* LA FOTOGRAFÍA CON “KIKO” VEGA QUE AFECTA A UN PAN QUE BUSCA RECUPERAR CREDIBILIDAD.
* POR LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO “KIKISTA”, SEGÚN DENUNCIAS PENALES
Por Sergio Anzures.
El error político de Mario Osuna Jiménez que afecta más la imagen de un deteriorado PAN bajacaliforniano que busca recuperar su imagen y credibilidad, de cara al 2024.
¿Qué pretendió el dirigente estatal del PAN, Mario Osuna Jiménez al publicar la fotografía con el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, que llamaría la atención pública y habría comentarios positivos al respecto?
Lo único que generó es enojo en militantes panistas y la burla de ciudadanos.
Para el panismo de a deveras, es decir fundadores y luchadores del PAN -quedan pocos- y para las nuevas generaciones, mostrar a “Kiko” Vega como un activo del PAN, es una ofensa.
Y todavía tiene el cinismo el ex gobernador Vega de Lamadrid, presumir “la manita” —logo de su gobierno— que hoy por hoy, para bajacalifornianos, es signo de corrupción y debacle politica.
Sin hacer leña del arbol caído, “Kiko” Vega representa para el panismo de Baja California, la tumba política, acabó con 30 años de gobiernos azules, encabezando un desgobierno acusado de actos de corrupción, falta de operación y sensibilidad política.
En la que personajes como Loreto Quintero, Antonio Valladolid, Alfonso Álvarez Juan. Antonio Araiza, Ricardo Magaña, Francisco Rueda y otros sacaron provecho.
LAS ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN EN CONTRA DE “KIKO”
El gobierno de Jaime Bonilla Valdez denunció al gobierno de “Kiko” Vega por diversos delitos y por la pasividad o protección de la Fiscalía General del Estado encabezada por Guillermo Ruiz Hernández, las investigaciones no avanzaron.
LA DENUNCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO POR DESVÍO DE MÁS DE MIL 500 MILLONES DE PESOS
El 5 de mayo del 2020, la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia en contra del gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, ya que “a través de operaciones financieras simuladas con proveedores inexistentes, desvió mil 586 millones de pesos del erario”, de acuerdo a una Revisión Especial que realizó este órgano dependiente del Poder Legislativo de Baja California.
“Se podría llegar a sumar un quebranto total superior a los 2 mil millones de pesos”.
En parte de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General del Estado, la Auditoría Superior del Estado señala que “los recursos ejercidos del 2014 al 2019 derivan de pagos a más de cien supuestos proveedores a través de 273 operaciones inusuales, gastos que representan cerca del 40% del presupuesto anual de la Secretaría de Salud en la entidad.
La Auditoría Superior del Estado documentó información que podría ser constitutiva de delitos de carácter penal federal, así como del fuero común”.
En el ámbito federal “los delitos que pudieron haber cometido los ex funcionarios son Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En el fuero común serian Enriquecimiento Ilícito, Ejercicio Ilícito del Servicio Público, Abuso de Autoridad, Peculado, Uso Ilícito de Atribuciones y los demás que pudieran ser constitutivos según las conductas de los servidores públicos”.
La Auditoría Superior del Estado, órgano dependiente del Poder Legislativo del Estado hizo primeramente “una revisión de trabajos facturados y pagados en el ejercicio fiscal del 2018. Con base a los hechos y las irregularidades detectadas la amplió a los ejercicios fiscales del 2014, 2015, 2016, 2017 y 2019”.
Se concluyó que “se observaron en términos generales operaciones inusuales repetitivas que el Ejecutivo del Estado realizó del 2014 al 2019.
Se detectaron prestaciones de servicio sin convocatoria, ni licitaciones a las que están legalmente obligados, sin contratos por la prestación de servicios y sin recepción ni evidencia del servicio prestado.
Derivado de lo anterior fueron cuantificadas 273 operaciones inusuales con 100 proveedores por un monto pagado de mil 586 millones 150 mil 299 pesos.
En las revisiones se encontraron transferencias de recursos a diversas entidades de la Administración Pública Estatal, por cerca de mil millones de pesos, mismos recursos que fueron reintegrados al Ejecutivo, para compensar presuntamente los saldos generados por las múltiples salidas de recursos en el pago de proveedores para las operaciones inusuales denunciadas.
Dos análisis relacionados con la regularización de los vehículos, uno por un monto de 8 millones y otro de 5 millones. Una supuesta evaluación y diagnóstico de los programas de Atención Social por 8 millones; un análisis de las finanzas de ISSSTECALI por 9 millones. Un análisis de los reglamentos internos del Ejecutivo por 11 millones de pesos; el diagnóstico de las finanzas de la entonces Procuraduría General de Justicia por 8 millones de pesos; un estudio de comunicación estratégica por 3 millones de pesos.
Además se pagaron 17 millones 933 mil pesos por concepto de una estructura jurídica y financiera para una línea de crédito hasta 800 millones de pesos para el Gobierno del Estado. En general, por la Gestión de Fondos Federales para el Fortalecimiento Financiero y/o Saneamiento Financiero del Estado, se pagaron aproximadamente 707.6 millones de pesos y por la elaboración de estudios, diagnósticos, asesorías, consultorías, etcétera, un monto aproximado de 438. 3 millones de pesos, entre otros pagos”.
UNIVERSITARIOS MARCHAN Y LA UABC LO DENUNCIÓ PENALMENTE
En octubre del 2019, fue la marcha de estudiantes y académicos de la UABC, en Mexicali, contra el gobierno de “Kiko” Vega.
Además de presentar denuncias en la FGR y en la entonces Procuraduria de Justicia del Estado en contra de Francisco Vega de Lamadrid, y solicitud de juicio político en el Congreso del Estado, por el adeudo de mil 500 millones de pesos a la UABC.
SU ESPOSA BRENDA RUACHO REGRESÓ CASI 7 MILLONES DE PESOS
El gobierno de Jaime Bonilla hizo regresar a la señora Brenda Ruacho, presidenta estatal del DIF y esposa de Francisco Vega, 7 millones de pesos, aquí se recuerda:
El 19 de mayo del 2021, el entonces secretario general de gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano declaró que: “
la ex Presidenta del Sistema DIF Estatal, Brenda Ruacho de Vega, esposa del exgobernador Francisco “Kiko” Vega, depositó a la cuenta del Gobierno del Estado poco más de 6.8 millones de pesos que se robó, con lo que se acogió al acuerdo reparatorio para evitar ir a la cárcel”.
“Se confirma lo que ya habíamos dicho, las pruebas que aportamos en su momento a la Fiscalía General del Estado eran tan contundentes, que la señora esposa de Kiko Vega tuvo que aceptar que cometió un ilícito y regresar lo robado, además de que se desistió del amparo que había promovido; de no haber devuelto el dinero, su único destino era la cárcel”, dijo Rodríguez Lozano al periódico Imparcial.
Explicó que la señora Ruacho de Vega se acogió a lo que contempla el Artículo 16 de la Ley Penal actual que permite la reparación del daño, que en este caso el monto que asciende casi a los 7 millones de pesos, dinero del cual dispuso de manera ilegal y lo depositó a una cuenta personal, recurso que este día tuvo forzosamente que regresar, agrega la publicación del periódico Imparcial, del 20 de mayo del 2021.
Un año antes, el 8 de mayo del 2020, fue cateada la mansión del matrimonio Vega de Lamadrid en Cumbres de Juárez en Tijuana, por la denuncia en contra de la señora Brenda Ruacho.
LA FGE CONTINÚA INVESTIGACIÓN CONTRA “KIKO” VEGA
En abril del 2022, el fiscal general del Estado, Iván Carpio confirmó que existe una investigación en contra del exgobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.
El titular de la FGE, Ricardo Carpio Sánchez, fue cuestionado en la conferencia de prensa de la administración estatal, sobre el proceso que se
sigue al exmandatario en el periodo 2013-2019, publicó el Sol de Tijuana.
“En efecto existe carpeta de investigación para fincar responsabilidad”, agregó
Carpio Sánchez, e indicó que se le investiga a Vega de Lamadrid, por el delito de peculado.
Comentó que Kiko Vega no ha sido citado a declarar, de igual manera tampoco dio un plazo próximo para que sea llamado el último gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN), publicó el Sol de Tijuana, el pasado 7 de abril del 2022.
LA EQUIVOCACIÓN DE MARIO
Por eso, la equivocación política de Mario Osuna afecta al PAN, y si su intención es congraciarse con el poder económico y político que pudiera ejercer el “kikismo” al interior del PAN, le puso un golpe casi mortal al panismo bajacaliforniano que trata de sacudirse las acusaciones de corrupción de algunos de sus gobiernos.
En este momento, el PAN es la tercera fuerza política electoral de Baja California y con ese tipo de acciones, Mario Osuna lo está consolidando en esa posición.
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