Por Sergio Anzures.
Diana Gómez Piggeonountt tenía tan solo quince años de edad cuando cursaba el segundo semestre en la Preparatoria Lázaro Cárdenas, turno vespertino y, por las mañanas asistía a clases de natación en la misma institución educativa.
El viernes 8 de junio del 2018, Diana salió de su casa, alrededor de las 10 de la mañana, iba con rumbo a la Prepa Lázaro Cárdenas, a sus clases de natación. Salió de la escuela y desde esa fecha y hora jamás se volvió a saber de ella.
A partir de la denuncia de sus familiares y la constante exigencia del esclarecimiento de los hechos frente a las autoridades que encabezaba Perla Ibarra y Jorge Álvarez, hubo movilizaciones de estudiantes y directivos de la Prepa Lázaro Cárdenas que llegaron a manifestarse en las propias instalaciones de la desaparecida subprocuraduría de justicia, llamando a las autoridades para encontrarla y siempre recibieron la misma respuesta:
“Estamos haciendo todo lo posible por encontrarla”
En septiembre del 2019, Miguel Ángel Guerrero, entonces subprocurador de Investigaciones Especiales de la extinta PGJE, indicó que se encontraban en la etapa final de la investigación. Agregó que estaban recabando todas las pruebas y diligencias del presunto responsable para que el ministerio público, lleve a cabo una posible judicialización y vinculación a proceso. Sin embargo, las pruebas aún no arrojaban resultados favorables, la intercepción de llamadas, geolocalizacion de teléfonos celulares, conversaciones y entrevistas con testigos que realizaban los investigadores era lo que fortalecia la investigación para asegurar al responsable o responsables de su desaparición.
“Un juez decidirá si la persona que nosotros consideramos como sospechosa de su desaparición podrá ser vinculada a proceso y pueda ser aprehendida con las pruebas que aporte la fiscalía, como suficientes para que enfrente un proceso de judicialización” dijo aquel funcionario.
Sin embargo, Diana Piggeonountt hasta antes de noviembre del 2019 no había sido localizada, no se sabía si aún se encontraba con vida, ni tampoco su paradero. La familia, amigos y amigas continuaban exigiendo se localizara y se castigara al responsable de haber cometido algún agravio en contra de ella en caso de comprobarse su muerte.
En diciembre de ese año, el fiscal de la Unidad del Combate a Secuestro de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ricardo Carpio, dijo tener la certeza “que sí podemos resolver ese caso, estamos ciertos que los hechos lamentables que ocurrieron con el caso de esta muchacha no los vamos a dejar impunes”, señaló.
“Conozco la carpeta de investigación y solamente me gustaría poder convencer con esa seguridad que tengo quien es la persona responsable, solamente tenemos que convencer de los mismos a una persona que es un juez”, sostuvo.
En esta línea de tiempo, han transcurrdio mas de dos años y Diana sigue sin ser localizada.
Hoy el Fiscal General del Estado de Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández, quien se encontraba en la Ciudad de Mexico ordenó a Hiram Sánchez, fiscal central convocara a los medios de comunicación para dar a conocer la detención del ahora imputado por el delito de desaparición forzada en agravio de la estudiante de la Preparatoria Lázaro Cárdenas, Diana Piggeonountt de la que aún se desconoce su paradero y que de acuerdo a la carpeta de investigación presentada ante el juez que giró la orden de aprehensión contra Juan Manuel
“el Manuelon”, recae la estrategia jurídica que habrá de enfrentar el ministerio público por conducto de sus fiscales en lo que será uno de los procesos más observados por la sociedad tijuanense.
El valor de las pruebas periciales es clave en esta batalla jurídica que puede dejar en la cárcel al imputado o de lo contrario puede quedar en libertad ante la falta de pruebas científicas que garanticen certeza y seguridad en la relación víctima- victimario, más allá del móvil expuesto en la conferencia y a través de la declaración de los funcionarios de la pasada administración que construyeron con las declaraciones de amigos y amigas de Diana.
Especialistas en Derecho afirman que la estrategia de la Fiscalía es vincularlo a proceso —el lunes se definirá—, por un delito como desaparición forzada mientras reúnen más elementos para acreditarle un posible homicidio o también identificar a más personas relacionadas al hecho criminal, sin embargo, los abogados consultados también suponen que a dos años de haber transcurrido su desaparición, será más difícil acreditar el homicidio en caso de existir, por la falta de pruebas periciales y con tan solo testimoniales, es decir, la evidencia científica que puedan aportar las ciencias forenses será clave en este juicio que puede correr el riesgo de desvanecerse en una estrategia jurídica que habrá de apostarle el todo contra todo para hacerle justicia a Diana.
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