Sonora: el que quiera electricidad ¡que la pague!

Por Ing. Aquiles Córdova Morán
Dirigente Nacional del Movimiento Antorchista
En el poblado de Puerto Libertad, municipio de Pitiquito, en la costa de Sonora, se halla instalada, desde hace 30 años, una planta termoeléctrica que genera energía para una parte considerable del es tado, aunque, como siempre y en todas partes, los más beneficiados sean los dueños de los grandes negocios, de las industrias agropecuarias y de transformación que elaboran productos para el consumo interno y para el mercado internacional. Y todos sabemos, también, que para este tipo de consumidores, la energía eléctrica es, más que una necesidad vital, un insumo básico en la elaboración de sus productos y, por tanto, fuente de ganancia que incrementa directamente su fortuna, a pesar de lo cual, siempre exigen y obtienen “tarifas preferenciales” en el consumo del fluido, para elevar, según ellos, su competitividad en el mercado mundial.
Pues bien, para que todos los sonorenses (sean humildes trabajadores con sus familias o empresarios de cualquier tamaño) puedan disponer de la energía que necesitan y demandan, los habitantes de Puerto Libertad han soportado estoicamente, durante 30 años, todos los inconvenientes derivados del funcionamiento de una industria sucia y nada interesada en la conservación del medio ambiente. Destacan entre estos inconvenientes: el súbito incremento del número de bares, cantinas y “centros nocturnos”, que fatalmente siguen, como las moscas a la miel, a cualquier desarrollo económico, permanente o temporal, que les garantice una clientela segura cada fin de semana o de quincena; los problemas, antes desconocidos, de un intenso tráfico vehicular en ciertos días y horas, que destroza calles, brechas y carreteras y obstaculiza el desplazamiento de la gente del lugar; el arribo de varias decenas de empleados con altos niveles salariales para quienes se construyeron viviendas vistosas, con buenos servicios médicos y educativos, con jardines y áreas verdes, con espacios deportivos, etc., para uso exclusivo de los empleados “de confianza”. El contraste con la suciedad y el abandono en que vive la mayoría de la población de Puerto Libertad ha despertado en ella, con toda razón, la inconformidad y la protesta consiguiente.
críticos apunta que, como consecuencia de esta contaminación, se ha incrementado notablemente la incidencia de enfermedades respiratorias y de varios tipos de cáncer que, según los mismos testigos, eran desconocidos hasta antes de la instalación de la termoeléctrica. La preocupación y la inconformidad contra todo este estado de cosas vienen de tiempo atrás: en múltiples ocasiones, por distintas vías y ante todo tipo de autoridades, los afectados han hecho llegar su denuncia y su queja pidiendo soluciones, pero, obviamente, sin ningún resultado.

Sin embargo, en los últimos dos años se ha venido a sumar a esta situación, ya de por sí explosiva, un nuevo y más agudo ingrediente. Como consecuencia pde la crisis económica mundial (que los mexicanos hemos sufrido más que otros países mejor gobernados) de la que apenas andamos queriendo levantarnos, y del virtual sellado militar de la frontera norteamericana, muchos jefes de familia de Puerto Libertad perdieron su empleo y cayeron en una insolvencia económica que le ha impedido pagar la luz por casi dos años, es decir, casi los mismos que ha durado la crisis. Y la tragedia familiar que esto representa se ha visto agudizada por la intransigencia irracional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, como el judío Shylock de “El Mercader de Venecia” de Shakespeare, exige su “libra de carne del corazón” de sus deudores, sin escuchar ningún tipo de razones. “Si no pagan hasta el último centavo- les dice- vamos a cortar el servicio. ¡Y háganle como quieran!”.
La gente de Puerto Libertad siente esta insensibilidad brutal como una gran injusticia; ve la conducta de la CFE y de los gobiernos estatal y federal como una actitud leonina que olvida que la termoeléctrica está en terrenos que fueron de la comunidad; que es ésta la que ha sufrido las consecuencias de una industria mal planeada y peor operada y que, a cambio, no han siquiera arreglado las calles que destruyen sus vehículos. Han decidido, por eso, unirse con el antorchismo sonorense para reclamar un trato más justo y equilibrado: piden que se les condone totalmente el adeudo acumulado que, dado su monto, sólo podrían cubrir si dejan sin comer a sus familias; que se les fije una “tasa preferencial” como se hace con los empresarios, pues tienen tanto o mejor derecho que ellos para merecerlo; finalmente, que, previo estudio del caso, se tomen las medidas necesarias contra la contaminación ambiental. Como era de esperarse, nadie les ha hecho el menor caso, a pesar de su largo peregrinar por las lujosas oficinas de los funcionarios relacionadas con el problema. El único resultado visible ha sido la intensificación de los intentos por cortarles el servicio, en una clara maniobra para intimidarlos y desanimarlos. Al momento de escribir esto, llevan 10 días en plantón frente a las oficinas del gobernador de Sonora intentando hacerse oír por él y por la opinión pública del Estado sin resultado alguno. Allí seguirán el tiempo que sea necesario. Sus compañeros antorchistas, por este medio, les envían un saludo fraterno y les brindan, desde todos los rincones del país, un apoyo solidario que pronto se verá concretado en acciones