Como si el Presidente Enrique Peña Nieto, no hubiese tenido bastante, con los múltiples asuntos en los que se ha visto involucrado, apenas en los primeros dos años de su administración, la adquisición de casas, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la inseguridad pública y marcadas evidencias de estado fallido, esta semana surgió otro tema, que llegó casi al escándalo.
Esto ocurrió, cuando está a discusión y a punto de aprobación, la posible creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Se dice que será abordado en comisiones de la Cámara de Diputados Federales el martes 24 y el jueves 26 en pleno.
Resulta, que el miércoles 18 de febrero, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, presentó, a la Comisión de Vigilancia del gasto público, de la legislatura federal, el informe de la fiscalización de la Cuenta Pública 2013, de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
El informe fue extenso, pero lo más destacado, es que encontró tantas irregularidades en el gobierno federal, en la revisión de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2013, el primero de la administración peñanietista, que suman 57 mil 721 millones de pesos.
El informe comprende 10 mil 861 acciones, de las cuales 6 mil 902 son recomendaciones, 783 son solicitudes de aclaración, 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 1,321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y 1,798 pliegos de observaciones.
Así mismo, abarca siste auditorías forenses, las cuales, de no aclararase y justificarse el destino de recursos, se manejarían penalmente, relativos a asuntos o programas de la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Desarrollo Sopcial y Registro Agrario Nacional.
En total, se realizaron 1,413 auditorías, de las cuales 877 fueron de cumplimiento financiero, 526 de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicasy 3 de estudio.
Y no sólo se trata de desvíos por más de 50 mil millones de pesos, sino también irregularidades por otros 67 mil millones de pesos, el no ejercicio de recursos por cerca de 23 mil millones de pesos, el perdón injustificado de 1,123 millones a empresas como Gamesa, ProLogis, Investmen, Sabritas y Scotiabank, mediante programa de condonación de impuestos.
Para tener una idea más precisa, sobre lo que representan las desviaciones de recursos por más de 50 mil millones de pesos, durante el primer año de la administración de Peña Nieto, vale la pena hacer comparaciones.
Equivalen 12.7 veces el presupuesto que el Instituto Nacional Electoral autorizó a los partidos políticos para los comicios del 2015, que asciende a 3 mil 909 millones de pesos.
Representan, el 40% del recorte aplicado por la Secretaría de Hacienda al gasto público, en enero pasado, ante la baja de los precios del petróleo, que ascendió a 124 mil millones de pesos.
Es poco menos que el monto del presupuesto que en 2015 ejercerá el Poder Judsicial de la Federación, que es de 51 mil 769 millones de pesos.
Representa, 33 veces el gasto autorizado para la Secretaría de la Función Pública, que en el 2015 ascenderá a 1,483 millones de pesos.
Evidentemente, no es cualquier cosa. Y resulta preocupante, que este monto de desviaciones se registran durante el 2013, el primer año de la administración del priísta Enrique Peña Nieto.
Esto indica, que luego de dos sexenios panistas, los de Fox y Calderón, el retorno del PRI a la Presidencia de la República, no significó cambio alguno en los usos y prácticas en la función pública. Debería dar pena a Peña Nieto y reprender a sus principales colaboradores, que no fueron capaces de evitar actos de corrupción en la nueva administración federal.
Lo interesante es que, podría decirse, el Auditor Superior de la Federación, “no dejó títere con cabeza”, pues también exhibió el despilfarro del Senado, que ocultó en qué gastó 1,200 millones de pesos, que asignó a los grupos parlamentarios en el 2013.
Por ello, cuando se habla de combatir la corrupción, surge el cuestionamiento, en el sentido de que ¿Quién cerrará la puerta?
Incluso, habría que analizar a fondo el pretendido Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de verificar que no sea un simple espantapájaros.
En días pasados, el encuestador Roy Campos, de Mitofsky, ponía en tela de duda la efectividad del llamado Sistema Nacional Anticorrupción, advirtiendo que no debe ser una institución partidizada y coptada por la misma corrupción.
Recomienda, que se le asignen tantos recursos como sean necesarios, que al final de cuentas sale mucho más cara la corrupción. Que haya un consenso entre los actores políticos, para que no sirva como simple posicionamiento partidista. Que haya realmente voluntad, de parte del gobierno, y por supuesto de los partidos políticos, para efectivamente combatir la corrupción. Ya está visto, que los simples discursos, no bastan.
gil_lavenants@hotmail.com
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