Se requiere ser verdaderamente estúpido para ordenar una acción de violenta represión en contra de funcionarios del municipio rosaritense y ciudadanos radicados en el poblado de Santa Anita, como la que salió del gobierno de Gilberto Hirata Chico, el pasado viernes cuando personal del VI Ayuntamiento acudieron a ese sitio a realizar una jornada de servicios.
El conflicto de ratificación de límites territoriales que se vive entre los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada, generado por los gobiernos de Ensenada a raíz de la constitución de Rosarito como el quinto municipio de la entidad en 1995, es una muestra clara de su insana ambición de apropiarse de lo que no les corresponde, pues desde que Rosarito era una delegación municipal de Tijuana, su límite territorial es exactamente el que ahora como municipio tiene.
Los alcaldes ensenadenses con el transcurso de los años han buscado por todos los medios robar territorio a Rosarito, solo hay que recordar al sátrapa de Enrique Pelayo, que en un arranque de soberbia idiotez, envió a empleados del municipio a colocar mojoneras y puntos de referencia de los limites, once kilómetros hacia el norte, acción que le fue detenida y desecha por el alcalde en ese entonces de Rosarito, Javier Robles Aguirre.
Hoy, de nueva cuenta los ensenadense a través de su alcalde, cuyo deterioro mental le ha orillado a tomar decisiones que muestran la condición en la que se encuentra su administración gubernamental, sumergida en corrupción, tráfico de influencias e intolerancia, hizo que aflorara el priista represor que vive en él.
Esas flaquezas que han ido degradando su capacidad de razonamiento, no le permiten entender que, Rosarito tiene las facultades jurisdiccionales para llevar a cabo cualquier tipo de acción gubernamental en su territorio, y tal es el caso en el que se encuentra Santa Anita, por lo tanto, la ilegal incursión de represión por parte de elementos de la policía municipal y su brigada blanca de Ensenada durante un acto legítimo del gobierno de Silvano Abarca, fue una acción censurable, fuera de toda razón y delictiva, que debe de ser sancionada por la ley, al ser una grave violación al Estado de Derecho.
Una seria irresponsabilidad e ilegalidad por parte de Gilberto Hirata Chico.
Y mientras tanto, los integrantes de la XXI legislatura, en quienes se encuentra la responsabilidad de ratificar los límites de Rosarito con Ensenada, se la pasan perdiendo el tiempo buscando la fórmula de la inmortalidad del cangrejo, en lugar de resolver lo que es su obligación ejecutar.
Omisos, indolentes y onerosos.
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