Una de las áreas que más presume el alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, como lo mejor de su gestión administrativa, lo es la de seguridad pública. Independientemente de que muchos tijuanenses no creen que esto sea cierto, resulta difícil creerlo, si una de las instituciones municipales, más señalada por abusos y actos de corrupción, lo es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a cargo de Alberto Capella Ibarra.
Una persona, de todas las confianzas del columnista, reveló que recientemente hubo una reunión de mandos policiacos, encabezados por Capella, en la que les dió instrucciones tajantes en el sentido de que a partir de ese día, todas las patrullas deberían circular exclusivamente por las principales vialidades, con sirena y códigos encendidos, para aparentar que andaban trabajando al 100%, atendiendo los reclamos ciudadanos.
Cuentan que uno de los jefes, pidió hacer uso de la voz para decirle a Capella que eso era un absurdo, pues donde requerían de la presencia policiaca era en las colonias de la periferia, donde se registraban el mayor número de incidentes delictivos, y era una pérdida de tiempo circular exclusivamente por las principales vialidades.
Dicen que Capella, en tono enérgico, obvio molesto, para que no quedara dudas, no solamente de que el jefe manda y que sus instrucciones deben obedecerse, por absurdas que parezcan, le advirtió: “Me vale gorro. Circulan por las principales vialidades, con sirena y códigos encendidos”.
Esto, ya es del conocimiento del alcalde electo, Jorge Astiazarán Orcí, quien, durante su campaña y también luego de las elecciones, ha estado recibiendo todo tipo de denuncias en torno a las corruptelas que se dan en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y, por lo tanto, está plenamente convencido de que Capella no puede seguir al frente de la misma, durante la gestión del XXI Ayuntamiento.
Bueno, le han dicho hasta que se les fija un número de detenidos por patrulla y que para cumplir con esa consigna, recorren la ciudad y “levantan” –y cargan en la caja de los pick up habilitados como patrullas- a todo aquel que se topan en el camino, bajo el supuesto de que “no demuestran su manera honesta de vivir”. ¿Y cómo lo van a demostrar, si la mayoría de los detenidos, son desempleados y visten ropas modestas o sucias?.
Viene al caso comentar esto porque, el día de ayer, vía correo electrónico, el columnista recibió una denuncia de corruptelas, “con pelos y señales”, de supuestos peritos de la Sección de Hechos de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, o sea los que acuden a atender los accidentes automovilísticos, tratando de deslindar responsables.
En la misma, señalan como principal protagonista, actor o responsable, al jefe de dicha Sección, a quien identifican como Hugo Fernando Ramírez Gómez, auxiliado por un jovenzuelo de nombre Abraham Contreras Laguna, quien, supuestamente, es el encargado de cobrar las cuotas que están obligados a cubrir los peritos -$300.00 pesos semanales, cada uno de los 60 peritos, o sea un ingreso de 18 mil pesos- así como los que cubren las empresas transportistas para deslindarlos de responsabilidades en casos de accidentes de tránsito, o sea para responsabilizar a los particulares y lo que aportan las empresas de grúas por cada vehículo que recogen durante los operativos de los alcoholímetros. El negocio es en grande.
Dicen, que el tal Hugo, pregona tener una inmunidad que le otorga el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella Ibarra, así como Julián Domínguez Arce, actual director de la Policía Comercial, quien es uno de los probables sucesores de Capella. Luego detallan los lujos del Jefe de la Sección, que no se justifican con un sueldo de apenas 13 mil pesos catorcenales.
Entonces, mencionan en qué consisten las corruptelas. A los peritos, para permitirles serlo, de lo contrario los asigna a otras áreas, menos remunerativas. A las empresas de transporte, de todo tipo, a cambio de favorecerlas en casos de accidentes de tránsito. A las grúas, por el arrastre de vehículos en los operativos del alcoholímetro.
Y dan la lista y montos de los supuestos cobros: Transportes Azul y Blanco, 10 mil pesos mensuales. Transportes de personal Alo, 10 mil pesos mensuales. La compañía Star Gas, 8 mil pesos mensuales. Dizque le expide factura por supuesta asesoría. Un comerciante del mercado de abastos Benito Juárez, propietario de una distribuidora de productos, Guga, una cuota mensual no determinada.
Así mismo, varios yonkes de La Mesa. Una empresa de transportes, Jefa, distribuidora de una empresa de autoservicio, 5 mil pesos mensuales. Un comerciante de la Central de Abastos, ubicada en el Boulevard Benítez, El Charal, 3 mil pesos mensuales, debido a que sus unidades no cuentan con seguro, ni sus choferes licencia de conducir.
Y muchos otros, como una aseguradora, las empresas remolcadoras, Grúas Hermanos Castro, S.A. de C.V., Grúas Olmos, Grúas Martínez, Grúas Cajeme y Grúas y Arrastres de Tijuana. Esto explica el por qué los automovilistas siempre pierden en los accidentes.
Esto es una denuncia anónima y por lo tanto queda en meras suposiciones. Pero como dicen: “cuando el río suena, es que agua lleva”. De ser cierto, podría decirse que ésta, es la dependencia más corrupta.
No es difícil corroborar esta denuncia. Es más, coincide en muchas cosas con las que ha recibido el Dr. Jorge Astiazarán. Lo lamentable sería que a quien designe como titular de la SSPM, que será un miembro de “la tropa”, esté involucrado en todo esto.
Y nada de aquello de que “para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo”. Un corrupto, nunca va a combatir la corrupción. La fomentará.
gil_lavenants@hotmail.com
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