El secuestro virtual, es uno de los delitos que más ha dañados a muchos mexicanos. Las víctimas, no tienen contacto físico con sus “secuestradores”, pero es equivalente la angustia y desesperación que les provocan, cuando por medio de la vía telefónica, se comunican con alguna persona y le aseguran que tienen privado de la libertad a un familiar, muchas de las veces menores de edad, sin ser cierto, y que le privarán de la vida, si no paga determinada cantidad de dinero.
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Para ello, inventan una versión, utilizan un nombre genérico, y le refieren como el hermano, primo, sobrino, padre o hijo. En ocasiones habla uno de los “secuestradores”, simulando ser el pariente privado de la libertad o con algún problema serio, y que por lo tanto urge que le envíen dinero.
La persona que recibe la llamada, ante el impacto, se sugestiona y cree que efectivamente escucha la voz del supuesto familiar. Lo demás, es sencillo, le dan las instrucciones para depositar el dinero en determinado banco, bajo la promesa de que al hacerlo, liberarán a su familiar. Hasta creen escuchar la voz de la víctima, implorando que cumpla lo solicitado.
Se dan casos, en los que se afirma que la persona supuestamente privada de su libertad, es una de sus pequeñas hijas –obviamente utilizan a una menor, para que simule ser la secuestrada-, de forma tal que la víctima no duda en que efectivamente debe depositar en el banco, la cantidad de dinero que le exigen, antes de que le hagan algo grave a su pequeña.
Generalmente, efectivamente no hay tal secuestro, sino que se trata simplemente de una simulación o dramatización. Lo peor, el supuesto “secuestrador”, hace la llamada intimidatoria, desde el interior de un penal, en el que está recluído, precisamente por pillo. Como en realidad no hay tal secuestro, pero la víctima llega a creer que sí, y por ello paga los montos exigidos, a este tipo de ilícitos se les conoce como “secuestro virtual”.
Pues bien, esta semana se estableció en Tijuana, que existe otro tipo de secuestro. Virtual, pero secuestro, en fin. Se le llama “secuestro político”, y es el caso, cuando a un funcionario público, se le exigen posiciones políticas, o cantidades de dinero diversas, bajo amenazas de difundir aspectos negativos o infamantes, de su administración. O bien realizar persecusiones o acoso fiscalizador, que implica denuncias sobre supuestas irregularidades. Exigen “mochada” para dejarlo en paz.
Presuntamente, esto fue lo que realmente ocurrió, con las actuaciones de la Sindicatura Municipal, a cargo de Arturo Ledezma Romo, que desembocaron en la suspensión de una obra de pavimentación de la Calle Segunda, la suspensión de dos funcionarios municipales del área de obras públicas del XXI Ayuntamiento y la suspensión provisional del Secretario General de Gobierno, Bernardo Padilla Muñoz.
Causó extrañeza, cuando en conferencia de prensa, se cuestionó al Secretario de Administración Urbana, Roberto Sánchez, quien explicaba las supuestas fallas en la licitación de la obra de pavimentación de la Calle Segunda, suspendida por Sindicatura, si es que consideraba que en ese tema había cuestiones políticas.
El funcionario respondió que él era técnico y que no se metía en cuestiones políticas. Entonces, Bernardo Padilla, quien se encontraba en el mismo recinto, observó que él daría respuesta a la pregunta. Todos los periodistas presentes, e incluso funcionarios, se sorprendieron por los señalamientos del funcionario municipal en contra del Síndico Procurador, Arturo Ledezma, a quien acusó, junto con sus colaboradores, de chantajistas, extorsionadores. Exaltado, dijo que era un secuestro político. Ahí empezó el escándalo político.
El escándalo creció, cuando ayer, el propio Alcalde, Jorge Astiazarán, reveló que su administración era víctima de secuestro político. Sin rodeos, señaló que el Síndico Procurador, Arturo Ledezma, y su hermano Miguel, de los mismos apellidos, empresario del ramo de carteleras publicitarias, desde que inició su gestión, estuvieron acosándolo, exigiéndo les diera el 50% de los presuntos ingresos ilegales del Ayuntamiento.
Incluso, refirió al tercer hermano de los Ledezma Romo, a Eduardo, conocido como “El Pochongo”, de quien dijo le exigía posiciones políticas, bajo la amenaza de que en caso de no ceder, le harían “la vida de cuadritos”. “Querían un sobre. Cada semana, de las participaciones”, que según ellos ascenderían a unos 40 millones de dólares.
En el equipo mafioso, incluyó al exregidor priísta, Rubén Salazar, asesor general del Síndico y al abogado, Joel Guardado, Director de Contraloría. Ha trascendido que en vano fueron las pláticas con dichos individuos, en especial con Miguel Ledezma Romo, que en ningún momento cedieron en sus exigencias.
Astiazarán señaló, que decidió revelar eso, por las acciones de la sindicatura, al suspender obras y suspender a sus colaboradores. De ser cierto esto, resulta absurdo, que un grupo de individuos, evidentemente sin escrúpulos, y amparados en una institución cuyo objetivo es velar por el adecuado uso y destino de los recursos públicos, se dediquen a extorsionar a quienes deben vigilar, para que no cometan pillerías.
Consciente de la gravedad de la revelación, el Alcalde manifestó : “Yo asumo mi responsabilidad, como Presidente Municipal, y como ciudadano, de lo que acabo de decir. Y me atengo a las consecuencias. Pero, esta administración que represento, no va a estar arrodillada”.
Concluyó con una reflexión lapidaria : “Yo, no soy iluso. Sé que la corrupción no se va a acabar de la noche a la mañana. Sin embargo, si se puede acotar. Los tijuanenses estamos hartos, de tanta corrupción”. Huele a juicio político.
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