TIJUANA.- El Cabildo de Tijuana aprobó por unanimidad extender el equipamiento para reforzar el sistema integral de seguridad de la ciudad y poner fin al contrato de servicios con la empresa a la que se le concesionó en 2006 la implementación de multas electrónicas.
En sesión extraordinaria, los ediles acordaron poner fin al contrato de prestación de servicios especializados con la empresa Global Corporation Tijuana S. A de C.V a la que el gobierno municipal de hace trece años facultó para instrumentar, administrar y operar las multas electrónicas como parte de su programa de Gobierno Electrónico.
El contrato estipulaba que el XVIII Ayuntamiento de Tijuana, no invertiría recurso alguno en la compra o instalación de cámaras de vigilancia, computadoras y sistemas digitales para la operación del programa, a cambio pagaría el 65 por ciento del recurso obtenido por dichas multas.
Al incumplir con el pago la empresa demandó y ganó al XVIII Ayuntamiento, encabezado por el entonces alcalde Jorge Hank Rhon, el pago de 150 millones de pesos por sus servicios, más el 50 por ciento del cobro de multas estimado en mil 61 millones de pesos, esta última cantidad no fue cubierta y se heredó hasta la presente administración.
Paralelamente el gobierno municipal en 2005 firmó un contrato con Global Sigth SA de CV para la instalación y mantenimiento de diversas tecnologías de monitoreo y atención de emergencias; en 2017, el XXII Ayuntamiento celebró un nuevo contrato para soporte técnico y servicio de mantenimiento a los diversos equipos de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Publica, incumpliendo con el pago de mayo, junio, julio y agosto de 2019 y acumulando una deuda de 35 millones 945 mil 676 pesos.
Gracias a las gestiones de la actual administración se logró convenir con el apoderado legal de ambas empresas, que Global Corporation desista del juicio interpuesto en contra del Ayuntamiento, del cobro los mil 61 millones de pesos por concepto de multas electrónicas y de cualquier otro perjuicio en su contra.
En contraparte el XXIII Ayuntamiento firmará con Global Sigth un nuevo convenio que permitirá la ampliación de equipamiento y se traducirá en mil 500 cámaras de vigilancia adicionales a las ya existentes además de brindar servicio de mantenimiento, al término del contrato el equipo será propiedad del gobierno municipal.
El acuerdo se estableció a siete años por 589 millones, 805 mil 420 pesos y durante la actual administración se cubrirán 50 millones de manera paulatina.
Durante la sesión de Cabildo también se aprobó por unanimidad el nombramiento de la abogada Samanta Lozano Salas como juez del Tribunal Contencioso Administrativo Municipal, misma que tomó protesta ante el cuerpo edilicio de Tijuana.
De igual manera se otorgaron poderes al personal de la consejería jurídica para representar al Ayuntamiento en diversos asuntos judiciales y administrativos.
Se acordaron modificaciones programáticas para alinear diversas paramunicipales y dependencias al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 así como ampliación y disminución presupuestal de egresos para el ejercicio fiscal de 2019.
Un gobierno tolerante
Previo a la votación de la integración de la Comisión permanente de recreación, espectáculos y alcoholes así como la Comisión de Régimen Interno, los ediles del XXIII Ayuntamiento intercambiaron puntos de vista, algunos en desacuerdo, en relación a la forma en que se integró la propuesta.
El presidente municipal, Arturo González Cruz, subrayó que durante su gobierno se ponderará el dialogo y la tolerancia, se respetará la opinión de todas las fuerzas políticas y se tomarán decisiones democrática, por lo que les exhortó a poner el ejemplo conduciéndose de manera respetuosa y sin adjetivos denotativos.
El cuerpo edilicio votó por mayoría para que la Comisión permanente de recreación, espectáculos y alcoholes fuera presidida por el regidor César Adrián González García, como secretaria la regidora Claudia Casas Valdés y como vocales Mónica Juliana Vega Aguirre, José Refugio Cañada, Guadalupe Griselda Flores Huerta, German Gabriel Zambrano Salgado y Luis Antonio Quesada Salas.
La Comisión de Régimen Interno será encabezada por el regidor Refugio Cañada García y Luis Antonio Quezada Salas como secretario, los vocales serán Claudia Casas Valdés, César Adrián González García, Arnulfo Guerrero, Mónica Juliana Vega Aguirre, Miguel Martín Medrano alero, Edna Mireya Pérez Corona y Josué Octavio Gutiérrez Márquez.
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