Algo absurdo y aberrante, ocurre en el municipio de Tecate. Un empresario extranjero, pretende recluir en prisión a un periodista, que en una nota publicada en marzo del 2011, lo refiere involucrado en actos y hechos presuntamente irregulares, en los que se evidencian posibles negociaciones ilícitas y además se queja de que lo llamó “empresario poderoso” y “judío practicante”. Ufff, qué delicado.
El periodista, Francisco Rábago Quezada, Director del Periódico Códice, tuvo la “osadía”, de indagar e informar a los lectores tecatenses, sobre presuntas irregularidades del empresario Daniel José Chait Aurebach, para desalojar de un predio de su propiedad a algunos posesionarios, para instalar un enorme depósito de gas.
Lo que motivó la tarea periodística, no fue el desalojo, sino el desaseado procedimiento para construir dicha negociación. El periodista publicó, en su Códice, el 3 de noviembre de 2010, que la empresa Servigas del Norte, S.A., instalaría una planta de almacenamiento de gas LP, con capacidad de 1 millón de litros, en un predio de 29,776.16 metros, ubicado en una área habitacional, turística y deportiva, en el poblado denominado Paso del Aguila.
Lo absurdo, es que no fue dicha nota informativa, lo que molestó al empresario, sino una nota publicada por dicho periodista, un año después, o sea el 25 de marzo de 2011, en la que se refirió al procedimiento de desalojo de los posesionarios del predio, que se pretendía fuese el acceso principal de la planta de almacenamiento de gas.
En dicha nota, entre otras cosas, el periodista refiere al extranjero como “poderoso empresario” y “judío practicante”. Esto, supuestamente. Le agravió profundamente, pues asevera que lo “descritó” y lo expuso al desprecio ciudadano y que por lo tanto, se configuraba en su perjuicio, el delito de difamación.
Cualquiera puede advertir, que esto es una exageración. Pero algo más que raro, el agente del ministerio público, que atendió la denuncia del extranjero, estimó que sí se configuraba la difamación y ejerció acción penal en contra del periodista tecatense.
El asunto, está en manos del juez penal de Tecate, el cual le dió curso y abrió el proceso correspondiente. Esto ha generado indignación y reclamos de muchos periodistas, que han determinado solidarizarse con el Director de Códice y están al pendiente del procedimiento, pues resulta evidente que, en una población tan pequeña, los empresarios y políticos, aún tienen prácticas caciquiles y las autoridades, en especial las judiciales, ceden a las presiones de los poderosos.
Esta semana, FUNDALEX, o sea la Fundación para la Libertad de Expresión, capítulo Baja California, se pronunció a favor del periodista tecatense, al considerar que la acusación en su contra, representa una violación a uno de los derechos humanos fundamentales, consagrados en la Constitución General de México, y urgió a los legisladores locales a destrabar la despenalización de los delitos contra el honor, por ser utilizados como un instrumento de presión a la labor de informar a la sociedad.
Conforme al artículo 6 de la Constitución mexicana : “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Por lo tanto, los delitos de difamación y calumnias, en la legislación bajacaliforniana, en el caso concreto de las labores periodísticas, son anticonstitucionales y por lo tanto deben ser eliminados.
Esto se fortalece, por lo dispuesto en el artículo 7 constitucional, que señala : “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”.
Apenas el pasado 30 de abril, del año en curso, Article 19, organización independiente de Derechos Humanos, que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, publicó un interesante trabajo, en el que denuncia, que : “En Baja California, los delitos contra el honor –difamación y calumnia- son utilizados por políticos, empresarios y funcionarios públicos, para tratar de inhibir la labor informativa que realizan medios de comunicación y periodistas locales”.
De manera especial, relata el caso del Director de Códice de Tecate, pero también hace mención de varios más, relativos a periodistas bajacalifornianos, que han sido denunciados por difamación y calumnias.
Recuerda, que en el informe A/HRC/17/27/Add.3, sobre la Misión de México de 2010, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, de la ONU, publicado en mayo de 2011, recomendó al Estado Mexicano “derogar los tipos penales que criminalizan la expresión en los códigos penales estatales, así como no recurrir a otras figuras penales, para reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión”.
En el artículo 185 del Código Penal local, se precisa, que : “La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se hace a otra persona física, o persona moral en los casos previstos por la Ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien”.
Que quede claro, ni los periodistas comunican dolosamente, ni los malafama, políticos, funcionarios o empresarios, pueden ser difamados. Esto es tan aberrante, que habiendo tantos corruptos, ser periodista, estaría prohibido, legalmente. Vergüenza deberían tener, para dejar de quejarse por supuesta difamación. Ni la burla perdonan.
gil_lavenants@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario