Por Gavenant
Muy lentos, bastante lentos, pero al fin reaccionaron aquellos que se dicen interesados por preservar el patrimonio cultural e histórico de Tijuana, ante la decisión irracional e injustificada del XX Ayuntamiento de desincorporar para su venta el bien inmueble conformado por por lo que fue la carcél preventiva, la comandancia de la policía municipal, el cuartel de bomberos y los talleres municipales.
El tema, que reúne elementos suficientes para promover acciones penales en contra de varios funcionarios del gobierno municipal que encabeza el Alcalde Carlos Bustamante Anchondo, e incluso juicios políticos, ha sido manejado con cierta desidia por propios y extraños. En su mayoría, se niegan a reconocer la gravedad del hecho de que las antiguas edificaciones hayan sido demolidas, cuando apenas se iniciaba el proceso de desincorporación, por cierto carente de fundamentación, y sin que haya sido autorizada la demolición. Esto, aunado al valor histórico.
Además, por mero capricho y necedad, se convirtió en polvo edificios valorados en aproximádamente 9 millones de pesos, ocasionando con todo esto, un daño patrimonial que presume la comisión de uno o varios delitos. Hechos injustificables e imperdonables.
El pasado sábado, representantes de organizaciones civiles y ciudadanos en general, constituyeron el Comité Para la Defensa del Patrimonio Público de la Ciudad, denominado “Todos Somos Tijuana”, cuya primera acción será exigir que se suspenda de inmediato el procedimiento de venta del predio donde durante más de 40 años se ubicaron las edificaciones identificadas popularmente como “la 8”.
Los integrantes de dicha organización, el próximo miércoles 18 de enero, presentarán escrito dirigido al Alcalde Carlos Bustamante Anchondo, al Cabildo del XX Ayuntamiento de Tijuana, al Congreso del Estado y a la opinión pública, en el que además de exigir se suspenda de inmediato el procedimiento de venta del predio de “la 8”, reclaman que las autoridades municipales den una amplia explicación a la ciudadanía de por qué y cómo realizaron dicho proceso, sin atender las propuestas ciudadanas.
En el mismo hacen constar que apoyan al grupo de cinco ciudadanos que iniciaron los trámites de un amparo para detener la destrucción y en su caso la venta del predio, proponen que se realice una amplia consulta a la ciudadanía para que se decida qué es lo que habrá de hacerse con el predio y además proponen que dicho inmueble sea un espacio dedicado a la cultura, al arte y a la educación, tales como museos de historia, de arte regional contemporáneo, del policía, de los bomberos, del deporte y otros.
Advierten también que para evitar que en el futuro, autoridades o particulares, cometan actos de destrucción de edificios, monumentos, parques, o algún otro lugar o edificación que pudiese tener valor histórico, decidieron constituir la citada organización.
Tarde, en tanto que las edificaciones de “la 8”, ya fueron demolidas, señalan que : “…Las organizaciones civiles y los ciudadanos abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación e inconformidad por la serie de acontecimientos iniciados por el acuerdo de Cabildo del 24 de diciembre próximo pasado de desincorporar el predio y los edificios que albergaron la Comandancia de Policía Municipal, la Cárcel Preventiva Municipal y el Primer Cuartel y Estación de Bomberos, así como los más antiguos talleres municipales donde una vez se construyera el legendario avión “Baja California III”, y el 30 de diciembre la destrucción indiscriminada e ilegal de los edificios mencionados”.
Dicen que eso “…vulnera radicalmente los intereses de la sociedad tijuanense, el patrimonio público del que formaban parte dichos edificios y el interés y preocupación de la ciudadanía porque el gobierno actúe en defensa de los intereses de la misma”.
Rcuerdan que : “…Diversas organizaciones expresaron a la autoridad en distintas formas el interés de que dichos edificios fueran destinados a propósitos educativos y culturales sin recibir respuesta adecuada”.
“…Consideramos –dicen- que la destrucción inopinada de los edificios mencionados constituye un atentado al patrimonio público de la Ciudad de Tijuana tanto por el valor material como histórico y cultural que de acuerdo con la Ley del Patrimonio Cultural de Baja California pudiesen tener tales edificios, por sobrepasar los cuarenta y nueve años de antigüedad, independientemente de no hallarse aún en el catálogo correspondiente, de acuerdo con la misma Ley”.
Entre los principales acuerdos tomados, además de constituir el comité de defensa, señalan los siguientes :
1.- Exigen que se suspenda de inmediato todo procedimiento de venta del predio.
2.- Que las autoridades municipales den una amplia explicación a la ciudadanía de por qué y cómo realizaron dicho proceso sin atender las propuestas ciudadanas.
3.- Apoyan al grupo de cinco ciudadanos que iniciaron los trámites de un amparo para detener la destrucción y en su caso la venta del predio.
4.- Proponen que se realice una amplia consulta a la ciudadanía para que se decida qué es lo que habrá de hacerse con el predio.
5.- Proponen que sea un espacio dedicado a la cultura, al arte y a la educación, por ejemplo: museos de historia, de arte regional contemporáneo, del policía, de los bomberos, del deporte y otros que pudieran darse.
Lástima que la reacción haya sido tan lenta. Si se tardan más, no habrá mucho qué rescatar.
Y conste, en esta ocasión el Alcalde no podrá decir que son unos cuantos revoltosos e inconformes. Tijuana, no puede ser “una ciudad con orden”, si todo se hace con desorden.
gil_lavenants@hotmail.com
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