Propone Rosana Soto despenalizar los delitos de calumnia y difamación

ENSENADA.- La Diputada Rosana Soto Agüero, propuso a nombre de los Integrantes del Grupo Parlamentario del PRI del Congreso del Estado una Iniciativa para despenalizar los delitos de calumnia y difamación, dejando abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño en la vía civil.
Durante la sesión ordinaria conducida por el Presidente de la Mesa Directiva de la XX Legislatura, Carlos Murguía; y realizada en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera del Pacífico, en la Ciudad de Ensenada, la Legisladora Soto Agüero expresó que los principales motivos para proponer esta iniciativa, es para garantizar la libertad de difundir informaciones e ideas de toda índole, con respeto a los derechos o reputación de terceros, la seguridad nacional y el orden público o la salud o moral públicas.

"Esta iniciativa tiene como propósito derogar del Código Penal el Estado las disposiciones relativas a los delitos de difamación y calumnia, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos que los jueces de lo civil son quienes deben resolver si los ciudadanos, comunicadores o periodistas actúan dentro de la ley al difundir información u opiniones, eliminando la prisión a quien abuse de la libertad de expresión, dejando abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño en la vía civil. Cuando alguien es difamado o calumniado, jamás pretende que el daño en su persona se repare con la prisión del responsable; sino, con la reparación del daño, económico y por la misma vía en la que recibió la ofensa", explicó.

Por otra parte, el Diputado Julio Felipe García Muñoz, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, del Partido Verde, del PEBC y del Partido del Trabajo, planteó ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 62 de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado, a fin de robustecer la garantía al derecho a la información del ciudadano.

"En primer término esta Iniciativa que presentamos parte de la premisa de que cualquier ciudadano que inicie y/o reinicie el proceso de solicitud de información ante un órgano de Estado gobernado por la ciudadanía, y dicho Instituto esté integrado democráticamente por los poderes públicos a fin de vigilar puntualmente el desarrollo del proceso de solicitud de información