* Director jurídico del XX ayuntamiento
Por Jaime Flores Martínez Lechón
Agobiado por la excesiva carga de trabajo, el alcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo debe investigar las maniobras que realiza el actual consejero jurídico Edgar Fernández Bustamante en agravio de la mayoría de los jueces municipales.
El alcalde Bustamante debe ordenar una profunda investigación sobre los 7 mil pesos que Edgar Fernández pide como “apoyo” a dos decenas de jueces locales. Se trata de una "cooperación voluntaria" que cada juez debe entregar en efectivo y sin ninguna presión.
Si acaso interesa el tema al señor alcalde, la punta del hilo puede encontrarse al ubicar a los jueces municipales que fueron colocados en el puesto por el propio consejero jurídico. Uno de esos juristas confió a Cicuta que al ser "palomeados" para laborar en alguno de los 42 espacios, Fernández Bustamante les pregunto si estaban dispuestos a realizar una aportación voluntaria de 7 mil pesillos cada mes. El servidor público en cuestión asegura que varios de sus compañeros recibieron la misma petición antes de ser aceptados como jueces municipales. Para información de los lectores, cada juez municipal percibe un salario de 17 mil pesos al mes.
El caso es que al aceptar engordar al cochinito del consejero jurídico, esos servidores públicos son arrastrados hacia un pantano de corrupción inimaginable.
Para conocer la forma que usan los jueces municipales para “recoger dinero fresco”, baste decir que ellos negocian con aquellas personas involucradas en accidentes automovilísticos, personas en estado de ebriedad y rijosos que se auto presentan como empleados de personajes influyentes que en muchos casos son delincuentes de mediana estampa.
Generalmente estas personas traen dinero en el bolsillo y los jueces calificadores llegan a un veloz arreglo económico para dejarlo en libertad. En muy extraña ocasión, ese juez municipal se toma la molestia de investigar si el detenido tiene algún antecedente o si en verdad es la persona que dice. En pocas palabras, algunos jueces municipales se ven obligados a corromperse para cumplir con la cuota voluntaria de 7 mil pesos al mes. Si el alcalde Bustamante en verdad quiere extirpar la corrupción, entonces debe realizar un sorteo para que los 42 jueces sean rotados y evitar que pacten la entrega de cuotas a cambio de impunidad.
Aunque algunos de sus empleados lo ubican como un hombre "muy trabajador", algunos otros lo conocen como un priista sumamente ambicioso que ahora está dispuesto a asegurar su patrimonio. Es decir, Edgar Fernández quiere hacerse rico en tres años. Si este funcionario recibe 7 mil pesos de 20 jueces municipales, entonces recibe algo así como 140 mil pesillos al mes sin batallar demasiado.
Hace algunas semanas, Cicuta se refirió a la manifiesta "involución" de Edgar Fernández, un tricolor dispuesto a desempeñarse "de lo que sea" con tal de estar pegado a la teta del gobierno. La tesis de la "involución" regresa a Fernández con una exactitud milimétrica. Resulta que Edgar Fernández es superior jerárquico del abogado Gilberto Cota Alanís, un jurista de probada capacidad y talento. Cota ya fue actuario, secretario de acuerdos, juez, magistrado y presidente de la Suprema Corte de Justicia del Estado. Edgar Fernández, en su papel de Consejero Jurídico, es el superior inmediato de Gilberto Cota. Hay quien dice que el insolente alumno pretende que el maestro pase por alto su costumbre de copiar.
Seguramente Gilberto Cota ya se dio cuenta de los enjuagues de Fernández, aunque también se arriesga si denunciara estas corruptelas. De comprobarse este tipo de actitudes, Bustamante destituiría al ambicioso Fernández y pediría a Gilberto cota asumir el cargo. Esa sola posibilidad podría en riesgo la impecable reputación de Cota y seguramente no se arriesgara a estallar el escándalo.
Desinformados
A finales de la semana pasada los autores de un texto que circula por el Internet hacen alusión al encuentro del lunes pasado entre los periodistas y el senador priista Fernando Castro Trenti.
Dicho correo electrónico firmado don el seudónimo de Wikileaks Tijuana, se refirieren a la convocatoria legislativa donde el senador PRI Fernando Castro Trenti acaparo los reflectores.
Aquí mismo se dieron detalles sobre un cuestionamiento que es mañana hizo Cicuta. El autor de esta columna le preguntó al senador si protegía a Fidel Villanueva, el apresado dirigente de Anapromex. Aunque la pregunta tomo mal parado a Castro Trenti, este ultimo mostro habilidades de todo político y rechazo eventuales vínculos con Villanueva. Quienes se esconden bajo el seudónimo de Wikileaks señalan que esa fue "una pregunta arreglada" y que Castro Trenti "urdió" la conferencia de prensa para responder precisamente a ese cuestionamiento.
Wikileaks Tijuana debe saber que antes de la pregunta que Cicuta hizo a Castro Trenti, hubo una precisión: "tengo la versión senador -no me consta- que Fidel Villanueva dijo en su declaración preparatoria que tu lo protegías..." No me consta" subrayo Cicuta.
Mi estimados amigos de Wikileaks Tijuana, por favor, pídanle a su soplón que les entregue los detalles de la información. Las filtraciones de Wikileaks (original) a los periódicos del mundo revelan situaciones reales y verídicas. La intención no es defender a Castro Trenti porque puede defenderse solo. Los pequeños detalles -amigos de Wikileaks Tijuana- son la base de la credibilidad. Cicuta no realiza “preguntas arregladas”. No cabe duda que "el león cree que todos son de su condición".
Comentarios: cicuta45@gmail.com
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