* Clínicas privadas en la frontera cooptadas por funcionarios públicos y políticos, se convierten en nexos de traficantes de órganos, en otros casos existen “rastreo de muertos no identificados” de la sala de necropsia a forense y de ahí…(?)
Por Miguel Rojas Salazar
Tijuana B.C.-El desempleo, la infra pobreza, el hambre y las necesidades mínimas de sobrevivencia humana detonan en una explotación capitalizada por traficantes de órganos que van desde “contactos” “canalizadores” hasta médicos corruptos bajo proteccionismo político, merced a una exportación ilícita al mercado Norteamericano, que derrama más de 100 millones de dólares mensuales.
En Baja California el mercado clandestino de tráfico de órganos se da o como “cautivo” o como “exportador”, desde el contacto a pacientes necesitados económicamente que padecen enfermedades mentales, en cadáveres no reclamados que van a la morgue y encubiertos en la necropsia son “saqueados” antes de borrar huellas del ilícito en la fosa común o cremadora.
Los otros casos, son personas “contratadas” de varios puntos de la Republica Mexicana, para ser “operadas” en clínicas privadas donde su estado físico es bueno, y su enfermedad es únicamente el grave padecimiento de la infra pobreza.
La oferta y la demanda crecen hasta convertirse en millonaria Industria de órganos “blindada”
Tres médicos de cuyas evidencias reservamos el derecho y reserva legal de revelar la fuente, han encontrado indicios suficientes para denunciar penalmente el delito de asociación delictuosa con el que delinquen algunas clínicas privadas integrantes de una red de tráfico de órganos operado en complicidad de funcionarios de salud de gobierno del estado, con anuencia de prestigiosas clínicas privadas donde trabajan o mantienen contactos estratégicos.
Ninguna denuncia de este tipo-revelaron- es permitida si no se remite a la autoridad de salud del estado y se entera y monitorea el caso el propio gobernador, a través de fiscales especiales “creados” para “inhibir” la denuncia o amenazar, lo que limita el seguimiento. Una conexión o “sucursal” de tráfico de órganos esta en el DF. el CMN 20 de Noviembre.
A la doctora Guadalupe Virginia Jiménez, quien denunció públicamente el presunto tráfico de órganos y robo de medicamentos biológicos de alto costo en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, además de amenazas, por cuya acusación en la Procuraduría General de la República resultó en una orden de presentación para el director del hospital y una alta funcionaria del mismo, terminó lejos de su residencia en 2011 silenciada su queja y anónima su voz…
Dos personas que fueron entrevistadas por los médicos, tras presentar secuelas por desprenderse de sus órganos estando sanos, revelaron que recibieron entre tres mil y cinco mil dólares a cambio de entregar su riñón, a quienes tramitaron visa temporal por atención médica urgente a California Estados Unidos, donde se “desvanece” legalmente la oferta y la demanda ilícita de tráfico de órganos que penaliza el código penal en su Universalidad jurídica.
Los protegidos desde la fiscalía especial de estado
No es la primera vez, ni la única, ni será la última, lo que sí es cierto que las recurrentes denuncias en contra del secretario de salud en Baja California Dr. José Guadalupe Bustamante Moreno y Mirna Rincón, se difuminan en la antesala de la instancia investigadora, nunca han rebasado esa etapa, e incluso, parece más un efecto “solapador” de diputados y autoridades por la influencia del gobernador Osuna Millán que una seriedad a prueba de edificar la verdad.
La penúltima demanda en contra del titular del sector salud el 18 de abril del año en curso Alejandro Vizcarra, presidente de la Asociación de Trasplantados y Enfermos Renales (Tiromet), había denunciado tráfico de órganos además de calificar como cínico al secretario de Salud en Baja California.
Y para inhibir mas demandas y criticas higienizando su “puerto” moral el Dr. José Guadalupe Osuna Millán, cuya dependencia es la que más ha gastado en el sexenio por terminar, por encima de 5 mil millones de pesos anuales, defendió su caso amenazando con demandar por la vía penal, en vez de transparentar los hechos a quien “difame” o “calumnie”, finalmente dos “recetas” que la justicia utiliza como arma maestra cuando de defender a un funcionario de alto o mediano nivel se trata, el sistemático recurso del gobernador panista tejiendo con su propia mano la corrupción y tráfico de influencia para abogar por su gabinete, manipulando y “privatizando” el aparato de justicia que se sostiene del erario.
La denuncia de Tiromet el reciente mes pasado, acusa en voz de Alejandro Vizcarra quien preside la Asociación de Trasplantados y Enfermos Renales, la existencia del tráfico de órganos, grave y delicadísima por tanto “congelada”, “inhibida”, “amenazada” denuncia que entrevé la presencia de la Procuraduría de Justicia del estado nuevamente como abogado personal del gobernante en turno, para litigar en contra de quienes deben ser defendidos como ciudadanos o civiles desde la antesala en que se convierte el ministerio publico que es “la representación social” e inicia el proceso a través de una averiguación previa.
La Ley de Donación y Trasplante de Riñón establece que para que se dé una donación de órganos entre vivos tiene que existir una declaración firmada ante un notario donde el donante acredita que lo hace de forma voluntaria y sin recibir nada a cambio. Esto, como es evidente, no ha ocurrido en muchos casos.
Evidentemente tras ser amenazado Alejandro Vizcarra deformo o transformó su querella litigada en los medios, fue presionado políticamente a la altura de la magnitud de su dicho, le deparaba un hecho impredecible, pues nadie ni todos los días enfrenta a un secretario de salud y al gobierno que lo “contrato”, menos cuando vincula una acción corrupta e ilegal rotundamente botón para hacer explotar un escándalo político.
Su argumento y pruebas fueron aterciopelados reduciendo la “presumible” bomba a un cohete cebado…
Aseguró que nunca acusó al secretario de Salud, de tráfico de órganos.-sic-
Explicó que entre 2009 y 2010, le solicitaron claridad sobre la distribución de órganos.
“No quiero dejar de decir que ese señor Bustamante, con el apoyo y la gran amistad con el Presidente Calderón, pues se sentía intocable, hasta las fechas, porque lo que nosotros dijimos era exactamente que queríamos que hubiera una transparencia en distribución de órganos, porque inclusive a nivel nacional se hablaba de tráfico de órganos y tengo yo los documentos que así lo avalan” expresaría a posteriori a un medio.
Cuestionó que Bustamante Moreno, asegure que con 100 millones de pesos puedan salvarse los enfermos hospitalizados.
“¡¿Cómo es posible este señor que con 100 millones de pesos puede él solucionar el problema de tantos enfermos?¡”
Vizcarra, había enviado una carta dirigida al Gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, refiriendo el contexto que interviniera ante el Secretario de Salud, José Guadalupe Bustamante, quien se resiste a ordenar que se atienda a los enfermos renales.
Días después, en los mismos medios, y no como correspondía ante las autoridades competentes, Bustamante Moreno exigió a Vizcarra se disculpara públicamente por su acusación de tráfico de órganos.
Ni la PGJE, ni el demandante, ni el demandado, ni mucho menos el gobernador dio curso a la denuncia y solo quedo en aras de producir un escalofrío político más que escándalo público.
Mirna Rincón otra protegida de Osuna Millán
A inicio de abril del 2013 el contralor Edgardo Contreras Rodríguez revelo una investigación sobre una presunta red de extorsión al interior del programa del Seguro Popular en Baja , igual que las anteriores denuncias “congeladas” por ordenes del “patrón” de los abogados de estado.
La indagatoria incluye a la Directora del programa, Mirna Rincón Vargas, y a otros cuatro funcionarios y ex funcionarios.
Luis Enrique Díaz Félix, ex Alcalde de Playas de Rosarito; Alejandro Bravo; Bruno Roldán Melo y Enrique Gallardo, de quienes no se reveló cargo fueron denunciados por desvío de fondos y abuso de confianza
La denuncia 226/12/MXL inició por un ex proveedor que se quejó de la extorsión, su declaración especifica que servidores públicos cobraron un porcentaje por contratos que se celebraron con proveedores de servicios, la misma es respaldada y ampliada por otra persona en igual circunstancia.
La denuncia ciudadana advirtió que funcionarios del Seguro Popular cobraban un porcentaje por los contratos celebrados con proveedores.
Los proveedores que pagaban la extorsión podían seguir surtiendo de insumos al programa, con partidas estimadas entre 3 mil y hasta 30 mil pesos mensuales.
Como se sabe las faltas administrativas que se pudieran imputar por desvío de fondos y abuso de confianza, son sanciones que van desde amonestación hasta una suspensión administrativa, inhabilitación de hasta 10 años o una destitución del cargo, lo que es utopía en el presente sexenio no se ha dado a ningún funcionario Osunista, por el contrario ha sido “carpetazo” oficial.
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