El optimismo de más de 60 mil firmantes en su mayoría comercios y empresas Bajacalifornianas sobre el amparo contra la homologación del IVA que de tasa 11 pasó a partir del primer día del 2014 al 16%, alerta el ámbito político y “tambalea el poder judicial”.
El temor y peso recae además del juez y el laudo invocado, sobre PRI, PAN, y PRD, y de esos partidos políticos se extiende a sus diputados y senadores, paradójicamente los contra-“ivistas” que son los menos, contra los pro-bajacalifornianos que es la mayoría de empresas y el total apoyo de la estructura social.
El escenario optimista presenta de cara al 2015 como intermedio año electoral, una República Baja Californiana Independiente “políticamente”, e innovada “judicialmente” para hacer historia y crear un “golpe de estado” social no castrense.
Porque de entrada, por la vía de la civilidad y hegemonía pública, el estado debe quitar las manos y el tráfico de influencias que prevalece en el poder que políticamente se judicializa o judicialmente se politiza. Un arma de doble filo que desde el ejecutivo debe analizarse urgentemente, antes del estallido social, esta vez, con “silenciador” legal.
A prueba de autonomía moral e independencia de valores, se ubica hoy la instancia máxima en que se constituye el tribunal, -So pena, de alcanzar La Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso apelable- donde deberá desembocar la imparcialidad de la justicia y prevalecer el estado de derecho, dos preceptos que, o se diluyen democráticamente a favor de la Constitución “mater” del pueblo, o se “fusionan” en una simbiosis perfecta, unilateral y condenable antidemocráticamente política.
Porque entonces, ubicaríamos más el “poder de estado” sobre el judicial ya rebasado que fue el Legislativo en sus cámaras alta y baja, aprobando todo aroma a Reforma sin plebiscito ni cortesía de consulta a los dueños del voto.
La particularidad de este macro amparo, es concebir el enriquecimiento probatorio que hace del juez el “partero” de la luz legal o entender la opacidad desde el laberinto de “las leyes a la mexicana” donde un condenado es culpable siendo inocente o un culpable vuelto inocente.
De por medio el rumbo político y el proceso de las reformas en Baja California, se ha creado merced al decreto Presidencialista sobre la homologación del IVA, una separación entre la clase política y la sociedad empresarial, con mayor pérdida a aquellos que a éstos, al juzgar por el efecto colateral.
El inversionismo del PRI en el estado 29, pasa en boga por una depreciación entre sus representantes, el capital político cruza de mediocre a una inestabilidad de activos que podrían ir a la quiebra.
Empezando por el gobierno Panista de Kiko Vega, con gabinete del PRI de Jorge Hank Rhon, por las alcaldías desmanteladas y hundidas en endeudamientos, la inverosimilidad de sus alcaldes desposeídos de una política pública, los diputados y senadores están fuera de la creencia social de manera muy significativa por haber votado o “abstenido” en pro del iva.
El centralismo que rompió el poder recaudatorio del estado terminando con el ciclo de pequeños contribuyentes para con la nueva ley fiscal arribarlos federalmente al nuevo régimen de incorporación fiscal, “aboliendo” la actividad empresarial y personas morales, pretende una cacería fiscal, de la que no escapa ningún Mexicano, incluye a diputados, a recolectores de basura y quizá alcance “salomónicamente” a prostitutas y clero, las primeras en Tijuana, un padrón de 9 mil cuya danza de millones florece en antros y hoteles paraísos fiscales en extinción, e igual el clero que de diezmo directo perciben ingresos dominicales por encima del millón de pesos.
Habría que decir que en Tijuana, no a todos les fue mal este giro fiscal, pues una pléyade de influyentes que tendiendo macro empresas, se inscribían como pequeños contribuyentes, otros sub erogaban, empero sin excepción, todos creaban declaraciones “fantasmas”, y los que por ser “altruistas” sociales o políticos, servían a la causa fueron “dispensados” sus impuestos.
El monto de desviadores fiscales en Tijuana, es incalculable. No se necesita de una investigación a fondo, basta corroborar que el sistema de datos del gobierno del estado “despareció” la lista de evasores fiscales “perdonados” como proteccionismo político o de sociedad empresarial, alcanzando a empresas de comunicación, televisoras y medios.
El impredecible caso del amparo colectivo en Baja California, pone en una nuez al poder judicial y en jaque a los partidos políticos y las Reformas, al grado de creerse optimistamente una “milagrosa reversa” o una alternativa “b” que tranquilice las turbulentas aguas…
AL SILENCIO…El arma más peligrosa que mata a un juez, es la sentencia “bomba” auto-dirigida
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