Visita de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República a Tijuana‏

Durante la actual administración, nuestra ciudad ha sido señalada por el delicado tema de los derechos humanos. Entre las cosas más lamentables que se ha de mencionar se encuentran los secuestros, desapariciones y ejecuciones que han ensangrentado nuestras calles. Medios nacionales e internacionales vuelven la mirada a nosotros con titulares y fotografías que parecen sacadas de la imaginación de novelistas y cineastas.

que me motiva a escribir estas líneas son los desafortunados hechos que tuvieron lugar en el Penal de La Mesa los días 17 y 20 de septiembre. Dos motines que, en voz del gobierno del Estado tuvo como resultado cerca de 40 muertes. Sin embargo, la vox populi y distintos periodistas de la región consignan que aún no sabemos la verdad sobre lo que pasó en La Mesa. Estuve presente en la conferencia de prensa y la reunión que sostuvo la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República - Martha Leticia Sosa Govea, José Luis García Zalvidea, Ulises Ramírez y Fernando Ortega Bernés- , que usted presidía, con algunos afectados.
Después de escuchar las participaciones de los senadores y su interacción con algunos denunciantes no queda mucho que esperar. Son varios los motivos. En primera instancia, que durante la visita de la Comisión al Penal de la Mesa estuvieran acompañados por Francisco Blake Mora, Secretario General de Gobierno del Estado; Daniel de la Rosa Anaya, Secretario de Seguridad Pública del Estado; Rommel Moreno Manjarrez, Procurador General de Justicia del Estado; José Guadalupe Bustamante, Secretario de Salud y; Luis Ignacio López Moctezuma, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado.

Blake Mora, de la Rosa y Moreno Manjarrez son las autoridades a quienes ha de investigarse directamente, pues son responsables de las instituciones que participaron en estos hechos. Es inconcebible que, ante la gravedad de los hechos denunciados, los senadores hayan realizado sus indagatorias bajo la mirada de estos individuos. No hay víctima que se atreva a denunciar a su verdugo sabiendo que, cuando los senadores se retiren, quedarán a la merced de las autoridades después de alguna denuncia.
En conferencia de prensa, la Comisión y el gobierno del Estado han establecido un acuerdo de trece puntos tendientes a mejorar la situación de los reos en el penal. Sobra decir que sabemos que usted, Senadora Ibarra, ha vivido en carne propia la lucha en pro de los derechos humanos. También, que hubo señalamientos públicos duros y directos sobre esta situación.
Sin embargo, tal parece que la misma conferencia de prensa estuvo manipulada en los tiempos por los funcionarios estatales. No se abrió un espacio para la denuncia de las víctimas. Después, en la reunión, ustedes escucharon testimonios directos de lo sucedido el 17 y 20 de septiembre. Pero esos elementos solo son consignados por los senadores, quienes desde la ciudad de México redactaran un documento. Fuera del contexto de la visita de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, por la importancia del tema y la investidura de su cargo, los testimonios y la evidencia de lo sucedido pierden trascendencia e importancia al no trascender a la opinión pública. Las autoridades implicadas niegan sistemáticamente la veracidad de los testimonios. Descalificando a las víctimas al tacharlas de delincuentes e ignorando los reportajes que muestran dicha evidencia.
También resulta claro que el gobierno del Estado ha aprovechado la visita de los Senadores para la autopromoción y que utilizará como un cheque en blanco a su favor el acuerdo mencionado. Tal como lo hizo la senadora Martha Sosa en la reunión con las víctimas cuando trato de impedir los testimonios y respaldar al gobierno del Estado con los famosos 13 puntos.
En otras palabras, no existe un compromiso real del gobierno del Estado para dar transparencia a lo sucedido en el penal. Si así fuera, los funcionarios directamente implicados habrían renunciado a su cargo. A los senadores, me apena decirlo, les falto energía para hacer a un lado a los funcionarios gubernamentales para recabar testimonios de los sucesos. Es necesario, para bien de nuestra ciudad; pero sobre todo para la tranquilidad y dignidad de las víctimas afectadas y sus familias, una investigación que esclarezca lo que pasó en el Penal de la Mesa, que los responsables directos sean castigados e inhabilitados. Sobre todo, que las responsabilidades no se queden en los ejecutores ni en los mandos medios sino a aquellos funcionarios que dieron las órdenes. Hacemos votos por que las cosas sean de esta manera y que, lo que sucedió en el penal de La Mesa, no sea sepultado por el olvido y los oficios administrativos.
Sin más, enviamos para su conocimiento, solicitando que sean integrados en el documento que la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República; grabaciones recabadas del programa de Marco Antonio Blasques, en el canal 27 de televisión de cable, donde es posible escuchar en voz de las propias víctimas, durante los tiroteos mismos, narraciones de los hechos del 17 y 20 de septiembre del 2008 en el penal de La Mesa de Tijuana.