TIJUANA.- Maritza Amalia Muñoz Jaramillo, la abogada que el 18 de septiembre se ostentó como actuaria del Juzgado Quinto Penal e intentó liberar a un secuestrador recluido en la penitenciaría de La Mesa, fue capturada por la Policía Ministerial.
La Procuraduría General de Justicia del Estado informó ayer que la mujer tenía órdenes de aprehensión giradas por los juzgados penales Primero y Octavo de esta ciudad, por uso de documentos falsos, usurpación de funciones, evasión de reos en grado de tentativa y delitos cometidos contra funcionarios públicos o agentes de seguridad pública.
Asimismo con ocho sentencias judiciales falsificadas en juicios testamentarios ventilados en juzgados civiles, con las cuales de apoderó ilícitamente de terrenos e inmuebles con valor total de 3 millones 505 mil 300 pesos.
Muñoz Jaramillo, de 33 años de edad, acumuló varias denuncias, a partir del 19 de julio de 2007. Entonces se le inició una investigación, debido a que el entonces delegado del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en Tijuana interpuso una querella en su contra por fraude, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.
Perpetró su ilícito más reciente el 18 de septiembre del presente año, cuando en el penal de La Mesa se ostentó como actuaria del Juzgado Quinto Penal, con la encomienda de notificar la libertad de Daniel Varela Vega, recluido por secuestro agravado.
Presentó una boleta de libertad y un incidente de libertad por desvanecimiento de datos.
El subdirector del reclusorio detectó irregularidades en la firma y los sellos y lo comunicó al personal del juzgado en mención. Resultó que dichos documentos eran falsos y por esa razón se negó la libertad al interno.
Al siguiente día Maritza volvió al penal, ahora como abogada particular de Varela Vega. Se identificó con una credencial federal y exigió la libertad de su cliente, con el argumento de que en el Juzgado Quinto le habían notificado que estaba libre.
Con base en la comprobada falsedad de la documentación, la respuesta fue negativa.
Tras la denuncia presentada por la dirección de la penitenciaría, la Procuraduría General de Justicia del Estado recabó los dictámenes periciales en grafoscopía, con lo que se acreditó que las firmas y los sellos de los documentos eran apócrifos.
El 5 del corriente el Ministerio Público consignó el asunto al juzgado penal en turno, con solicitud de orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por la Policía Ministerial.
En consecuencia, Maritza Amalia quedó alojada en el antiguo “pueblito”. (rmm) Tomado del mexicano
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