Ejercer el periodismo, en un sistema político como el mexicano, en el que la corrupción y la impunidad son tan comúnes y desbordantes, es sumamente peligroso, arriesgado. Sobre todo, si instituciones tan importantes, como las encargadas de la procuración y administración de justicia, operan con tantos vicios y “bailan al son que les toquen”.
Por si fuese poco, aún prevalecen los usos y costumbres caciquiles. Los señores de la política y del dinero, mandan y determinan, qué es lo que les conviene y gusta que se publique. Obviamente, aquello que no les incomode.
Los métodos de control del periodismo, son múltiples. Los gobernantes, utilizan los recursos públicos, vía campañas publicitarias oficiales, las que manejan de manera generosa en los medios que les resultan afines, en tanto que castigan o marginan a aquellos que les critican o señalan sus pillerías.
Los hombres del dinero, los empresarios, hacen prácticamente lo mismo. Condicionan el otorgamiento de contratos de publicidad, relativos a sus empresas, a que no se publique nada negativo respecto a ellos y sus negocios.
Esto, independientemente de las acciones de las mafias, que de manera directa o indirecta, velada o abiertamente, intimidan o tratan de intimidar a quienes ejercen el periodismo de manera profesional, seria e independiente. En muchos casos, recurren a privarlos de la vida. Esto último, principalmente en las zonas dominadas por el narcotráfico.
Aunque parezca irónico o absurdo, también existen formas legales, que limitan el ejercicio del periodismo. Tales son las figuras delictivas de la difamación y la calumnia, llamadas también como delitos de prensa, porque comúnmente son los periodistas quienes incurren en estos, cuando se atreven a informar o comentar, los actos bochornosos de políticos frívolos, cínicos y corruptos. Que abundan, a montones.
Ambas figuras delictivas, la difamación y la calumnia, se ubican, en el Título Quinto, relativo a Los Delitos Contra el Honor, del Código Penal vigente en la entidad.
El delito de difamación, por ejemplo, se castiga con prisión de 3 días hasta 2 años o hasta 100 días multa, o ambas sanciones, a juicio del juez.
“La difamación –indica el citado instrumento jurídico- consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física, o persona moral en los casos previstos por la Ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien”.
En pocas palabras, legalmente hablando, está prohibido hablar o escribir de los políticos. Generalmente, sus actuaciones son inmorales e ilícitas. Escribir o hablar de ellos, puede ser considerado difamante, aunque sea un hecho cierto o falso. Incluso, aunque no se haga de manera dolosa, o sea con la intención de causarles daño, sino simplemente por el mero ejercicio del periodismo. Suele ocurrir.
Por cuanto hace al delito de calumnia, se castiga con prisión de 6 meses a 2 años o hasta 100 días multa, o ambas sanciones, a juicio del juez. Generalmente, se sancionará por dicho delito, “al que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa”.
Que se sepa, ningún señalamiento o acusación en contra de un político, no obstante que las pruebas sean evidentes o notorias, va a parar a la cárcel. Las denuncias, son archivadas, nunca se ejerce acción penal en contra de ellos y por lo tanto los señalamientos quedan como simples leyendas urbanas.
Por lo tanto, es relativamente sencillo, que los periodistas incurran en tales delitos. Basta, que algún político se duela del trabajo de algún periodista y reclame ante la instancia correspondiente. Escribir, sin difamar o calumniar a los pillos, es algo casi imposible. Es tanto como caminar al filo de la navaja.
Después de tantas insistencias y reclamos, de parte de los periodistas, este jueves, la Legislatura Estatal inició el procedimiento para desaparecer del Código Penal de Baja California, las figuras delictivas de difamación y calumnias.
La iniciativa al respecto, fue presentada en el pleno, celebrado este jueves en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito, por los diputados Gerardo Alvarez Hernández y Francisco Barraza Chiquete, así como los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Para ello, argumentaron que : “la tipificación de los delitos de calumnia y difamación, también llamados delitos de prensa, como conductas penalmente sancionables, resulta desproporcionado y desmedido, y por ende inhibidor del pleno derecho a la libertad de expresión, que lejos de promover una práctica sana del periodismo, representa un mecanismo que amedrenta su libre práctica y daña la democracia”.
Así mismo, destacaron que “los medios de comunicación, así como quienes laboran para ellos o se dedican de manera independiente a la labor periodística, ocupan un papel de suma importancia en la consolidación de la democracia, ya que son quienes ejercen de manera profesional, la importante labor de mantener informadas a todas las personas sobre los temas de interés público”.
Ojalá que esta propuesta, se haga efectiva. Que en Baja California se ejerza el periodismo, sin el riesgo o amenaza de ir a la cárcel, por señalar o denunciar corruptelas. Si lo logran, los integrantes de la actual Legislatura Estatal abonarán puntos buenos a su favor.
Siendo congruentes, al permitir el libre ejercicio del periodismo, ahora deben pugnar por combatir la corrupción y la impunidad. De poco sirve que se señalen pillerías, si los políticos ladrones siguen haciendo de las suyas, a sabiendas de que no recibirán castigo. El juicio popular, no basta.
gil_lavenants@hotmail.com
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