* APOYADO POR SU AMIGO SANTIAGO CREEL Y EL LÍDER NACIONAL DEL PAN, MARKO CORTÉS.
* ¿Y LA PROMESA DE JAIME BONILLA QUE IRÍA A LA CÁRCEL?.
Por Sergio Anzures.
Aquellos que juraban que Francisco “Kiko” Vega iría a parar a la cárcel, después de dejar la gubernatura en 2019, por acusaciones de supuesta corrupción en su contra, pues, que creen, en 2024 puede ser senador o diputado federal.
Sí “Kiko” irá en la lista del CEN del PAN para senador o diputado federal, gracias a su relación de amistad de años con el influyente diputado federal Santiago Creel Miranda, el hombre más cercano a Marko Cortés, dirigente nacional panista.
Además, “Kiko” Vega apoyó con todo en 2018 a Marko Cortés para ganar la dirigencia nacional del PAN, y en 2021 en su reelección.
En 2019, cuando tomó posesión como gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, una y otra vez aseguró que Francisco “Kiko” Vega acabaría en la cárcel.
¿Qué pasó? Nada nada.
Como se recordará, la administración bonillista denunció al gobierno de “Kiko” Vega por diversos delitos y por la pasividad o protección de la Fiscalía General del Estado encabezada por Guillermo Ruiz Hernández, las investigaciones no avanzaron.
El 5 de mayo del 2020, la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia en contra del gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, ya que “a través de operaciones financieras simuladas con proveedores inexistentes, desvió mil 586 millones de pesos del erario”, de acuerdo a una Revisión Especial que realizó este órgano dependiente del Poder Legislativo de Baja California.
“Se podría llegar a sumar un quebranto total superior a los 2 mil millones de pesos”.
En la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado señala que “los recursos ejercidos del 2014 al 2019 derivan de pagos a más de cien supuestos proveedores a través de 273 operaciones inusuales, gastos que representan cerca del 40% del presupuesto anual de la Secretaría de Salud en la entidad.
La Auditoría Superior del Estado documentó información que podría ser constitutiva de delitos de carácter penal federal, así como del fuero común”.
En el ámbito federal “los delitos que pudieron haber cometido los ex funcionarios son Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En el fuero común serian Enriquecimiento Ilícito, Ejercicio Ilícito del Servicio Público, Abuso de Autoridad, Peculado, Uso Ilícito de Atribuciones y los demás que pudieran ser constitutivos en base a las conductas de los servidores públicos”.
La Auditoría Superior del Estado, órgano dependiente del Poder Legislativo del Estado hizo primeramente “una revisión de trabajos facturados y pagados en el ejercicio fiscal del 2018. En base a los hechos y las irregularidades detectadas la amplió a los ejercicios fiscales del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019”.
Se concluyó que “se observaron en términos generales operaciones inusuales repetitivas que el Ejecutivo del Estado realizó del 2014 al 2019.
Se detectaron prestaciones de servicio sin convocatoria, ni licitaciones a las que están legalmente obligados, sin contratos por la prestación de servicios y sin recepción ni evidencia del servicio prestado.
Derivado de lo anterior fueron cuantificadas 273 operaciones inusuales con 100 proveedores por un monto pagado de mil 586 millones 150 mil 299 pesos.
En las revisiones se encontraron transferencias de recursos a diversas entidades de la Administración Pública Estatal, por cerca de mil millones de pesos, mismos recursos que fueron reintegrados al mismo Ejecutivo, para compensar presuntamente los saldos generados por las múltiples salidas de recursos en el pago de proveedores para las operaciones inusuales denunciadas.
Dos análisis relacionados con la regularización de los vehículos, uno por un monto de 8 millones y otro de 5 millones. Una supuesta evaluación y diagnóstico de los programas de Atención Social por 8 millones; un análisis de las finanzas de ISSSTECALI por 9 millones. Un análisis de los reglamentos internos del Ejecutivo por 11 millones de pesos; el diagnóstico de las finanzas de la entonces Procuraduría General de Justicia por 8 millones de pesos; un estudio de comunicación estratégica por 3 millones de pesos.
Además se pagaron 17 millones 933 mil pesos por concepto de una estructura jurídica y financiera para una línea de crédito hasta 800 millones de pesos para el Gobierno del Estado. En general, por la Gestión de Fondos Federales para el Fortalecimiento Financiero y/o Saneamiento Financiero del Estado, se pagaron aproximadamente 707.6 millones de pesos y por la elaboración de estudios, diagnósticos, asesorías, consultorías, etcétera, un monto aproximado de 438. 3 millones de pesos, entre otros pagos”.
Francisco Vega de Lamadrid sigue a gusto y la Fiscalía General del Estado encabezada por Guillermo “Titi” Ruiz no hizo nada, se asegura que sólo hubo simulación.
Lo único que sucedió fue que la señora Brenda Ruacho, esposa de Francisco Vega de Lamadrid y ex presidenta estatal del DiF del 2013 al 2019, regresara 7 millones de pesos a las arcas estatales.
Lo recordamos también:
El 19 de mayo del 2021, el entonces secretario general de gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano declaró que: “
la ex Presidenta del Sistema DIF Estatal, Brenda Ruacho de Vega, esposa del exgobernador Francisco “Kiko” Vega, depositó a la cuenta del Gobierno del Estado poco más de 6.8 millones de pesos que se robó, con lo que se acogió al acuerdo reparatorio para evitar ir a la cárcel”.
“Se confirma lo que ya habíamos dicho, las pruebas que aportamos en su momento a la Fiscalía General del Estado eran tan contundentes, que la señora esposa de Kiko Vega tuvo que aceptar que cometió un ilícito y regresar lo robado, además de que se desistió del amparo que había promovido; de no haber devuelto el dinero, su único destino era la cárcel”, dijo Rodríguez Lozano al periódico Imparcial.
Explicó que la señora Ruacho de Vega se acogió a lo que contempla el Artículo 16 de la Ley Penal actual que permite la reparación del daño, que en este caso el monto que asciende casi a los 7 millones de pesos, dinero del cual dispuso de manera ilegal y lo depositó a una cuenta personal, recurso que este día tuvo forzosamente que regresar, agrega la publicación del periódico Imparcial, del 20 de mayo del 2021.
Un año antes, el 8 de mayo del 2020, fue cateada la mansión del matrimonio Vega de Lamadrid en Cumbres de Juárez en Tijuana, por la denuncia en contra de la señora Brenda Ruacho.
Brenda Ruacho no tiene ninguna acusación en su contra y en diversas ocasiones sube historias a sus redes sociales, muy sonriente.
En este momento, Francisco Vega se mueve en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN con su amigo Santiago Creel Miranda, para ser senador plurinominal en 2024, o mínimo diputado federal.
En 2013, Santiago Creel fue determinante para que la entonces dirigencia nacional del PAN aceptara la candidatura de Vega de Lamadrid a la gubernatura de Baja California.
En estos momentos, en Baja California, “Kiko” Vega tiene el apoyo de Mario Osuna Jiménez, dirigente estatal del PAN.
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