* Solicita a la Cámara de Senadores modificar dictamen
MEXICALI.- Con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el Diputado Estatal, Mario Osuna Jiménez, presentó hoy un punto de acuerdo en el Congreso Estatal a fin de exhortar a la Cámara de Senadores para que se modifique el dictamen sobre el seguro de desempleo, con el objetivo de evitar que se disminuya el fondo para la vivienda de los trabajadores.
Ante el pleno de la Legislatura Estatal, Mario Osuna dijo que en uso de las facultades previstas en los artículos 110 fracción III, 114 y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, nos permitimos presentar ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo.
Recordó que el pasado 18 de marzo del 2014, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal y se realizan diversas reforma para crear el Seguro de Desempleo, mismo que fue aprobado por 287 votos a favor y con 177 votos en contra principalmente de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRD, turnándose así a la Cámara de Senadores para efecto de realizar su función como Cámara revisora.
Destacó que “la llamada Pensión Universal tiene como finalidad garantizar una vejez digna a las personas adultas mayores, apoyándolas económicamente con un monto mensual que en un principio será de 580 pesos mensuales”.
“El seguro de desempleo aprobado en la iniciativa, busca garantizar a todos los trabajadores del sector formal que se encuentren en situación de desempleo, un mecanismo que evite el detrimento en la calidad de vida de sus familias y que les permita reinsertarse al mercado laboral lo antes posible”, dijo.
De acuerdo a la información, se establece que para hacer frente a los conflictos económicos que la situación de desempleo implica, dicho seguro consistirá en un máximo de seis pagos mensuales: el primer pago será por un monto de hasta el 60% del último sueldo devengado por el trabajador; el segundo pago por el 50%; y 4 pagos más por el 40%.
Manifestó que “los recursos para financiar dicha propuesta provendrían en primer término de la llamada Subcuenta Mixta de vivienda y solo en caso de que el saldo disponible del desempleado no sea suficiente, se utilizarán los recursos del fondo solidario, aunque cabe señalar que la prestación sólo podría recibirse una vez dentro de un periodo de cinco años”.
Advirtió que “la propuesta tiene el objetivo de ajustar el monto de las aportaciones patronales reduciéndolas al 2% sobre el salario de los trabajadores para su abono en la subcuenta de vivienda de la cuenta individual correspondiente, con ello el gobierno federal se muestra insensible a la necesidad básica que representa la vivienda, pues pretende que el financiamiento de esta prestación y los gastos administrativos sean cubiertos mediante recursos obtenidos de la cuota obligatoria a cargo del patrón, que actualmente es el 5% del salario del trabajador y es destinado al Fondo Nacional de la Vivienda”.
Insistió que esta reforma reduciría la aportación del trabajador en un 60%, lo cual de ninguna forma puede ser positivo, pues la máxima estabilidad que puede pretender una persona, es tener un techo adecuado para protegerse a sí, a su familia y sus bienes.
Sostuvo que además esta iniciativa contiene inconsistencias que vulneran el mismo precepto que busca consolidar, tiene implicaciones aún más graves para los trabajadores, ya que el esquema de financiamiento de este seguro afecta significativamente al derecho a la vivienda que también está establecido en la Constitución, es decir, se trataría de implementar un nuevo derecho en detrimento de otro, lo que no significa avance alguno en materia de seguridad social.
De aprobarse en los términos planteados, los Bajacalifornianos no podrán reunir la cantidad de crédito necesario para pagar el 40% de una casa de interés social y además, tendrían que pagar mensualidades más elevadas por sus créditos, ya que las aportaciones al fondo con las que se paga parte del crédito disminuirían del 5 al 2% de su salario, advirtió el Legislador del PAN.
Aclaró que el seguro de desempleo se financiaría con los recursos de los propios trabajadores, lo que lo convierte en un auto seguro obligatorio y por lo tanto nada tiene que ver con la seguridad social; es como si se obligara a los trabajadores a contratar un seguro de vida con sus propios recursos y se pusiera en la Constitución como un derecho, lo que en realidad sería una obligación.
Mario Osuna manifestó que “los Diputados del PAN estamos totalmente a favor del Seguro de Desempleo, pero estamos en contra de que se haga con cargo al ahorro de los trabajadores, queremos que sea financiado con recursos fiscales como fue la promesa del gobierno federal en el marco de las iniciativas de reforma fiscal y la de reforma energética, que en teoría deberían brindar un soporte económico suficiente para sufragar estas necesidades y no comprometiendo el escaso ahorro de los trabajadores en su fondo de su vivienda.
No obstante, expuso que el Programa de Pensión Universal y el Seguro de Desempleo son propuestas que en Acción Nacional hemos promovido desde hace varios años, forman parte de nuestra agenda legislativa y representan la continuidad del modelo de apoyo social moderno que impulsó el PAN como gobierno durante 12 años, a través de programas como el Seguro Popular, Oportunidades y 70 y más.
Por eso, dijo, expuestos los términos bajo los que se quieren aprobar estas reformas en el centro del país, “quiero afirmar nuestro total rechazo al dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados en los términos planteados, Todos los trabajadores tienen derecho a una pensión digna y a un seguro de desempleo suficiente y real”.
Reiteró el llamado al Congreso del Estado de Baja California para “velar por restablecer el equilibrio perdido ante una pésima Reforma Fiscal, que lejos de beneficiar a los más necesitados, cobra impuestos excesivos como el IVA, totalmente contrarios a la vocación internacional de nuestra región, situación que está dañando nuestra capacidad adquisitiva y nuestra competitividad fronteriza”.
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