TIJUANA.- El Congreso local solicitará al Órgano de Fiscalización (Orfis) del Estado que efectúe la revisión, análisis, auditoría y opinión del ejercicio fiscal correspondiente al crédito autorizado al Poder Ejecutivo por 2 mil 850 millones de pesos, aprobado en diciembre de 2014 para el rescate financiero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).
Lo anterior viene de una propuesta hecha en la pasada sesión ordinaria por el diputado Roberto Dávalos Flores, contenida en un punto de acuerdo, donde justificó esta petición en razón de que el Gobierno del Estado ─afirmó─ "decidió reorientarlo a inversión y gasto público, financiamiento de planes, programas y adquisiciones y estrategia financiera".
El representante popular perredista informó que a los legisladores se les dijo que dicha cantidad sería "exclusivamente al saneamiento financiero del Estado de Baja California y sus paraestatales, a fin de atender los saldos de los adeudos que se tienen con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno", lo cual quedó asentado, dijo, en el dictamen 195 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
"A estas fechas los maestros ya enlistados que cumplen con más de 30 años de servicio como requisito, sólo se les está dando la prejubilación, sin tener ningún resolutivo firme y oficial en su problemática relacionada con el pago de su jubilación y poder desahogar un gran número de pensiones, a favor de mujeres y hombres que han dado parte de su vida al servicio público, y que no han sido atendidos por la situación real que impera en el Issstecali, generando que no se logre un avance en la entrega de jubilaciones y pensiones", mencionó Dávalos Flores.
Recordó que en el 2014 el Gobierno del Estado expresó que las nuevas medidas para el rescate financiero del Issstecali, eran para solventar su severa crisis económica y atender los problemas heredados en dicha dependencia, de los cuales mil 237 millones corresponderían a los Ayuntamientos de Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito, y el resto para el Estado.
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