lunes, 28 de junio de 2010

Yosoñama y Mixtepec: el gobierno de Oaxaca debe resolver

General del Movimiento Aquiles Córdova Morán , Secretario Antorchista Nacional
Desde hace 25 días, 35 indígenas originarios del poblado de Buena Vista, del municipio mixteco de Santo Domingo Yosoñama, se hallan secuestrados y en un cautiverio más brutal que si fueran animales montaraces y feroces, contra todo derecho y contra toda humanidad, por las “autoridades” del municipio de San Juan Mixtepec.
Son ya 25 días de terrible sufrimiento para padres, hermanos, esposas, madres (entre los detenidos hay cuatro menores de edad) de los secuestrados, de cuya vida y situación real nadie sabe nada con certeza; 25 días de gestiones inútiles, de marchas, mítines, plantones y difusión masiva del problema por parte de sus compañeros, sin resultado alguno; y son los mismos días en que el gobierno de Oaxaca, que encabeza el Lic. Ulises Ruíz Ortiz, con subterfugios de todo tipo elude hacer algo efectivo por la libertad de los detenidos.

El problema, que es una disputa por la legítima propiedad de una importante superficie entre las poblaciones mencionadas, no es nuevo. Según versión de los más ancianos de Yosoñama, viene desde antes de la colonia, es decir, desde el momento mismo en que dos grupos de colonizadores, de origen étnico distinto, decidieron asentarse en sitios vecinos de la alta mixteca oaxaqueña. En aquellos remotos tiempos, como se sabe, la posesión y el usufructo continuado de la tierra por las comunidades eran fuente legítima del derecho de propiedad sobre la misma, y este es, precisamente, el caso de los terrenos hoy en disputa (unas 1800 has.), pues, según el testimonio ya mencionado de los pobladores de Yosoñama (y no desmentido, por cierto, por los de San Juan Mixtepec), esa tierra siempre ha sido poseída y explotada por Yosoñama y jamás, bajo ninguna circunstancia, por Mixtepec. Por tal razón, para los primeros no hay duda de que las mismas les pertenecen de pleno derecho, y de que cualquier resolución en contrario, venga de quien sea, es un despojo que no están dispuestos a tolerar.
Las pretensiones de Mixtepec, tan viejas como la posesión de Yosoñama, obedecieron en un principio al deseo, común en todos los pueblos de la antigüedad, de extender su dominio territorial y económico sobre sus vecinos; pero, en este caso, su larguísima duración y su progresiva agudización se explican por dos factores locales específicos. El primero de ellos parece ser, repito, de carácter étnico. En efecto, Yosoñama y Mixtepec se localizan justo en una zona de convivencia forzada entre los mixtecos originarios y los colonizadores tardíos de origen nahoa (y más tarde específicamente mexica), que se asentaron allí por ser paso obligado hacia la rica región de la costa oaxaqueña. Así lo atestigua, por ejemplo, la ciudad de Putla (antigua Poctlan, que en lengua nahoa quiere decir lugar del humo o del Dios del humo, deidad protectora del comercio), punto de arribo y de descanso de las caravanas de pochtecas (comerciantes) llegadas del centro. El topónimo “ Yosoñama” dice claramente que se trata de un pueblo mixteco, mientras que Mixtepec (voz nahoa que quiere decir cerro de nubes o entre nubes) habla de un asentamiento mexica (o más antiguo aún), pero de otra raza. El otro factor fue el crecimiento demográfico más acelerado de Mixtepec, frente al más lento de Yosoñama.
La gota que derramó el vaso, como en otros casos parecidos, fue la intervención torpe de las autoridades agrarias. Éstas, para librarse de la agresiva presión de Mixtepec avivada por la lentitud y torpeza de Yosoñama a causa de un pésimo asesoramiento legal, creyeron fácil decidir, desde sus oficinas en el Distrito Federal, que las 1800 hectáreas en litigio pasaran, sin más averiguaciones, a poder de Mixtepec. Sin entrar en engorrosos detalles legales que dejamos para otra vez, resulta obvio el error garrafal de haber hecho a un lado los factores histórico-sociales del problema y, como consecuencia, haber pasado olímpicamente por encima del derecho consuetudinario (única fuente de todo verdadero derecho) de Santo Domingo Yosoñama. Y allí están las consecuencias: un enfrentamiento a muerte entre las dos comunidades, como lo prueba el secuestro masivo que aquí denuncio. Peor todavía es que, las dos instancias que deben resolver el conflicto antes de que la sangre llegue al río, simplemente se cruzan de brazos. La autoridad agraria, que fue quien atizó el fuego con su imprudente resolución, se niega a ofrecer una alternativa viable a las partes, en vista del innegable componente social del conflicto; y el gobierno de Ulises Ruíz, obligado por las leyes nacionales e internacionales a garantizar la libertad y la vida de los oaxaqueños, ve impasible correr los días de cautiverio de esa pobre gente, sin hacer otra cosa que “rogar” a los secuestradores que los devuelvan.
En Oaxaca, más que en cualquier otro estado del país, se dan en masa “organizaciones revolucionarias” que, intoxicadas por su doctrina de “lucha armada”, amparadas en lo agreste e incomunicado del Estado y alentadas por la inacción oficial, cometen todo tipo de abusos y agresiones irracionales y sangrientas en contra de quienes no comulguen con sus ideas, así sean campesinos tan humildes, tan pobres y tan lastimados como sus propios miembros. Y los gobernantes oaxaqueños poco o nada han hecho en casi un siglo para erradicar los factores de atraso y marginación que favorecen el fenómeno, y menos aún para proteger los derechos de los demás, aun pudiendo hacerlo. Es el caso de Mixtepec, donde se sabe que los “líderes” son priistas y que obedecerían una indicación clara y severa del gobernador. ¿Por qué, pues, no se ordena la libertad de los secuestrados? Por todo esto, los antorchistas de Oaxaca y del país hemos decidido plantear, de cara a la nación, una disyuntiva en defensa propia: o liberan ya a nuestros compañeros, o iniciaremos una intensa campaña para promover el voto de castigo en todo el Estado. No nos dejan otra.