Así podría identificarse al General Alfonso Duarte Mújica, Comandante de la Segunda Región Militar. El “mala suerte”.
Y díganlo si no. En Tijuana hay aproximádamente 1 millón 559 mil 683 habitantes y unas 357 mil 321 viviendas. Son bastantes. Pues resulta que la tarde del pasado martes 28 de junio, supuestamente atendiendo una denuncia ciudadana, elementos del ejército penetraron, “como pedro por su casa”, a la vivienda de la hermana del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, aquí en Tijuana.
Qué causalidad. Cualquiera puede atreverse a afirmar que esto fue con premeditación, alevosía y ventaja. Eso de atinarle a la casa de un familiar del titular de la CNDH, que, eso sí por mera coincidencia, es tijuanense, y uno de los principales “enemigos” de los militares, pues sin estar del lado enemigo, o sea del crímen organizado, le toca atender los reclamos y denuncias ciudadanas, relativas a excesos y arbitrariedades cometidos durante la narcoguerra. Demasiado, para ser una simple coincidencia.
De haber sido esto con plena intención, aunque cabe creer no lo fue, habría que darles el beneficio de la duda, se podría pensar que el objetivo, propósito o finalidad, de dicho allanamiento, era fastidiar al mero mero Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, de paso allegado al Grupo Caliente.
Pero, suponiendo que efectivamente los militares no sabían que la propietaria de la vivienda allanada, es hermana precisamente del titular de la CNDH, pues entonces cabe lo del calificativo de “mala suerte”. De 357 mil 321 viviendas, existentes en Tijuana, atinarle a la de la hermana de Raúl, que sería casi algo así como “encontrar una aguja en un pajar”, sin duda alguna es el colmo de la mala suerte. Mala suerte para el ejército, mala suerte para el General Duarte Mújica, cuyos bonos de popularidad andan por los sueldos, y mala suerte para la familia afectada.
Los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Altabrisa, una zona de buen nivel económico. Eran aproximádamente a las 4:00 de la tarde, cuando los militares se presentaron a la vivienda de la Sra. María Guadalupe Plascencia Villanueva, funcionaria del Consejo de la Judicatura Estatal.
No llevaban orden de cateo alguna, pero en cuanto les abrieron la puerta, se metieron “hasta la cocina”, supuestamente para verificar una denuncia ciudadana respecto a un secuestro. Los señores huzmearon en todos los rincones de la casa, durante aproximádamente 15 o 20 minutos, ante la alarma, frustración, impotencia y coraje de sus ocupantes.
A diferencia del caso del allanamiento a la casa del empresario priísta, Jorge Hank Rhon, que fue en horas de la madrugada, en esta ocasión fue en pleno día. Al mexiquense lo detuvieron por sospechas de crímen organizado, lo consignaron por acopio de armas y lo tuvieron que liberar por…no acreditar elementos de ilícito alguno. En este nuevo allanamiento, no hubo detención alguna. Pero no por eso la vejación, la humillación y la difamación fue poca cosa.
Sin duda alguna que los ocupantes de la casa ocupada, los familiares del titular de la CNDH, son conocidos por los vecinos. Al ver la presencia de los militares, empuñando armas largas, sitiando la cuadra, de inmediato empezaron a tejer todo tipo de rumores, especulaciones, conjeturas. En su mayoría negativas y difamantes.
Ahora los afectados tienen que explicar a todos y cada una de las personas que testificaron el atraco, que fue una “falsa alarma”, que son inocentes, que no les pudieron acreditar ilícitos o irregularidad alguna. Unos les creerán, pero otros seguirán firmes en sus sospechas. Seguro que a partir de ese día, les ven raro y se distancian.
La afectada, en tanto que son peras, o manzanas, por aquello del “no te entumas”, para constancia y para los efectos legales a que haya lugar, el viernes pasado acudió a la delegación de la Procuraduría General de la República a presentar la correspondiente denuncia de hechos, en contra de quien o quienes resulten responsables, siendo registrada como AP 1858/2011 en la Mesa Número 5 de Averiguaciones Previas.
Su hermano Raúl ya le ha de haber explicado, que este tipo de denuncias, nunca son atendidas, que se acumulan en el archivo, que nunca se indaga los nombres de los militares allanadores y por lo tanto, al final de cuentas no se sanciona a nadie. Las arbitrariedades de este tipo, en el sistema político mexicano, “no constituyen delito alguno”, aunque los estudiosos del derecho penal, y en especial los estudiosos del derecho constitucional, opinen todo lo contrario.
Los bajacalifornianos deben mucho a los militares, eso no se discute, pero no por eso se tiene que tolerar este tipo de vejaciones, carentes del mínimo respeto a los derechos humanos, a la legalidad, a la lógica o sentido común.
Los militares, son imponentes y aparentemente los únicos que en este momento pueden hacer frente al crímen organizado. Pero son insensibles, carecen de la preparación más elemental para manejar situaciones como estas, en las que no existen delincuentes de por medio, sino ciudadanos, comúnes y corrientes, solventes, moral y económicamente.
Una vez más, queda claro que lo que ha faltado en la narcoguerra, por parte de los militares, es precisamente inteligencia y lo que ha sobrado, es la sinrazón, la fuerza bruta. El riesgo de que este tipo de casos continúen repitiéndose, persiste. Y esto no es precisamente mala suerte, sino falta de voluntad para reconocer errores y excesos, así como para corregirlos y no volver a incurrir en ellos. Lamentablemente.
gil_lavenants@hotmail.com
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