TIJUANA.- Familiares de los 23 policías de Tijuana que fueron arraigados por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada se manifestaron este martes en Palacio Municipal para exigir que las autoridades locales intervengan ante el Ejército Mexicano y detenga los abusos y tortura de que supuestamente son objeto sus parientes.
Una de las manifestantes esposa de un agente, acusó que los 23 oficiales, arraigados desde hace diez días, se encuentran hacinados en un solo cuarto junto con otros 20 detenidos por diversos delitos, incluso con algunas mujeres, lo que calificó como “trato indigno”, pues tampoco se les proporcionan alimentos y están prácticamente incomunicados ya que las visitas están restringidas.
En las últimas semanas de marzo, al menos 40 policías municipales fueron llamados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a declarar por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de que fueron mencionados como supuestos cómplices por el ex-agente Luis Carrillo Osorio, a quien se le comprobaron ilícitos.
El alcalde local, Jorge Ramos Hernández (PAN), advirtió que los oficiales que sean sujetos a una investigación penal y se les dicte arraigo, automáticamente serán destituidos de sus cargos por pérdida de confianza.
No obstante, el primer edil tijuanense se comprometió a respetar la plaza a los agentes que solamente sean sometidos a interrogatorios.
Los manifestantes aseguraron que no se oponen a que sus parientes sean investigados si se sospecha que cometieron algún ilícito, pero exigieron que todo debe se haga dentro de la legalidad, sin torturas ni incomunicación.
La entrevistada, quien pidió mantener el anonimato y reservar el nombre de su esposo, instó a las autoridades que investigan el caso a que acudan a sus viviendas para que verifiquen la forma en que vive y determinen si tienen recursos por arriba de sus capacidades económicas.
Después de plantarse unos minutos en las afueras del palacio municipal, los familiares se reunieron con el secretario general del Ayuntamiento, Luis Rodolfo Enríquez Martínez, quien les ofreció analizar la situación.
El director de la Asociación de Alianzas Ciudadanas, Alberto Entebi, encabezó la reunión con el funcionario y aseguró que las autoridades locales están dispuestas a reconsiderar la situación laboral de los arraigados, incluso que se les sigan pagando sus sueldos.
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