de las condiciones contractuales con el Issstecali, así como promover el cumplimiento de las dependencias estatales en el ejercicio de la función.
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