Palco de Prensa: La reestructuración

Por Gilberto Lavenant
Luego de haber dedicado varios meses a la reforma política, que aunque incompleta, cubrió mucho más de lo que se esperaba, ahora los legisladores estatales se preparan para darle una sacudida a la estructura del Poder Judicial del Estado.
Esto no es ningún secreto. En sus diversas exposiciones, los diputados estatales hablan y advierten que ahora van tras el Poder Judicial. No es cuento.



Ya han presentado algunas iniciativas de ley, que incidirán en la operación de los tribunales del fuero común y en especial en el del Tribunal Superior de Justicia y quizás hasta del llamado Consejo de la Judicatura.



El diputado Carlos Murguia, por ejemplo, ya presentó iniciativa tendiente a crear algo así como una instancia judicial constitucional estatal, que genere jurisprudencia local, similar a como lo hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando al emitir cinco resoluciones en términos en un mismo sentido, para resolver casos distintos, pero semejantes, dichas resoluciones adquieren el carácter de obligatorias.



A nivel local, en materia de administración de justicia, las cosas no andan muy bien que digamos. Los jueces civiles, por ejemplo, son algo así como caciques de rancho. Cada uno de ellos hace valer su criterio, independientemente de que en muchas ocasiones es totalmente distinto y posiblemente hasta contrario al de los demás juzgadores.



El problema es que en cuestión de criterios, el llamado Tribunal Superior de Justicia, no interviene para su definición, como lo sería el hacer compilaciones de resoluciones y darles el carácter de obligatorias. Solamente interviene en casos concretos, que le son planteados por medio de apelaciones o quejas.



Sin embargo, si las partes no se quejan, ni apelan, aunque las atrocidades o aberraciones en la administración de justicia, por parte de alguno de los jueces, sean notorias, el Tribunal Superior de Justicia, no tiene facultades para llamar a cuentas al juzgador, ni mucho menos para apercibirlo, amonestarlo o sancionarlo.



En tales condiciones, los jueces se sienten como reyecitos, semidioses, con facultades para interpretar y aplicar las leyes, a su antojo, interés o gusto.



Hasta el momento, el llamado Consejo de la Judicatura, es solamente un revisor administrativo. Verifica que los expedientes no se acumulen, que no se extravíen, que no se presenten reclamos, o el menor número de ellos, por posibles fallas o excesos de los juzgadores. Pero en ningún momento puede meterse en cuestión de criterios.



Es más, ni siquiera el pleno del Tribunal Superior de Justicia, tiene tales facultades. Se está al pendiente de que todos los aspirantes a ingresar al Poder Judicial, reúnan los requisitos legales exigidos para ello. Pero no hay, propiamente dicho, un enjuiciamiento para someter y expulsar a los jueces corruptos, incapaces o negligentes.



Esta es la fase que queda pendiente por desarrollar en el Poder Judicial de Baja California. El establecer las normas que permitan que la administración de justicia sea realmente pronta y expedita, clara y eficiente, lo que no ocurre del todo actualmente.



Supuestamente el proceso de reestructuración iniciará en cualquier momento. Lo dicen los propios legisladores. Seguramente se hará más notorio en cuanto concluyan la glosa del IV Informe del Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, que se desarrolla en estos momentos.



Esto no es tan sencillo, como muchos imaginan. Para empezar, en los próximos días habrá varios eventos que pueden causar una turbulencia en el ámbito del Poder Judicial.



El primero de ellos, es que la actual Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lic. María Esther Renteria Ibarra, concluye su primer período de gestión el lunes 31 de octubre y al día siguiente, martes 1 de noviembre, deberá celebrarse pleno para reelegirla, o designar al Magistrado que la sustituya. La posición, por todo lo que ello representa, seduce a más de uno.



Otro punto importante, es que ya está aprobada la creación de dos nuevas salas del Tribunal Superior, que implica la designación de seis nuevos magistrados. La primera de ellas se creará durante el mes de noviembre y ya está en marcha el proceso de selección de los magistrados. Se dice que la lista de aspirantes es de aproximádamente 50.



A esto le podemos agregar, la incidencia o efecto que puedan generar o producir, al menos dos iniciativas ya en estudio, que implicarían el incorporar al Poder Judicial Estatal, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que actualmente navega bajo la sombra o auspicio del Poder Ejecutivo, y otra más, tendiente a delimitar el término de duración de los Magistrados.



En el año 2003, el Poder Judicial del Estado sufrió la más severa de las turbulencias de toda su historia, cuando intereses políticos llevaron a tratar de retirar de su cargo a la mayoría de los Magistrados. Las cosas se hicieron en forma tan sucia y rudimentaria, que los afectados interpusieron amparo y lograron resolución favorable. Los designados como sustitutos, tuvieron que recoger sus cosas y abandonar el cargo.



Lo preocupante de todo esto, es que las intenciones de reestructurar al Poder Judicial del Estado, tenga motivaciones políticas, más que de mejoría de técnica jurídica. Cuando el desempleo afecta a los políticos, pues no les importa en qué nómina tienen que firmar, sino los dígitos de los sueldos a percibir.



Seguramente muchos políticos se ven ya ocupando cargos de Magistrados o Jueces durante los próximos años, aunque la justicia siga siendo, ciega, sorda y muda, como diría Shakira.



gil_lavenants@hotmail.com