Por Gilberto Lavenánt
Uno de los temas que más controversias generará, en los próximos días, respecto de la “herencia” del XIX Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el Alcalde panista, Jorge Ramos Hernández, lo es el de la concesión relativa a la construcción y operación del estacionamiento de automóviles, aún en proceso de construcción, contiguo al Palacio Municipal.
En los pasillos del Palacio Municipal, es un secreto a voces que hay muchos interesados en conocer a fondo este tema y en estudiar la posibilidad de la revocación de dicha concesión, al considerar absurdo que durante 30 años, los Alcaldes de Tijuana, tendrán que tolerar a un “vecino incómodo”, que operará, casi libremente, bienes del gobierno municipal, sin limitación alguna.
Y es que, para empezar, pronto se tendrá que legislar, a fin de evitar o impedir, que los Alcaldes, cuya gestión es apenas de 3 años, comprometan bienes municipales por períodos tan largos, como en este caso concreto, que abarca la gestión de 10 períodos de gobierno municipal. Pero el tiempo, es tan solo una parte. Quizás la menos peor.
Lo más delicado de este asunto, es la forma tan ligera, frívola e irresponsable, en que Jorgito Ramos, y sus secuaces, otorgaron dicha concesión, en términos o bajo condiciones tan amplias y generosas, que hacen presumir que se la otorgó a sí mismo, a su padre, a sus hermanos o parientes y no a terceros ajenos. Las “leyendas urbanas” en torno a esto, son numerosas y todas coinciden que en esto “hay gato encerrado”.
El columnista autor de Palco de Prensa, logró obtener una copia del llamado Contrato Administrativo de Concesión de Bienes del Dominio Público Para la Construcción y Operación de un Estacionamiento Público, celebrado el 21 de Enero del 2010, por el XIX Ayuntamiento y la empresa mercantil denominada Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V.
En principio, este instrumento jurídico, salvo la revisión que hagan las autoridades municipales respecto a la tramitología, y la autorización previa del Cabildo, parece normalito, decente, ajustado a derecho.
En donde surgen las sospechas, suspicacias, conjeturas e incluso hasta especulaciones, es en el hecho de que menos de 2 meses después, concretamente el 18 de marzo del 2010, se suscribe un documento que llaman “Addenda” y que viene a ser un contrato modificatorio respecto a algunas partes del Contrato Administrativo de Concesión y del cual el autor de Palco de Prensa también obtuvo una copia.
La primera observación al respecto es que el Contrato Concesión, lo suscriben, en representación del Ayuntamiento, Jorge Ramos, Alcalde, Enrique Méndez Juárez, Secretario de Gobierno, Manuel Guevara Morales, Administrador del Municipio, José Ricardo Vallin Malanche, Secretario de Administración y Finanzas y Héctor Magaña Mosqueda, Síndico Procurador. En cambio, la “Addenda”, solamente la suscriben Jorge Ramos, Alcalde, Enrique Méndez Juárez, Secretario de Gobierno y Mario Alberto Martínez Castillo, Oficial Mayor.
No se sabe, y esto tendrán que aclararlo y constatarlo las actuales autoridades municipales, si para la celebración de la “Addenda”, los funcionarios del XIX Ayuntamiento, que la suscriben, cubrieron todo el protocolo exigido inicialmente para el otorgamiento de la concesión, y en caso de no haberlo hecho, como contar previamente con la aprobación del Cabildo en pleno, dicho convenio modificatorio es nulo de pleno derecho, pues modificaron el objeto de la concesión, eliminaron trabas, requisitos o limitantes, y casi dieron al concesionario el carácter de propietario particular del estacionamiento a construir.
En total fueron 9 las modificaciones al contrato concesión, establecidas en la “Addenda” y que debido a la trascendencia de tales cambios, requerían la aprobación previa del Cabildo y el facultar a Ramos, Méndez y Martínez, para tales efectos.
De las más importantes, es la segunda, que amplia el objeto de la concesión, que inicialmente lo era tan solo para construir y operar un estacionamiento de automóviles, y ahora otorgan a la concesionaria el derecho a explotar, para fines comerciales, los espacios internos y externos del inmueble. Esto implica que el estacionamiento, en su parte a nivel de calle, pueda ser convertido en un centro comercial, y todas sus fachadas, sean explotadas mediante la colocación de mantas, pancartas o carteleras publicitarias, cual si fuese un tianguis.
Se establece a cargo del gobierno municipal, la tramitación de toda clase de permisos o autorizaciones propias o necesarias para la construcción, incluyendo el costo de los mismos, e incluso, le eliminan al concesionario la obligación de contar con permiso para operar como estacionamiento.
La modificación número 7, establece que la parte superior del estacionamiento, que supuestamente estará integrada al proyecto de la llamada Plaza 11 de Julio o Zócalo, y que deberá ser utilizada como plaza cívica, el concesionario podrá utilizarla como estacionamiento de vehículos.
Absurdamente le “concesionan” un espacio adyacente a la Plaza Benito Juárez, que era utilizada como estacionamiento público, al parecer propiedad del Gobierno del Estado, y una calle colateral al Palacio Municipal, que es de uso público.
Estos flamantes funcionarios, que suscribieron tales documentos, deberían ir a la cárcel por disponer de bienes de dominio público, como si fuesen de su absoluta propiedad o, cuando menos, inhabilitarlos para la función pública durante los 30 años de la concesión otorgada con tanta ligereza. Que no es nada, pues si estuvieran en un país oriental, les cortarían las manos o los azotarían, en la plaza pública.
gil_lavenant@hotmail.com
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