viernes, 18 de octubre de 2013

Periodistas recurren a la Judicatura federal


La Asociación de Periodistas de Tijuana hace un enérgico llamado al Consejo de la Judicatura y a los órganos de gobierno del Poder Judicial Federal para que se garantice el trabajo de los comunicadores en los términos de la legislación vigente y se ponga un alto a la tendencia de jueces de distrito de involucrar trabajos periodísticos y a reporte- ros como si de actores se tratara en asuntos que ventilan en sus juzgados.


C. Ministro Juan Silva Meza
Presidente Suprema Corte de Justicia de la Nación
Presidente del Consejo de la Judicatura Federal
P R E S E N T E . - 
La Asociación de Periodistas de Tijuana hace un enérgico llamado al Consejo de la Judicatura y a los órganos de gobierno del Poder Judicial Federal para que se garantice el trabajo de los comunicadores en los términos de la legislación vigente y se ponga un alto a la tendencia de jueces de distrito de involucrar trabajos periodísticos y a reporte- ros como si de actores se tratara en asuntos que ventilan en sus juzgados.
Casos como el que hace público la Agencia Fronteriza de Noticias, dirigida por Dora Elena Cortés Juárez y que es semejante a lo que le sucedió a los periodistas Daniel Án- gel  Rubio y Vicente Calderón de Tijuanapress, son resultado de una argucia legaloide de la defensa de presuntos culpables quienes intentan hacer pasar a sus clientes como víctimas acusando a la autoridad que los detuvo de mostrarlos como delincuentes sin que un juzgado los haya declarado culpables.
Exigimos pues que se rompa el círculo vicioso que han iniciado los defensores y jueces de distrito para exigir a los comunicadores el origen de sus fuentes de información y se les exija el peso de la prueba cuando la prensa en su conjunto no es parte en los procesos judiciales que se ventilan.
Todos tenemos derecho a una defensa justa cuando enfrentamos un proceso judicial, pero la Asociación de Periodistas de Tijuana reprueba y condena que jueces y litigantes se presten a intentar exhibir y colocar a los periodistas en una posición de vulnerabi- lidad que los expone no a la crítica de quienes nos leen o escuchan diariamente, sino a ser víctimas del odio y la violencia de los que han hecho de las armas y la sangre su principal argumento.
Aquí entonces se busca que el periodista exhiba a sus fuentes en contradicción con lo que marca la Ley en la materia que le da el derecho al reportero de guardar en el anoni- mato a quienes les brindan información. Esto nace del hecho de que la libre expresión de las ideas está debidamente reglamentada, pero no el derecho de todos de tener acceso a esas ideas que se pueden expresar libremente.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existen dos garantías que se entrelazan y son parte fundamental del quehacer periodístico: la de la libertad de expresión y el derecho a la información. Mientras la primera está legalmente reglamen- tada y la segunda vive sin una ley que garantice su cumplimiento y de certeza jurídica al quehacer de los comunicadores.
Entre las disposiciones legales más importantes que rigen la libertad de expresión y la libertad de imprenta en nuestro país se encuentran los Arts. 6º y 7º de la Constitución General de la República, la Ley de Imprenta, y el 1916 bis del Código Civil para el D.F.
Nuestra Ley de Imprenta -promulgada el 9 de abril de 1917, días antes que nuestra Car- ta Magna, 1º  de mayo de 1917- es la única legislación específica sobre la libertad de imprenta y de prensa.
Es importante anotar aquí que la Constitución Mexicana, está considerada como una de las primeras Constituciones sociales del mundo; una de las primeras que ya no habla de tu derecho o su derecho, sino de nuestros derechos  o sus derechos, señalando a grupos sociales perfectamente determinados. Es decir, nuestro ordenamiento Constitucional no sólo comprende derechos individuales sino también derechos y libertades sociales, como son -por ejemplo- los de los trabajadores de los medios de información.
Es por ello que, quienes ejercemos el oficio de comunicar, consideramos a la Libertad de Expresión como la garantía individual más importante, emanada de nuestra propia Constitución pero que en la práctica se ha enfrentado a un sinnúmero de situaciones que han impedido su ejercicio pleno.
Entre estas, la de los jueces y defensores que pretenden escudar sus argumentos en do- cumentos públicos, que nacen de comunicados oficiales de autoridades debidamente es- tablecidas y competentes en cada uno de los casos. Actos como los exhibidos por AFN y Tijuanapress, demuestran que ambas partes (juez y defensa) actúan con dolo pues como litigantes conocen que la secrecía de las fuentes de información está garantizada por la Ley.
Si no actúan con dolo, entonces estaremos ante un caso extremadamente grave pues sus actos serían marcados por la ignorancia del terreno en el que debieran ser peritos pues en sus manos está la libertad o privar de ella a una persona y ese asunto no puede ser atendido por gente dolosa y mucho menos por ignorantes.
Mientras la libertad para informar no esté acompañada de libertad para ser informado, y jueces y defensores sigan exigiendo el peso de la prueba a los periodistas casos como el de Agencia Fronteriza de Noticias y Tijuanapress seguirán existiendo con las posibles consecuencias funestas que el exhibir a los periodistas implica.
ATENTAMENTE
Lic. María de la Asunción Gutiérrez Olivar
Presidenta
El periodismo es  historia, nosotros  hacemos periodismo...
Blvd Sánchez Taboada 1010, Zona del Río, Tijuana,  B.C. C.P. 22101 asociaciondeperiodistasdetj@gmail.com
Federación Estatal de Periodistas de Baja California
C. Ministro Juan Silva Meza
Presidente Suprema Corte de Justicia de la Nación
Presidente del Consejo de la Judicatura Federal
P R E S E N T E
Los firmantes, en representación de organizaciones de comunicadores en la región, le demandamos poner un alto a la tendencia reiterada de los jueces de distrito en Tijuana, Baja California, de pretender judicializar el trabajo de los reporteros, requiriéndolos para que testifiquen en asuntos en los que el periodista no tiene interés ni es parte actora.
La información que se ventila en los medios de información es obtenida mediante partes oficiales y anuncios públicos hechos por la autoridad competente, que regularmente ya se integran en el expediente de cada caso por lo que resulta inútil requerir a quien únicamente lo utilizó para redactar una nota periodística de su contenido.
Estas acciones dejan a los periodistas en una posición vulnerable ya que los exhibe como actores en la detención y consignación de presuntos distribuidores de droga o miembros de los violentos carteles del crimen organizado que operan en la ciudad.
Ante el riesgo que esto implica para la integridad de los periodistas, le exigimos que frene esta tendencia antes de que se tengan que lamentar consecuencias funestas.
Atentamente
Enrique Méndez Álvarez
Presidente
Antonio Heras Magaña
Vice-presidente Mexicali
Claudio F. Orenday Cota
Vice-presidente Tecate
Alfredo Calva Sánchez
Vicepresidente Rosarito
Enrique Gómez
Vice preesidente Ensenada

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