Por Alfredo Calva.
Cuando una autoridad otorga impunidad a través de acciones como la omisión, la indolencia y la colisión, siempre tiene su recompensa y está, bien puede ser económica o en especie, tal es el caso que hoy nos ocupa y que está directamente relacionado al comportamiento de quien titula la Sindicatura Procuradora del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Rafael Leyva Pérez.
Una de las principales responsabilidades que tiene el Síndico Procurador es la de garantizar que todos los funcionarios del gobierno realicen sus tareas de la forma en que están marcadas en los ordenamientos legales y las leyes respectivas, vigilando siempre que los empleados se conduzcan con ética, responsabilidad y honradez, sin incurrir en abusos y excesos que laceren a los ciudadanos o a la propia administración.
Sin embargo, Leyva Pérez ponderó que, el cumplir a cabalidad con su obligación sólo le representaría una satisfacción personal que no iría más allá de una palmada en la espalda y unas palabras de reconocimiento de algunos de sus colaboradores y amigos políticos, y sus ambiciones políticas y personales requieren de mucho más que eso, es por ello, que cambió las acciones que obligadamente debe de llevar a cabo, especialmente cuando se trate de asuntos escabrosos, por conceptos flexibles que le permitan abonar a sus intereses.
Y los escandalosos acontecimientos lo demuestran, inicia su ruta de la omisión, la indolencia y colusión, la detención del secretario particular del titular de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Gabriel Sánchez Farfán, en noviembre pasado, cuando fue arrestado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad, por conducir un vehículo particular balizado y una fuerte cantidad de dinero en efectivo.
Posteriormente, en el mes de mayo emerge el escándalo generado por el titular del departamento de Arrastres y Almacenamiento de Vehículos, David Emilio Hernández Villela, quien junto a su hermano convirtieron a la dependencia en una cueva de ladrones, y a las semanas siguientes, la concesionaria de arrastre de vehículos denominada, Grúas y Arrastres de Tijuana, fue sorprendida cuando realizaba maniobras no autorizadas de traslado de vehículos bajo su custodia y con grúas particulares.
Ni que decir sobre la denuncia penal que pesa en contra del consejero jurídico del gobierno municipal, Rodolfo Epifanio Adame Alba, por abuso sexual y violencia por razón de género, que se suma a otros dos asuntos de similar índole registrados en la Estancia Municipal de Infractores y en el Instituto Municipal de Cultura y Arte de Tijuana.
En apariencia la actuación de Leyva Pérez en todos los casos fue la misma, la técnica del avestruz, enriquecida con una gran flexibilidad de leyes y reglamentos en favor de los presuntos culpables guardando para ellos todas las consideraciones posibles, pero con especial interés personal en los asuntos de David Emilio Hernández Villela y la empresa Grúas y Arrastres de Tijuana, a los que tomó como palanca de negociación con la alcaldesa Montserrat Caballero y así obtener que le retornaran a su dependencia el tesoro codiciado, el departamento de Arrastres, que se encontraba bajo la tutela de la Secretaría General de Gobierno.
Para nadie resulta un secreto la corrupción que se registra desde su creación en el departamento de Arrastres y Almacenamiento de Vehículos, -que por cierto, inició bajo el dominio de la Sindicatura Procuradora-, de las permanentes quejas y denuncias de los ciudadanos, a quienes por alguna razón les es remolcado su automotor, en contra de las concesionarias y de los funcionarios municipales en turno y de los cientos de millones de pesos que esa corrupción genera, convirtiendo a la dependencia en un bocado altamente apetecible para los titulares de la Sindicatura Procuradora.
Hay que recordar, que en el gobierno de Arturo González Cruz, por su confrontación abierta en contra de la Sindico Procuradora, Meli Espinoza, éste cabildeo con los regidores y logró que le votarán a favor de la iniciativa que presentó en sesión de Cabildo el 20 de diciembre del 2020, para que el departamento de Arrastres de Vehículos fuera desprendido de la Sindicatura y pasara al dominio del Ejecutivo municipal.
Y como dar impunidad tiene un costo y este debe de ser cubierto, finalmente el pasado 27 de junio en sesión de cabildo, fue aprobada la iniciativa presentada por la alcaldesa Montserrat Caballero, para que el departamento de Arrastres retornara bajo los dominios de la Sindicatura Procuradora, es decir, la caja grande volvió a su lugar de origen.
La satisfacción y alegría de Leyva Pérez es inocultable, ya se está preparando, como diría López Portillo, a administrar la riqueza.
Cotilleo político….
Sin duda alguna, el proceso celebrado por los morenistas para elegir a sus delegados estatales resultó ser un gran ejemplo de democracia partidista.
Y mientras tanto….
Fue demasiado el gasto de la alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, para solo obtener dos posiciones de como delegados estatales.
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