Los políticos en el poder, nunca han resistido la tentación de ejercer el poder precisamente contra sus rivales polticos. Tienen en sus manos una institución encargada de investigar y perseguir a los presuntos delincuentes. Casi todos los políticos, tienen “cola” que les pisen. Las posibilidades son muchas y la tarea es sencilla.
Las procuradurías de justicia, son las instituciones más ineficientes en el país. Acumulan por bonches las denuncias por la presunta comisión de delitos diversos. La mayoría las envían al archivo, dizque con la reservas de ley. Las que reciben un trato especial, son aquellas en las que resulta involucrado un personaje político. Si es compa o de la misma filiación partidista del gobierno en el poder, pues a darle largas, hasta que el asunto se “enfríe”. Saben que el pueblo tiene corta memoria, y tiempo después ni cuestiona, ni reclama.
Pero cuando el político es rival, se mantiene abierta la indagatoria, como una amenaza latente que habrán de usar, cuando resulte más conveniente. Si se trata de tiempos electorales, pues mucho mejor para revivir indagatorias y filtrar informaciones. Pueden resultar algunas detenciones y en muchos de los casos la huída de los presuntos responsables. Y conste, no es que haya razón o fudamento para las persecuciones. La cuestión es que las abren, enderezan y anuncian, cuando es conveniente.
El proceso electoral hacia las elecciones presidenciales de julio próximo, marca un tiempo ideal para “perseguir brujas”. Es tiempo de revivir denuncias o de abrirlas, con causa o sin causa, que al fin y al cabo da lo mismo. Las procuradurías de justicia se convierten en una sucursal del partido-gobierno en el poder y actúan en consecuencia.
En junio pasado, el exgobernador de Chiapas, fue detenido y desde entonces está en prisión. Se le acusa de peculado y de asociación delictuosa.Se dice que hizo mal uso de recursos del fondo para la reconstrucción del Estado, por los daños causados por el huracán Stan, para lo cual el gobierno federal aportó 11 mil millones de pesos.
El sonado caso del michoacanazo, del que salieron libres todos los funcionarios estatales y municipales supuestamente involucrados con el crímen organizado. La detención de Greg Sánchez, siendo candidato a la gubernatura de Quintana Roo. Que también salió libre de culpas y ahora contendrá como candidato al Senado.
En el Estado de Coahuila, se están dando gusto con el Moreirazo. Lograron la destitución del dirigente nacional del PRI y en principio ya enviaron a la cárcel a varios de quienes fueron cercanos colaboradores del exGobernador, Humberto Moreira. Ya le están pisando los talones al político priísta. No sería extraño que en cualquier momento anuncien que ha sido aprehendido. Lo ideal para los panistas es que esto ocurra antes de julio próximo.
Recientemente la Procuraduría General de la República, reveló intenciones persecutorias en contra de tres exgobernadores de Tamaulipas. Uno de ellos, Manuel Cavazos Lerma, apuntado para contender como candidato priísta al Senado de la República. La revelación prendió “los focos rojos” del priísmo y a partir de entonces han empezado a sacar todo tipo de acusaciones en contra de sus rivales políticos. Esta intención vengativa, es factible, en las entidades gobernadas por el PRI, donde las procuradurías de justicia están al servicio de los priístas. Porque en las que son gobernadas por panistas, ahí sus “chicharrones no truenan”.
Bajo este tenor, totalmente fuera de tiempo, los priístas de Baja California lograron, con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, que el pleno de la XX Legislatura Estatal aprobara un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que indague a los exgobernadores Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy Walter.por supuestos vínculos con la mafia y enriquecimiento ilícito.
El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por el Diputado Carlos Murguía Mejía a nombre del grupo parlamentario del PRI, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo, donde señaló que “Los presuntos nexos con el crimen organizado y actividades ilícitas durante las gestiones de los exgobernadores Ernesto Ruffo y Eugenio Elorduy son una afrenta contra los bajacalifornianos que exigen verdad y justicia. La protección que dieron a integrantes del narcotráfico ofende a la memoria de aquellas mujeres y hombres cuyo destino fue perder a sus seres queridos y que eran inocentes”.
De acuerdo a lo expuesto por el Legislador perteneciente a la bancada priísta del Congreso, en distintas versiones periodísticas de acreditados medios de comunicación en la localidad y a nivel nacional, así como en el conocimiento popular ha generado una lista de acontecimientos donde se presume actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y asociación con el crimen organizado, tales como: “el financiamiento del Cártel de los Arellano Félix por 500 mil dólares para la entonces candidatura a la gubernatura de Ernesto Ruffo, actual precandidato del PAN al Senado de la República, y que para muchos bajacalifornianos no es desconocido el tema”.
Los señalamientos son sumamente delicados y válidos, en cierta forma, pero totalmente fuera de tiempo. Ruffo Appel fue Gobernador de Baja California durante el período comprendido de 1989 a 1995. Hace 17 años que dejó la gubernatura. Acusarlo ahora es como un grito en el desierto. Es como tratar que el gobierno panista, vía la PGR, haga con sus correligionarios, lo que no quieren que le hagan a los priístas, perseguirlos como fuesen “brujas”.
La gubernatura de Elorduy, del 2001 al 2007, es más reciente y hay muchos elementos para proceder en su contra. El problema es que son los panistas en el gobierno, los que tienen “la sartén por el mango” y los priístas muy lentos para hacer acusaciones. Esto no pasa de ser una mera guerra mediática. Quizás sea distinto, luego de los comicios de julio próximo. En, fin tiempos electorales, siguen siendo tiempos de perseguir “brujas”.
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