Palco de Prensa: El fuero militar

Por Gilberto Lavenant
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió ayer martes, 12 de julio, que el fuero militar no es válido para soldados acusados de violar derechos humanos y que por lo tanto, cuando cometan delitos en que violen garantías individuales de civiles, no deberán ser juzgados en tribunales castrenses, sino en los del fuero común y federal.
Hasta esta semana, los militares que cometían violaciones a las garantías individuales, durante alguna comisión o estando en servicio, solamente podían ser juzgados por los tribunales militares, al considerarlas como faltas a la disciplina militar.



En atención al criterio emitido por el Máximo Tribunal de Justicia en el país, el poder legislativo federal deberá hacer las reformas constitucionales necesarias, y en especial modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para restringir el fuero militar.



La resolución de la SCJN se dió, durante la sesión del pleno de ayer martes, en relación a sentencia dictada en tal sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al caso de Rosendo Radilla, quien fue desaparecido por militares en 1974. Efectivamente, tuvieron que pasar 37 años y que este asunto se llevara ante tribunales internacionales, para que el Estado Mexicano tomara esta determinación.



Podría alguien preguntar si esta resolución favorece a los mexicanos y la respuesta inmediata es en el sentido positivo. Hoy más que nunca, los mexicanos, los ciudadanos comúnes y corrientes, con el pretexto de la narcoguerra, han padecido todo tipo de vejaciones a manos de militares y se han tenido que tragar su coraje, su frustración, porque el fuero militar impedía que se sancionara o castigara a sus agresores.



Quizás también haya quien observe que la justicia militar puede llegar a ser mucho más severa que la civil, pero al manejarse con toda opacidad, se desconoce si los presuntos delincuentes, siendo militares, han sido procesados y castigados. Generalmente se piensa que no les pasa nada, como ocurre con los policías federales, que comúnmente son transferidos a una zona distinta a aquella en la que cometen delitos, y asunto arreglado. Prueba de ello es que los abusos continúan.



Ahora faltará ver, y comprobar, si a las autoridades civiles no les temblará la mano para atrapar, procesar y castigar a militares que delinquen, de una manera clara y contundente, que permita a las víctimas percatarse de que efectivamente fueron castigados, independientemente del grado militar que ostenten.

Las Procuradurias de Derechos Humanos de todo el país, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, constantemente reciben denuncias por arbitrariedades de militares, de todo tipo. Principalmente en los operativos de combate al narcotráfico. Los delitos cometidos por soldados incluyen: asesinatos, tortura, detención arbitraria, ejercicio indebido de la función pública, violación a la seguridad jurídica e incomunicación.

La historia y el catálogo de atrocidades militares, consta de excesos de todo tipo. En archivos constan informes que indican, por ejemplo, que del primero de diciembre de 2006 al 17 de mayo de 2008, la CNDH recibió 634 quejas contra militares, de las cuales 250 fueron por ejercicio indebido de la función pública, 221 por cateos, 182 por tratos crueles, 147 por detenciones arbitrarias, 85 por robo, 41 por amenazas y 32 por intimidación, entre otras.



De nada han servido las múltiples recomendaciones que la CNDH ha enviado a la Secretaria de la Defensa Nacional, relativas a delitos de torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos, cateos, retenciones ilegales, violación a la legalidad jurídica, uso excesivo de la fuerza, trato degradante, incomunicación y privación de la vida contra ciudadanos. Los casos se repiten.

De las muchas historias negras que cuentan de la barbarie militar, está la de Fausto “N”, hace ya un par de años, cuando estaba a punto de cruzar la frontera. Personal de la 40 Zona Militar le gritó y lo encañonó. “¿Dónde está la mariguana?, si no aparece los vamos a madrear y matar”. El aludido, evidentemente aterrorizado, refirió que esperaba a un pollero que lo pasaría hacia Phoenix, Arizona. Los soldados lo patearon y le gritaron: “Mientes cabrón, estás esperando droga para pasarla, dime quién es tu pinche patrón y dónde está o te madreo”.

Luego, cuenta el agraviado, los soldados dispararon sus armas a un lado de su cabeza, lo golpearon, le vendaron los ojos, le metieron un tubo a la boca y lo obligaron a beber un líquido con sabor a alcohol. En uñas de manos y pies le metieron pedazos de madera, después le arrancaron las uñas y cuando quedó inconsciente lo abandonaron en el desierto.

Este es un ejemplo de los “sistemas científicos de investigación militar”. Para aquellos que advierten que lo que ha faltado en la lucha contra el narcotráfico, han sido labores de inteligencia.

Aquí en Baja California, también han ocurrido múltiples casos de abusos militares. Uno de ellos se registró el 7 de marzo del año en curso, en Maneadero, cuando elementos del ejército, sin orden de cateo, ingresaron a una vivienda, deteniendo arbitrariamente a un anciano de 86 años, enfermo, al que encarcelaron, lo que finalmente le ocasionó la muerte.

Gabriela Navarro, representante de la CNDH en esta frontera, señala que el caso está en manos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, pues fue un asunto que llamó la atención internacional y por lo tanto no debe quedar impune. Así mismo, observa que la Secretaría de la Defensa Nacional es la que tiene más denuncias por violación a los derechos humanos, entre todas las autoridades federales.



A esto agreguen el caso del empresario priísta Jorge Hank, así como el de la hermana del Presidente de la CNDH, aquí en Tijuana. Ojalá que la resolución de la Suprema Corte de Juisticia de la Nación, acabe con esta cadena de abusos, por parte de militares. También ante ellos, cabe el reclamo del poeta Javier Sicilia : ¡Ya basta! ¡Estamos hastala madre!



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