Muchas zonas provincianas de la República Mexicana, aunque parezca insólito, viven dominadas por cacicazgos, a cargo de invidiuos que se creen dueños de bienes y vidas en las regiones bajo su dominio. Para ellos, la ley es su capricho, su soberbia, su voluntad. La norma jurídica se la pasan por donde gusten. Así son la mayoría de los políticos rancheros.
Se entiende, aunque no se justifica, que la ignorancia y el poder económico que ostentan, les hace sentirse seres superiores, semidioses, mandones. Piensan o suponen, que los demás están obligados a obedecerlos, sin cuestionarlos de manera alguna. Como dicen por ahí, sin chistar. ¡Faltaba más!
Baja California, aunque está lejos de la capital del país y tiene zonas agrícolas o ganaderas, no es propiamente una entidad provinciana, de esas, como hay en el país, donde sus habitantes andan sin zapatos o en el mejor de los casos con huaraches hechos con suela de llanta.
Aquí hay universidades, la mayoría de sus residentes poseen automóvil o bien utilizan el transporte público para acudir al trabajo o a la escuela. Los burros, solamente los disfrazados de cebras que tienen en la Avenida Revolución de Tijuana. Indígenas, prácticamente sólo las que venden sus artesanías. Dicho esto con todo respeto.
Pero…¿Caciques? ¿Políticos rancheros?
Pues, aunque parezca increíble, los hay. Unos cobran en el Poder Legislativo y otros en el Ejecutivo. Para ellos, sólo sus “chicharrones truenan”.
Esto quedó perfectamente claro con la creación del llamado Instituto de Ciencias Forenses, el llamado “franquestein” del diputado panista Ricardo Magaña Mosqueda. Este flamante legislador que, aunque dice que estudió la Licenciatura en Derecho, ha de haber ido de noche a la universidad, cuando las aulas ya estaban cerradas.
En estos momentos, está prohibido morirse en Baja California, pues no existe ningún médico legista que dictamine las causas del fallecimiento y que expida el certificado de defunción. Es lo mínimo que debería hacer el citado diputado, expedir un decreto para prohibir fallecimientos, hasta nuevo aviso.
Una cosa es el manejo de los recursos materiales, económicos y humanos con los que el Tribunal Superior de Justicia del Estado operaba el Servicio Médico Forense, cuya transferencia se pretende llevar a cabo esta misma semana. Acusaban a la Lic. María Esther Rentería Ibarra, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, del desgarriate que causaron, dizque porque se negaba a entregarles el Semefo, cuando que ni siquiera se lo habían solicitado.
Incluso, el Diputado Magaña, amenazó con promoverle juicio político a la representante del Poder Judicial, si se negaba a hacer entrega del Semefo o si se gastaba un cinco del presupuesto, presuntamente aprobado para dicho servicio. Obviamente, no entiende nada de esto. Su única intervención en la aprobación de los presupuestos, fue la de levantar el dedo.
Debería saber, que en el presupuesto del Poder Judicial, no hay recursos etiquetados para el Semefo y, sobre todo, que cuando fue aprobado, el Semefo ya era parte del llamado Instituto de Ciencias Forenses, dependiente del Ejecutivo del Estado. Pero en fin, parece que es mucho pedirle, que entienda de estas cosas.
El verdadero o más grave problema, es de carácter jurídico y consiste en que por efectos del súbito inicio de vigencia de la ley que crea el mentado Instituto de Ciencias Forenses, 24 horas después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, de un plumazo desaparecieron los médicos legistas, así como los peritos privados, auxiliares de la administración de justicia. Pero los señores caciques no se han dado cuenta de ello.
El objeto del citado Instituto, es la elaboración y emisión de dictámenes periciales, en apego a los avances de la ciencia y la técnica, así como evaluiar y certificar a los peritos en materias diversas. Los médicos legistas, son peritos en materia penal, encargados de dictaminar causas de fallecimiento y expedir el correspondiente certificado de defunción.
Los legistas dependían del Tribunal Superior de Justicia. Al crearse el Instituto, también se derogó el apartado de la Ley Orgánica del Tribunal, que regulaba el Servicio Médico Forense. Ahora dependen del Instituto. El problema es que en estos momentos aún no está en condiciones de evaluarlos y certificarlos. Y por lo que respecta a los peritos privados, se debe publicar una convocatoria, para que acudan los interesados a cubrir el procedimiento para ello.
Los políticos rancheros, no entienden de estas cosas. Suponen que “por sus pistolas”, quienes laboraban como Médicos Legistas al servicio del Tribunal Superior de Justicia, así como los peritos privados certificados en el 2012, seguirán con tal carácter en el 2013, cuando que la propia ley lo prohíbe.
Pero explicar a los ignorantes y necios, es perder el tiempo. Esto lo tendrán que reconocer cuando los jueces penales, o los jueces de amparo, determinen la liberación de delincuentes, al carecer de validez las periciales elaboradas por doctores que ya no son médicos legistas. Y entonces, ni “por sus pistolas” los podrán mantener en prisión o reaprehenderlos.
Por cierto, ayer el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, acordó interponer recurso de controversia constitucional, para dejar sin efecto la ley que crea el Instituto de Ciencias Forenses. Una resolución federal podría decirles a los políticos rancheros de Baja California, que los cacicazgos ya son cosa del pasado.
Que estudien, o al menos que contraten asesores. Ambas cosas les hacen falta. Lo de necios, ni volviendo a nacer.
gil_lavenants@hotmail.com
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