Muchos individuos, que gozan de solvencia económica, o sea que son ricos, presumen y se jactan de que el dinero lo puede todo, que abre cualquier puerta, que todo mundo tiene un precio y que nadie se resiste ante una oferta tentadora. Se ostentan y los identifican como influyentes.
Y quizás tengan razón, pues en la administración pública, abundan quienes sueñan con hacerse ricos, con hacer mucho dinero, hasta hartarse y con el mínimo esfuerzo. Se les conoce simplemente como corruptos y deberían estar en la cárcel. Las características de estos personajes, saltan a la vista, cuando trasciende un asunto, no solamente contrario a las disposiciones jurídicas, sino además en contra de la lógica y del sentido común.
Esto es lo que ocurre en el caso de la construcción para expendio de gasolina, en la Calle 4ª o Salvador Díaz Mirón, a unos metros del centro escolar “Alba Roja”, en Tijuana. Otro detalle : al supuesto inflyente y al corrupto : no interesa si el acto indebido, pone en riesgo a terceros o les causan daños. Para ellos, lo que interesa, simplemente, es hacer dinero.
El Reglamento de Usos de Suelo, advierte claramente que para otorgar uso de suelo para la instalación de expendios de gasolina, el predio debe estar ubicado a una distancia mínima de cincuenta metros de centros de concentración masiva, tales como cines, teatros, escuelas, hospitales, estadios deportivos, auditorios, supermercados, o instituciones religiosas. En este caso, la estación de gasolina y los planteles escolares, tan solo estarían separados por el ancho de una vialidad.
El presunto influyente, se llama José Gerardo Alvarez Jiménez, a través de una empresa mercantil denominada Adjasa, S.A. de C.V. Por si no lo conocen, deben saber que es propietario de antros de vicio en la Zona Norte, fue Vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana y es miembro del Grupo Político “Jesús Reyes Heróles”, adherido al PRI. Así es, dice que es priísta.
¿Cómo es que le hizo, para que le permitan construir un expendio de gasolina, a unos metros de planteles educativos? Las especulaciones sobran. Y las sospechas.
Los trámites de autorización de uso de suelo, necesaria para poder edificar dichas instalaciones, los realizó durante los últimos meses del ayuntamiento encabezado por el exalcalde panista Jorge Ramos Hernández. Echen a volar su imaginación.
El 7 de Mayo de 2010, solicitó Dictámen de Factibilidad de Uso de Suelo, especificando que se trataba de una gasolinera. Supuestamente con fecha 4 de mayo -3 días antes de lo solicitado- le respondieron que no era factible. La notificación la recibió el día 15.
El 29 de junio, presenta un recurso de revisión ante el Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal, el cual, el 26 de julio, le resuelve a su favor, declarando nula la resolución negativa y se fija un plazo de cinco días, para que se le otorgue la autorización solicitada. ¡Fabuloso! Los juzgadores le encontraron la “cuadratura al círculo”. Todo, durante los últimos meses de la administración de Ramos Hernández.
Las argumentaciones para emitir dicha resolución, fueron algunas cuestiones de carácter legal, en especial aquella de que la negativa no fue fundada, ni motivada.
Todo esto no había trascendido, porque Alvarez Jiménez, hizo valer la resolución dictada a su favor, hasta la administración del Alcalde Jorge Astiazarán Orcí, de tal forma que hubo quienes sospecharon que funcionarios del XXI Ayuntamiento, accedieron a las propuestas del presunto influyente.
Así es que, cuando inicia la construcción y cunde la preocupación entre maestros y padres de familia de los planteles colindantes, la administración de Astiazarán procedió a la clausura. De inmediato, el empresario acudió a la vía del amparo y logró la suspensión provisional del acto de clausura, lo que le permitió reanudar la obra. El próximo viernes, 30 de enero, se llevará a cabo la audiencia constitucional, en la que podría resolverse este asunto. Si le otorgan el amparo definitivo, casi podría salirse con la suya.
Sin embargo, no está todo perdido. La autoridad municipal puede ejercer una acción de lesividad, para dejar sin efectos la resolución dictada a favor del gasolinero, contemplada en la Ley del Trbunal de lo Contencioso Administrativo, cuando afecten al interés público.
Además, loss maestros y padres de familia, tienen dos posibilidades : el recurrir al amparo, en especial haciendo valer las violaciones a los derechos humanos y el plantarse en las instalaciones en construcción, hasta que se suspenda definitivamente.
Al margen de las disposiciones jurídicas, nadie puede pasar por alto la lógica más elemental. Es criminal colocar una “bomba de tiempo”, junto a una escuela. El argumento simplista de que existen muchos expendios de gasolina en la ciudad y que ninguno ha estallado, no basta. Nadie imaginó que podría ocurrir la tragedia de la guardería ABC, en Hermosillo, donde muchos niños inocentes perdieron la vida y otros quedaron marcados para toda su vida.
Si Alvarez Jiménez persiste en la necedad de instalar la gasolinera, junto al centro escolar “Alba Roja”, simplemente para hincharse de dinero, y si las autoridades no quieren o no puden frenarlo, un movimiento social puede pararlo en seco. Más vale, prevenir, que lamentar. Dí NO a los infuyentes.
gil_lavenants@hotmail.com
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