Por Sergio Anzures.
El abogado Carlos Rodrigo Ortega Valenzuela asegura que en ningún momento tratan de beneficiar a panistas en el proceso de basificación de empleados del gobierno del Estado y Municipios.
Es un derecho de todo trabajador.
A través de una carta enviada a AJEDREZ POLÍTICO, detalla:
Buenos días
Sergio Anzures.
Primeramente lo saludo y agradeciendo abiertamente la publicación donde menciona el Bufete Jurídico que represento.
Por otro lado, ejerciendo mi derecho de réplica, consagrado en el Articulo 6 Párrafo Primero de nuestra Constitución.
Detalló.
Que primeramente, su nota así como detalla varias cuestiones ciertas, existen otras que se mal entienden.
Explicó.
El Bufete Jurídico que administró desde hace más de 10 años, es una persona moral, la cual cuenta con un socio que radica en la ciudad de Mexicali y un servidor ya radica desde hace 2 años en la ciudad de Tijuana; para efectos de expandir la red de clientes y con ello aportar más a nuestra entidad con nuestros conocimientos y talentos.
Que nuestro Bufete de Abogados, como menciona, es de origen de la capital del estado y sigue los principios y valores de esa ciudad.
Siendo que en Tijuana, se ha visto que existe una gran impunidad por parte del gobierno y además se tiene acostumbrada a la sociedad que todo tiene costo.
Hecho que se trata día con día en combatir y no ser partícipes de la corriente que los tiene acostumbrados a la informalidad.
Es por ello; que nuestra publicación no es de carácter político y mucho menos dirigida solamente a PANISTAS como menciona.
Si no que es una cuestión de estado de derecho.
Ya que nosotros somos ajenos a esas cuestiones y nos sometemos a casos en concreto y en lo individual.
Es de especial mención; que en la actualidad existen derechos laborales ya adquiridos por trabajadores burocráticos, los cuales su patrón (Gobierno) no se los ha reconocido, por ello; “quien tenga una demanda, debe de existir un tribunal que lo escuche y le revuelva”.
Así que, como mencionan los expertos en derecho laboral burocratico; creo que no le proporcionaron la información correcta; ya que este tipo de demandas; no son demandas de juicios de alto impacto, si no son demandas comunes, tal como puede ser de un trabajador de la iniciativa privada, las cuales los Gobiernos cuentan con su Jurídico interno o externo, que les representa en cada caso.
Y en mis años de experiencia, no he tenido un jurídico que no se presente a contestar una demanda en audiencia y mucho menos que no trate de acreditar sus excepciones y defensas.
Es por ello que estás demandas si se ganan o pierden; es por la pericia y destreza del abogado y no por cuestiones políticas o de manejos a conveniencia de partidos políticos.
La ley es clara y en la actualidad existe una jurisprudencia publicada en el semanario judicial de la federación el pasado 6 de Agosto de 2018; que establece que si un trabajador de gobierno, demanda después de la publicación de la reforma de la Ley del Servicio Civil (8 de Mayo del 2014), y los hechos que alega ocurrieron en la vigencia de la anterior ley, se le deberá aplicar la ley anterior, en base el principio de los derechos ya adquiridos y la no irretroactividad de la ley, en perjurio de cualquier persona (Art. 14 Constitucional).
Que a su letra de título dice:
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA. LA ACCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD Y OTORGAMIENTO DE BASE DEBE RESOLVERSE CONFORME A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL RELATIVA, ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 8 DE MAYO DE 2014, SI LOS HECHOS QUE LA SUSTENTAN OCURRIERON DURANTE LA VIGENCIA DE ESA LEY, AUNQUE LA DEMANDA SE HAYA PRESENTADO CON POSTERIORIDAD A DICHA REFORMA.
Además, otro dato importante es la de aclarar que estas demandas de reconocimiento de trabajador de base, se gestionan en el Tribunal de Arbitraje con sede en la ciudad de Mexicali; PERO los empleados de paraestatales o descentralizadas, no son competencia de ese Tribunal, ni no lo son las juntas de conciliación y arbitraje, lo que conlleva que los trabajadores de la CESPT que menciona; si bien son empleados o no de confianza; estos si tuviesen la intención de basificarse, tendrían que entablar su demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Tijuana y el Tribunal de Arbitraje del Estado no tendría injerencia alguna en esa cuestión; si no la junta especial que radique su demanda.
Es de especial mención; que este tipo de demandas, las termina resolviendo los Tribunales Colegiados de Circuito, por la serie de amparos que recurren los abogados de la patronal (Gobierno), así como de los trabajadores.
Por lo que si existiera la remota posibilidad de injerencias del gobierno actual de hacer una cuestión en contra del gobierno entrante; existen medios legales para revocar o modificar situaciones que violentan el debido proceso y la legalidad.
Por lo tanto, nuestra intensión no es que los PANISTAS como menciona, quieren sindicalizarse, ya que la sindicalización es un concepto y derecho aparte del reconocimiento a ser trabajador de base; y mucho menos en pretender en beneficiar a que vivan del erario público los que no tiene derecho.
Si no todo lo contrario; nuestra intensión es informar a todo aquel que tenga un derecho adquirido como trabajador burocrático, y que tiene ya la estabilidad laboral; no por el hecho del cambio de administración, sin importar el partido político o color que sea; pierda su trabajo, por solamente el capricho o beneficio de los que entran, para acomodar a como coloquialmente dice “su gente”.
Agradeciendo en todo mi estimado
Sergio Anzures
No tengo el placer de conocerlo, pero espero un día poder hacerlo.
Me despido, no sin antes en darle un cordial saludo y un afectuoso abrazo, por su tiempo.
ABOGADO
CARLOS RODRIGO ORTEGA VALENZUELA
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