Por Gilberto Lavenant
Cuando el sábado 1 de diciembre del 2012, luego de asumir la Presidencia de la República, el exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, expresó su primer discurso presidencial, los alcaldes de los 2,445 municipios de la República Mexicana y los 16 jefes delegacionales del Distrito Federal, sintieron que había llegado la salvación a la crisis financiera que padecen. Unos, más que otros.
Esto, porque en las 13 propuestas de gobierno incluyó una que les llamó poderosamente la atención : “Con el objeto de encontrar una solución inmediata para revertir el endeudamiento de estados y municipios, en los siguientes días enviaré al Honorable Congreso de la Unión un proyecto de Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, que pondrá orden al endeudamiento de los gobiernos locales”.
En esa ocasión los alcaldes no entendieron que claramente dijo que “pondrá orden al endeudamiento de los gobiernos locales”. La mayoría entendió que “acabará con las deudas de los gobiernos locales”. Imaginaron un “fobaproa” para rescatar a los gobiernos estatales y municipales. Algo así como un “borrón y cuenta nueva”.
Esta ilusoria percepción se fortaleció, cuando en el llamado Pacto Por México, que el Mandatario suscribió con los representantes de los tres principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD, incluyó, como Compromiso 68, identificado bajo el rubro “2.10. Deuda de los Estados, el que “Se expedirá una nueva Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las entidades federativas y municipios para controlar el exceso de endeudamiento de las entidades federativas y los municipios regulando el acceso a la fuente de pago y a las garantías de la Federación para el endeudamiento subnacional”.
El entusiasmo no les permitió percatarse de otras propuestas presidenciales, como la identificada como Compromiso 82, identificada bajo el rubro “4.1 Instrumentar la Reforma para la Rendición de Cuentas Contables”, en el sentido de que : “Se instrumentará la reforma preferente aprobada para perfeccionar el sistema de rendición de cuentas contables en los tres órdenes de gobierno que permitan establecer reglas comunes y mecanismos homologados para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a toda la información sobre el gasto público”.
Obviamente tampoco observaron el Compromiso 85, que bajo el rubro : “4.3. Sistema Nacional contra la Corrupción”, advertía que “Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción”.
Simplemente imaginaron que por fin una decisión, casi divina, les quitaría la pesada loza de las deudas públicas generadas a través de diversas administraciones irresponsables, frívolas y lucidoras, además de evidentemente corruptas, que les permitiría empezar de nuevo y quizás hasta les daría la posibilidad de enriquecerse un poco, antes de dejar sus respectivos cargos.
A fines de octubre del 2012, la Federación Nacional de Municipios de México, dió a conocer que de los 2 mil 445 municipios que existen en el país, más de mil 500 estaban al borde de la quiebra. Es más, el viernes 26 de octubre, los alcaldes de Puerto Vallarta, Jalisco y Acapulco, Guerrero, se declararon en quiebra, luego de revelar que sus deudas ascendían a 3 mil millones de pesos y a mil 700 millones, respectivamente.
Un mes antes, o sea en septiembre del 2012, un informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reveló que la deuda municipal en el país ascendía a 44 mil 859 millones de pesos, hasta junio del 2012. Que el municipio más endeudado, era el de Guadalajara, Jalisco, con un monto de 2 mil 680 millones de pesos, seguido en segundo lugar por el de Tijuana, con 2 mil 539 millones de pesos.
Recientemente, gobiernos municipales del sureste del país, se declararon en quiebra. Las deudas de sus haciendas ya no les permitían seguir operando. En Baja California, los gobiernos de los cinco municipios, estuvieron a punto de ser seducidos por un programa de rescate financiero propuesto por el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, que hubiese significado la tumba política de los Alcaldes.
Al final, optaron por alargar la agonía, con la esperanza de que la llegada del PRI a la Presidencia de México, podría ser la tabla de salvación que les libraría de la bancarrota. Mientras, continuaron cavando un poco más profundo el hoyo crediticio.
En diciembre pasado, “generoso que es”, Osuna Millán les “facilitó” las cosas, para que los gobiernos locales siguieran endeudándose. Presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California y sus Municipios, aprobada por mayoría de votos en la legislatura estatal, permitiendo incrementar al doble el porcentaje de endeudamiento a los Ayuntamientos.
Ayer temprano, en la capital del país, en una entrevista de prensa, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, dijo tajante que el gobierno federal no va a rescatar a los municipios que se han declarado en quiebra, pues hay que poner orden.
Sin rodeos y con palabras sencillas, para que lo entendieran los ilusionados alcaldes del país, el funcionario, al ser cuestionado sobre el posible rescate financiero de los municipios, muchos de los cuales ya se han declarado en quiebra, dijo : “De ninguna manera podemos hacer un rescate, pero como lo dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre, tiene que ponerse orden en el tema de la deuda de los estados y los municipios”.
Así es que, rotas las ilusiones, hay que esperar la norma que les meterá en cintura. No habrá salvamento mágico. Si lo soñaron los alcaldes, que se olviden del posible “borrón y cuenta nueva”. Que les amarren las manos, sería un primer paso.
gil_lavenants@hotmail.com
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