* Aumentan crímenes
* Los convoyes solo en beneficio de la policía municipal, no de la sociedad
Por Emilio Dominguez Lome
TIJUANA.- El miedo que invade al secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola Pérez, ha provocado que los índices de inseguridad pública en la ciudad se hayan desbordado.
Tras la “declaración de guerra en contra de la delincuencia organizada” hecha por el gobierno federal, -con la que se abrió la cloaca de la corrupción en la policía municipal de Tijuana- las condiciones de seguridad de la población se modificaron sin que el gobierno municipal estuviera preparado para ello.
No fue acertada la decisión tomada por el alcalde, Jorge Ramos, de imponer a un militar como jefe de la policía municipal, en lugar de un policía de carrera, y los hechos ocurridos hasta hoy están dando muestra de ello, al registrarse un incremento considerable en los delitos del orden común como asaltos a peatones y comercios, robos de todo tipo, daños en todas sus modalidades, violaciones, entre otros.
La estrategia que por miedo implementó el secretario de Seguridad Pública para vigilar la ciudad, no ha sido la correcta para garantizar la tranquilidad de los tijuanenses, pues el patrullaje que realizan los policías preventivos mediante convoyes, ha hecho que se descuide la vigilancia en diversos puntos de la ciudad, dando como resultado que los delincuentes de poca monta hagan de las suyas.
Con todo lo que se diga para justificar la falta de seguridad pública, ha fallado esa táctica militar implementada por el secretario del ramo, Julián Leyzaola.
Hay constancia de que las llamadas que los ciudadanos realizan al 066 para denunciar o reportar algún hecho delictivo, no son respondidas como debe ser por la policía municipal, al no presentarse al lugar indicado por los quejosos o llegar demasiado tarde para atender la emergencia de inseguridad.
Ello, de acuerdo a declaraciones públicas de Leyzaola Pérez, es porque en algunos casos “han resultado ser emboscadas de la delincuencia organizada para atacar a los agentes policíacos”. Es aquí donde los ciudadanos afectados por la delincuencia común son los que sufren las consecuencias del miedo del funcionario municipal.
En contraparte, la maniobra de organizar en convoyes a los agentes de la policía municipal, ha permitido que los abusos de autoridad y de corrupción hayan ido a la alta, al realizar detenciones de ciudadanos que al circular a pie o en automóvil son detenidos para una “inspección de rutina” que es aprovechada por los oficiales para solicitar dádivas, so pretexto de “remitir a la cárcel municipal” o “trasladar su vehículo al corralón” por falta de identificación o de algún documento, según sea el caso.
Asimismo, los municipales han “orquestado” acciones que están fuera de su competencia al realizar decomisos de mercancía extranjera o de productos llamados “piratas”, sin que en algunos casos notifiquen de ello a la autoridad competente.
También, en convoyes se han “organizado” los policías municipales para instalar “filtros” mediante los cuales realizan esas mismas prácticas en contra de automovilistas y una muestra es el que instalan en la esquina de las calles Tercera y Constitución, en el que participan también elementos motociclistas.
Esas acciones (de los policías en convoyes) no han evitado que sean atacados por miembros de las mafias criminales y, menos aún, abatir los índices de delincuencia común que se supone es su responsabilidad lograr.
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