Expediente Político: ¿Engaño o colusión?

Por Alfredo Calva.
La declaratoria de utilidad publicada en el periódico oficial del estado (POE) el pasado 16 de junio, se establece la intención de expropiar por parte del gobierno estatal a solicitud de la presidente municipal de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, tres lotes pertenecientes a la familia Tejeda que se ubican frente al mar en la zona central de Rosarito, demuestra la colusión de los entes de gobierno para abusar y dañar a sus gobernados.

De Araceli Brown y su subalterno, Raúl Aragón, director del IMPLAN, no es nada extraño, la señora lleva cinco años degradando el ejercicio de la política gubernamental, ya de por sí muy lacerada por sus antecesores, depredando a sus gobernados y visitantes a través de la corrupción institucionalizada y el despojo que quieren llevar a cabo a través de un eufemismo llamado expropiación, es hasta el momento, el clímax de sus corruptelas, que con el tiempo que falta para que termine su gestión puede superar.
De acuerdo al documento que se publicó en el POE, medio informativo gubernamental que se encuentra bajo el dominio del Secretario General de Gobierno del Estado, Catalino Zavala Márquez, un viejo conocido de los rosaritenses por sus trácalas y estafas, quien por cierto, debe explicar como obtuvo la firma de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo para que procediera formalmente la publicación de la declaratoria, ya que la argumentación para la citada declaratoria es una falacia de parte de la alcaldesa y él lo sabe muy bien.
La petición de Araceli Brown Figueredo de que se expropie los terrenos de la familia Tejeda, con base a la necesidad de subsanar la necesidad de espacios públicos para la cultura y el arte, y que esta necesidad la solucionará con la remodelación y construcción del “Circuito Cultural con la Biblioteca Abelardo L. Rodríguez en esos predios, muestra con diafanidad la intención dolosa e interesada de la sustracción de los inmuebles con la afectación a los integrantes de la familia Tejeda.
Porque es claro que, la razón de sustento para la expropiación expuesta por Brown Figueredo y remoras, exhiben dos situaciones; la ausencia de inteligencia y talento para apoderarse de lo que no es suyo y, que la gobernante hace uso faccioso y ruin de su posición e investidura sin rubor y recato alguno con tal de llevar a cabo lo que se le antoje, empleando para ello las dependencias y áreas que están bajo su subordinación por ley y, que a contentillo utiliza a los organismos gubernamentales de otros niveles para satisfacer su ambición, especialmente, si en esos niveles se encuentran personajes de mala fama y peor imagen pública como Catalino Zavala Márquez.
La acción de abuso del uso del gobierno en contra de los ciudadanos con el apoyo consensuado de la administración estatal debe de poner en alerta a los rosaritenses porque pueden ser las siguientes víctimas, por el capricho y acciones de Brown Figueredo, una familia cuyo patrimonio fue adquirido de manera legal por sus antecesores está en riesgo, lo que es un claro indicativo, de que no le importa a Araceli Brown sobre quien haya que pasar por encima y cuantos ordenamientos haya que violentar para satisfacer sus caprichos.
Y, al gobierno estatal se le debe de exigir aclare la situación que guarda en este despojo, en especial la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, si fue engañada por Araceli Brown y Catalino Zavala Márquez, al solicitar su firma para iniciar el procedimiento de expropiación, o es parte de la trama que intenta despojar a una familia rosaritense de su patrimonio.
La historia apenas comienza.

Cotilleo político….
Ya terminó de instalarse la adelita de Tijuana en la vivienda del 28 Batallón de Infantería.

Y mientras tanto….
El delegado de SEDATU en BC, debe de explicar como aprobaron recursos federales para la obra denominada “Circuito Cultural”, cuyos terrenos en donde se pretende ejecutar no son del orden público.

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