* Con amparo en mano comerciantes del MSR 4 de Junio se defienden en contra del gobierno municipal de Playas de Rosarito.
Por Emilio Domínguez Lome (CINCOMBC)
PLAYAS DE ROSARITO.- Cuando se vislumbraba un panorama gris y poco halagador para los comerciantes del mercado sobre ruedas del Plan libertador, que fueron removidos a principios de enero, por personal de inspección y verificación municipal (reglamentos) con apoyo de una decena de unidades oficiales de seguridad pública y por lo menos 30 agentes de la policía, quienes arremetieron en contra de los comerciantes por instrucciones de Hilda Araceli Brown Figueredo.
Algo inusitado en el pueblo de Rosarito, utilizar a la fuerza pública para maltratar a la gente trabajadora del comercio ambulante MSR 4 de Junio, que se instala en el plan libertador desde hace 30 años por lo menos.
Pero este martes 14 de marzo, la dos veces Alcaldesa de Rosarito recibió “Cachetada con guante blanco” al recibir la noticia de que los comerciantes se instalaron con el recurso de un amparo del ámbito federal que les otorga un juez.
“El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares”.
De inmediato comenzaron a llegar inspectores del ayuntamiento, con apoyo de policías municipales para impedir que se colocaran los comerciantes y ¡cuál fue su sorpresa! de que con papelito en mano (AMPARO) los comerciantes se defendieron ante el trato inhumano del gobierno de Hilda Araceli Brown y su llamada 4T.
Llamadas por teléfono y radio comunicación realizaron los inspectores para cerciorarse y verificar si podían o no mover de sus lugares de trabajo a los comerciantes, haciendo el berrinche de su vida.
Ya más tarde comenzaron a circular un panfleto del ayuntamiento para citar a los comerciantes en las oficinas de regulación municipal y dialogar con los afectados, algo que ya es demasiado tarde, “El mal ya está hecho”.
Mientras tanto cigarro tras cigarros y varias tazas de café fueron consumidas por la alcaldesa junto a su equipo de colaboradores incrédulos ante el asesoramiento recibido por parte de un bufete de abogados en busca de hacer justicia y que se cumpla la ley ante los embates del gobierno municipal de la llamada 4T.
Que alguien le avise a la dos veces alcaldesa de Playas de Rosarito que no respetar, violar y omitir una orden federal emitida por un juez es un delito y se paga muy caro económicamente hablando y políticamente más.
Simple dato: Se espera que en los próximos días liberen y otorguen más “amparos” federales para muchos más comerciantes que solo buscan llevar el sustento para sus familias.
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