Históricamente hoy Baja California pone a su ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán y al alcalde de Tijuana, Carlos Walterio Bustamante Anchondo frente a un juicio político a pulso merecido aunque sin tribunal imparcial.
Que sería más histórico ¿que se demandara a juicio político a los 5 alcaldes de BC incluido el gobernador por vez primera todos los gobiernos, o que de todos ninguno proceda?
La condena social en Baja California parece sentenciar el fin de sus malos gobernantes, delincuentes sin cárcel, criminales sin castigo, además del blindaje del fuero, protegidos por chalecos “antiperiodicazos” que venden impunidad a imagen pública y auto amordazan temas exhibidos a través del medio social, el dominio estadístico, la irrefutable comidilla de letras y la obviedad que no circula en algunos medios.
La tangibilidad del materialismo no oculta lo que muchos medios precedidos por contratos políticos ofrecen como producto a sus lectores extrayendo la verdad y ofreciendo un abstractismo.
Lo que no se ve ni se transparenta son las cuentas en los bancos, la “fuga” de dineros del pueblo, ducto político por sistema, en cambio residencias, ropa de lujo, autos, e inversiones revelan no solo en los malos gobernantes los buenos resultados a su causa sino los pésimos al erario público.
El vomito de tanta corrupción regado entre su andar ni es pestilente, ni ofende y por el contrario, es lavado por los contratistas del silencio, aquellos que hoy no pueden callar expulsando su pusilánime concepto.
El Gobernador y alcalde de Tijuana encabezan demandas que el Congreso local acepto y dio entrada, una de ellas contra José Guadalupe Osuna Millán, y dos en contra del aun alcalde Tijuanense que llaman la atención por dos cosas.
De acuerdo a la Reforma de estado tras el advenimiento de un legado jurídico de la UNAM en 2009 entregada al Senado, el omnipotente, el intocable e inviolable para un juicio político de procedencia es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
El rubro de "Responsabilidad política del Presidente de la República y de los altos mandos del Poder Ejecutivo federal" propone "restablecer la responsabilidad política del Presidente en los términos ya señalados en la Constitución de 1857 por violación grave a la Constitución.
Esta deberá reintegrarse expresamente en el artículo 108 y contemplarse en los demás preceptos del título IV del texto constitucional, como supuesto de hecho para que las cámaras del Congreso de la Unión sujeten al presidente a un juicio político que puede conducir a su remoción"
La investigación jurídica de la UNAM propone además, depurar el título IV de la Constitución denominado "De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado" en lo concerniente con el fuero constitucional de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo para establecer que sólo los secretarios de despacho gozarán del mismo como prerrogativa para el ejercicio de sus funciones.
El recinto legislativo de Mexicali, recién estrenado por los nuevos Congresistas, parece una “Fabrica procesadora de malos políticos” cambiados por mejores sin notarse un cambio. “Los malos”, son descubiertos fuera de tiempo y lugar, entre los “pasillos del poder” por los que igual que sus antecesores pasaran lista antes, para demostrar su cargo y justificar su macro salario, después para ser protagonistas y reafirmar un “hueso” y al final, terminar en la banca de atrás tratando de protegerse como los otros lo hicieron a costa propia, un sistema reciclable.
En el contexto de la demandas contra el ex gobernador Osuna Millán, que lejos de la política en este momento de vacaciones familiares disfrutando lo que ganó en estricto sentido literal para ocultar lo robado “metafóricamente”, una lejana sombra de acecho, empezara a diluirse antes que crecer bajo la lupa.
Contra el “gober” sus denunciantes son: Margarito Villanueva Rodríguez, y Karla Vanessa Silva, las causas: Represiones en contra de la asociación civil Anapromex, a la cual incautaron vehículos, realizaron cateos a sus diversas oficinas, e incluso los privaron de su libertad.
Era más fuerte y contundente formular el genocidio del penal de la Mesa episodio sangriento en 2008, sobraban fundamentos que separo el archivo y la memoria…
Nada que temer, mucho que desgastar, invertir y carpetear…
En cambio, en contra del edil de la “Tijuana con orden” , una de las denuncias proviene de María Pérez Vallejo por “violentar sus garantías e incurrir en actos y omisiones que perjudican el medio ambiente de los habitantes de Tijuana”. aquí la formula política para “desvanecer” un intento de Juicio político, cuya vía invariable hasta hoy, es la negociación política, podría convertirse en un arma de doble filo, pues se puede multiplicar la demanda e igual pruebas, testimoniales y documentales que sobran como evidencia.
Obvia aceptar la mano política detrás de esta y la siguiente demanda contra Bustamante Anchondo
La otra denuncia en contra del Edil tijuanense fue presentada ante el Congreso local por la ciudadana María Teresa Pérez Vallejo, “por incurrir en ejercicio de sus funciones de servidor público, en actos y omisiones al causarle un daño psicológico en su calidad de activista defensora de los derechos humanos, al generarle hostigamiento.
Si los “jefes” no serán tocados ni por el aire adverso, menos sus “achichincles” Ni Francisco A. García Burgos, ex secretario de gobierno del Estado, ni el jefe de recursos humanos, ni alcalde, ni todo el Ayuntamiento de Mexicali ni mucho menos el Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado, dejaran de dormir por la leve contusión de un “golpecillo” mal dado.
Seria inédito que provocara un solo caso en Baja California, la realidad de un juicio político que existe solo en teoría
Como hoy, antes y con más fuerza y elementos, al Juicio político pasaron lista y se retiraron, a nivel ex gobernadores Walter Elorduy, Ernesto Ruffo Appel, a nivel alcaldes de Tijuana, Jorge Ramos, Manuel González, la síndica procuradora Yolanda Enríquez, y faltaría agregar esperadas denuncias contra Urbalejo Cinco, Enrique Pelayo Torres y Javier Robles, de Tecate, Ensenada y Rosarito pésimos alcaldes administradores de deudas obligados a endeudarse y de ahí saquear el presupuesto.
AL SILENCIO…Por esa línea que se va adelgazando hasta perder su propio nombre…pasa todo y… ¡no pasa nada!
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