MEXICALI.- De manera indebida, el gobierno panista de BajaCalifornia destinó 91.5 millones de pesos provenientes de fondos federalespara cubrir salarios a personal comisionado al Sindicato Nacional deTrabajadores de la Educación (SNTE), en vez de canalizarlos a actividades enbeneficio de escuelas y maestros frente a grupo, como establece el Fondo deAportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb).
Así lo reveló el Informe de Cuenta Pública 2007 de la Auditoría Superior dela Federación (ASF), que señala que 232 trabajadores pertenecientes alInstituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) estuvieroncomisionados con goce de sueldo al SNTE y recibieron 39 mil 514 pagos querepresentaron 91 millones 508 mil 200 pesos durante las 24 quincenas de eseaño.
Es el segundo año consecutivo que un informe de la ASF refiere este tipo deerogaciones irregulares en favor de integrantes del sindicato magisterialque realiza el ISEP, organismo creado a partir del programa dedescentralización educativa.
Este ejercicio presupuestal correspondió alúltimo año de gobierno del panista Eugenio Elorduy Walther (2001-2007).
Alfrente del Sistema Educativo Estatal estaba Óscar Ortega Vélez. La ASF consideró que dichas comisiones sindicales debieron ser otorgadas singoce de sueldo, toda vez que, de acuerdo con la normatividad, son recursosfederales destinados directamente a maestros frente a grupo o que realicenactividades dentro de centros escolares de educación básica y de formaciónde docentes.
El documento oficial refiere que el argumento del gobierno estatal paraautorizar las licencias sindicales con goce de sueldo se encuentra en la Leydel Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes delEstado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, lacual prevé comisiones a profesores y personal de apoyo a la educación paradesempeñar cargos directivos dentro del comité ejecutivo del sindicato, decarácter estatal y seccional.
A ello, la ASF señala que el SNTE es un organismo nacional y, por tanto, noestá regido por dicha ley estatal, por lo que esas aportacionescontravinieron la propia Ley de creación del ISEP, la Ley de CoordinaciónFiscal y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personalde la Secretaría de Educación Pública, entre otros.
Otro asunto observado por los auditores es la entrega de 26 millones 145 mil202 pesos a organismos que, por su naturaleza, no son susceptibles de serfinanciados con recursos de este fondo federal, entre ellos una aportaciónde un millón 750 mil 900 pesos al SNTE por transferencias indebidas alCentro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, al ColegioNacional de Educación Profesional Técnica, la Universidad Autónoma de BajaCalifornia, ICBC, DIF y Sistema de Transporte Estatal, por 19 millones depesos.
Al tratar de desvirtuar las observaciones producto de la auditoría,autoridades del Sistema Educativo Estatal, al que pertenece el ISEP,pretextaron ambigüedad o vacíos en la normativa sobre los aspectos o rubrosespecíficos en los que se deben ejercer los recursos del Faeb, además quelas leyes de Coordinación Fiscal y General de Educación señalan que esfacultad exclusiva de los gobiernos de los estados operar los servicioseducativos, por lo que consideraron no haber cometido violación alguna.
Sin embargo, la ASF reiteró que existen irregularidades administrativos altratarse de apoyos no susceptibles de ser financiados con recursos del Faeb,por lo que el órgano de fiscalizacón federal solicitó a la Dirección deControl y Evaluación Gubernamental de Baja California –a cargo delperredista Edgardo Contreras– la promoción de responsabilidad administrativasancionatoria en una decena de casos, entre los que se encuentra la dilaciónde entrega de 13 ministraciones de recursos federales por 980 mil pesos cadauna de la Secretaría de Planeación y Finanzas del gobierno estatal hacia elISEP, lo que generó productos financieros por 1.6 millones de pesos, loscuales no se entregaron a la dependencia educativa.
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