* LE MANDA A DECIR “NO SEÑOR GOBERNADOR”.
Por Sergio Anzures.
Señoras y señores, estamos ante una situación inédita, algo que no se vivía en Baja California, que dos mandatarios, uno en funciones y una gobernadora electa, del mismo partido, se enfrentaran públicamente.
Se sabía que hubo diferencias desde antes y durante la campaña, pero públicamente demostraron lo contrario, para no afectar a MORENA y el triunfo del pasado seis de junio del presente año, por eso jalaron juntos.
Al terminar la campaña y cuando todos creíamos iniciaba la transición como ocurrió en el 2019, que al ganar Jaime Bonilla Valdez inmediatamente comenzó prácticamente a gobernar y dejó de lado a Francisco Vega de Lamadrid, en este 2021 todo se detuvo.
Catalino Zavala Marquez, quien se pensaba encabezaría la transición por parte del equipo de la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila, por haber sido su coordinador de campaña, fue llamado por el ejecutivo Jaime Bonilla a regresar a la Secretaría de Educación del Estado.
El inicio de la transición estancado. La anterior XXIII Legislatura a disposición del gobernador Jaime Bonilla Valdez, hizo lo que les ordenaba.
El 12 de julio del 2021, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla a través de su secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano presenta la iniciativa de reforma al artículo 70 de la Constitución Política de Baja California para ampliar la gestión del fiscal general del Estado de cinco a nueve años.
Esa iniciativa todavía no se aprueba en comisiones, pero causó controversia en el círculo judicial y político de la entidad.
El 19 de julio del presente año, los diputados de la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, aprobaron en forma unánime, la iniciativa de reforma enviada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, al artículo 11 de la Ley de Entrega y Recepción para el estado de Baja California.
Con lo cual se modifican las reglas de restricción en cuanto a temporalidad con la que la administración saliente se encuentra impedida para entregar concesiones o permisos de bienes de propiedad del Estado.
Es decir, que ahora sí la administración del Estado durante el periodo de noventa días previos al inicio del próximo gobierno estatal o municipales, entrante, podrá otorgar concesión o permiso alguno sobre bienes propiedad del Estado o de algún municipio.
Además se suprime la figura del testigo representante de la administración entrante en los procesos de contratación, adquisiciones, arrendamientos y licitaciones que lleven a cabo las autoridades públicas salientes del gobierno del Estado, municipios, organismos descentralizados de la administración pública estatal y municipal y fideicomisos públicos… solo “serán objeto de un informe especial a las autoridades públicas entrantes”.
Ese dictamen aprobado se encuentra a la espera que sea votada para su aprobación o rechazo en la nueva Legislatura Local.
El 26 de julio del 2021, en la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos se presentó y se aprobó el dictamen número 4, la iniciativa fe reforma a los artículos
1, 14, 15, 17, 19, 20, 52, 57, 67, 91, 101 Y 108, y que adiciona los artículos 122, 123 Y 124 DE LA LEY
que REGLAMENTA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, así como el artículo 38 Bis de la Ley Orgánica de la administración pública del Estado de Baja California.
Es decir, transferir los organismos del agua (CESP) a los municipios de forma inmediata, y en la sesión del Congreso del Estado del 28 de julio fue aprobada por 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención.
Esa aprobación fue publicada el viernes 30 de julio del 2021 en el Periódico Oficial del Estado como Decreto número 289.
Tal transferencia de los organismos del agua a los municipios generó reacciones en contra de especialistas fiscales y en el tema del agua, asegurando que los municipios no están preparados para brindar ese servicio.
Principalmente que la mayoría de los municipios no tienen viabilidad financiera y sus deudas se incrementarán.
No hubo análisis técnicos, ni se tomó en cuenta a los municipios, ni se le presentó en tiempo y forma a los diputados de la anterior Legislatura.
NO A MUNICIPALIZACIÓN DEL AGUA
NO A FISAMEX
NO A FISCAL NUEVE AÑOS
NO AL SAT AUTÓNOMO
La gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila nunca fue informada por el ejecutivo estatal, Jaime Bonilla Valdez, de esas iniciativas, lo supo cuando diputados de la anterior Legislatura le informaron de éstas.
Se mantuvo respetuosa y callada, pero claro que molesta por las formas y porque le están prácticamente quitando poder económico, político, social y de seguridad a su próximo gobierno.
No se va a dejar y esperó el momento preciso y fue la noche del sábado en la toma de posesión de la XXIV Legislatura Local, que a simple vista ella tendrá mayoría controlada.
Acudió por invitación de los diputados locales y respondió a los periodistas, esto dijo:
Que revisarán la reforma presentada por el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, con la que se transfiere el servicio, operación y administración del agua del Estado a los municipios, pues consideró que no era el momento para llevarla acabo.
«Existen muchas posibilidades de que la reforma se caiga porque no se cumplieron con los tiempos y la formas procesales parlamentarias, no se cumple el artículo 115 constitucional”.
Aseguró que la empresa Fisamex se va —encargada de hacer las auditorías a empresas y cobrar sumas millonarias a empresas que no pagaban agua—, “sí vamos a seguir cobrando el agua, lo haremos de manera justa, lo haremos de manera responsable, sin que se pague más pero tampoco menos, sino que se pague lo que se debe del agua, porque es un recurso muy importante y todos debemos pagar”.
Indicó que Fisamex debe responder por no hacer bien su trabajo, está perdiendo las demandas y poniendo en riesgo las finanzas públicas del Estado.
La gobernadora electa dijo estar sorprendida que se presentara este tipo de iniciativas porque ya se encuentran en el periodo de transición.
Y lanzó otro dardo, al anunciar la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, pues Baja California es una de las pocas entidades que no tiene esta secretaría.
Quitarán recursos a la Fiscalía General del Estado para trasladarlo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Reconoció: “tenemos una buena relación con el fiscal general Guillermo Ruiz, siempre ha sido un hombre que sabe escuchar y ha sido un hombre que está haciendo un gran esfuerzo por el tema de seguridad, me parece que este tema lo platicaremos en su momento, lo que sí, él seguiría encargado del área de investigación y el área de seguridad se vendría al ejecutivo”.
Dijo no estar de acuerdo con la ampliación a nueve años de la gestión del fiscal general, que hay un criterio nacional de disminuir a cuatro años la duración del fiscal con derecho a ratificación.
También manifestó que “no son los tiempos ni los momentos para una iniciativa de una autonomía del SAT BC, pues hay diversas situaciones jurídicas que deben revisarse”.
Informó que este lunes 2 de agosto del 2021, inicia la transición legalmente.
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