Por Gilberto Lavenant
El asunto de la detención del empresario priísta Jorge Hank Rhon, que sigue causando polémicas, controversias, especulaciones y manifestaciones de solidaridad, repudio o deslindes, tiene un “cabo suelto” en particular, que nadie ha podido explicar con claridad y satisfacción.Es el relativo a las armas. Se dice que se le detectaron 78 armas sin licencia, de las cuales 49 son de uso exclusivo del ejército, 9 mil 298 cartuchos útiles, 70 cargadores y una granada de gas.
A partir de la cantidad de armas, y el número de personas detenidas junto con el hijo del profesor Carlos Hank González, de inmediato se pensó en procesarlo bajo la modalidad de crímen organizado. Se desistieron, al verificar que los primeros detenidos, ni siquiera conocían al protagonista principal y los demás no eran sicarios, sino guardias de seguridad. Varios de ellos policías municipales, contratados para labores de vigilancia y seguridad en las instalaciones del exalcalde tijuanense.
Por ello se le regresó a Tijuana. La PGR tuvo el cuidado de identificar las armas, de ahí que pudo constatar que solo diez de ellas estaban amparadas en permisos para su portación e incluso que algunas correspondían al Estado de México. De esas también se dice que dos están relacionadas con crímenes.
Pero nada se dijo sobre el resto de las armas. En especial de aquellas de uso exclusivo del ejército, cuya procedencia y propiedad, también se puede indagar. Sin embargo, nadie dijo nada.
La titular del Juzgado Noveno de Distrito, Lic. Blanca Evelia Parra Montes, que inicialmente había declarado legal la detención y por lo tanto se suponía que le decretaría el auto de formal prisión y les procesaría por acopio de armas, que era el principal delito que se les imputaba, de pronto le decreta auto de soltura, al considerar que no encontró elementos para procesarlo penalmente.
Parecía algo insólito, casi increíble, pero sin descalificar el trabajo de la juzgadora, y aunque se desconoce el contenido del expediente correspondiente, se presume que los captores de los indiciados, soldados y elementos de la Procuraduría General de la República, hicieron el trabajo “con las patas” y por lo tanto, hagan de cuenta que hubo detenciones, pero sin motivo alguno. Que, absurdamente, hubom armas, pero no acopio, tan solo por las irregularidades cometidas en la detención.
Sin embargo, al final de cuentas, así parece, la juzgadora se concentró tanto para determinar la procedencia del auto de soltura, que se olvidó de las armas. Estas se hicieron de humo. Esto es lo que reclama la titular de la SIEDO, Patricia Bugarin e incluso la Procuradora General de la República, Marisela Morales, y en atención a lo cual se inconformaron en contra de dicha resolución.
¿Qué fue lo que pasó con las armas ?
¿De dónde salieron y dónde quedaron ?
¿Por qué razón no las identifican plenamente y dan a conocer a quien pertenecen o si forman parte de las introducidas legalmente en el país bajo el absurdo programa norteamericano “Rápido y furioso”?
Siendo armas de alto poder, obviamente son de las utilizadas en crímenes de alto impacto. Ni modo que hayan estado “vírgenes”, sin uso alguno, como si fuesen piezas de colección.
Definitivamente alguien está mintiendo o deliberadamente omite mencionar todo lo relativo a la procedencia, propiedad, uso y existencia de esas armas.
El periodista Jaime Flores, en su Columna Cicuta, establece la versión de que “…parte del armamento encontrado en la casa de Hank forma parte del incautado por el ejército en distintos hechos delictivos”.
Así mismo, señala que “alguien” tomo algunas de esas pistolas y armas largas para entregárselas a los policías comerciales que el gobierno municipal “renta” a las empresas privadas.
Además observa que “...El gobierno no puede comisionar agentes desarmados” y que “…Al menos dos terceras partes de los guardias de seguridad del Grupo Caliente, son elementos de la Policía comercial”.
Quizás esto explica o justifica en parte la omisión de la mención de las armas largas, que presuntamente encontraron en el domicilio de Hank y, entonces, se diluye el supuesto delito de acopio de armas y se requiere voltear hacia el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gustavo Huerta, e incluso hacia el General Gilberto Landeros, Comandante de la Segunda Zona Militar, para esclarecer el aparente manoseo de armas incautadas.
Imaginen nada más, si un mafioso aduce que requiere protección, le “rentan” policías armados con armas largas y entonces podría decirse que tiene sicarios oficiales a sueldo, con placa y dotados de escopetones de largo alcance.
Esto es sumamente delicado y deben realizarse las investigaciones correspondientes. Posiblemente muchos otros empresarios puedan ser correteados como presuntos autores del delito de acopio de armas, o incluso funcionarios públicos.
Mientras tanto, queda en el aire la pregunta : Y las armas apá…?
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